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jueves, 28 marzo, 2024
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SSP: cobro de derecho de piso, principal línea de investigación en homicidio en Arroyo de la Plata

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Por: La Jornada Zacatecas •

■ Ismael Camberos confirma que fue privada ilegalmente de su libertad propietaria de zapatería

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■ Calera está calificado como “un punto rojo”; se con universitarios reforzar la vigilancia

■ Valoran autoridades instalar “filtros” de revisión y vigilancia en el Centro Histórico

En el hecho violento registrado este lunes en el mercado Arroyo de la Plata, ubicado en el centro de Zacatecas, aparte del asesinato de la joven de 17 años que trabajaba en la zapatería en la que fue el ataque, fue privada ilegalmente de la libertad la propietaria del local, confirmó el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que está en curso la indagatoria por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) y apuntó que, entre las líneas de investigación que se manejan, estaría la del cobro de derecho de piso al establecimiento en el que se produjo la agresión.

Con este caso continúa incrementándose el número de ataques cometidos en contra del sector empresarial del estado que ha sido víctima de extorsiones, secuestros e, incluso, homicidios.

Debido a esta situación, el secretario de Seguridad Pública informó que ya se están teniendo reuniones semanales con todas las cámaras empresariales del estado y se está implementando, en primer lugar, una estrategia informativa.

Estas acciones que se materializan a través de pláticas impartidas por parte de las policías Estatal y la Federal, agregó, también se estarán llevando a cabo con los estudiantes. Éste fue uno de los acuerdos que se tomaron durante la reunión con autoridades y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) después del asesinato de dos jóvenes que cursaban la carrera de Veterinaria en el municipio de Calera.

En este encuentro expuso que pudo advertir que “los jóvenes tienen mucha información por redes sociales e Internet, pero no conocen a qué policías llamar; no saben diferenciar qué policías pueden acudir en caso de algún delio del fuero común, del avistamiento de un hecho delictivo o cuando ya se cometió el delito”.

En torno a este caso, el secretario refirió que Calera está calificado como “un punto rojo”, por lo que también se acordó con el sector universitario reforzar la vigilancia en el municipio, en las carreteras que conducen a la cabecera municipal y en las inmediaciones de las instalaciones educativas.

Camberos Hernández retomó el caso del ataque en el mercado Arroyo de la Plata y señaló que se está reforzando la seguridad en el primer cuadro de la ciudad capital, en conjunto con las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Expuso, en este sentido, que los “filtros” de revisión y vigilancia que desde hace días se están instalando en diferentes puntos de la zona conurbada también podrían colocarse en el Centro Histórico lo cual, aunque reconoció que sí generaría molestias entre la ciudadanía, tiene “el objetivo de proteger” a los zacatecanos.

En cuanto a los resultados del Grupo de Coordinación Local obtenidos del 29 de agosto al 11 de septiembre, el secretario enumeró que 51 personas fueron detenidas por delitos del fuero federal y común, y otras 28 fueron aprehendidas por faltas administrativas.

En estas semanas se decomisaron 30 armas de fuego largas y cortas, 2 mil 622 cartuchos y 34 cargadores de diferentes calibres, una bomba casera, 200 gramos de pólvora, varias dosis de droga como cristal y mariguana, 48 vehículos, un chaleco balístico y uno táctico, y 5 prendas con emblemas de un grupo de la delincuencia organizada.

Organizaciones exigen a Godezac cambiar estrategia  en atención a la violencia contra mujeres y niñas

En una misiva, la Unidad de Colectivos para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas exige un cambio de estrategia en la prevención, atención y sanción de la violencia en general y en particular de la violencia contra las mujeres y niñas.

De acuerdo con el documento, el grupo de organizaciones expone que apenas hace unas horas, el 11 de septiembre en plena tarde fue asesinada una mujer de 17 años, quien trabajaba en la zapatería en donde ocurrieron los hechos, ubicada en el Arroyo de la Plata, céntrica vialidad comercial en esta ciudad. Presuntamente, la propietaria del comercio fue secuestrada en el mismo acto.

Ante estos hechos las autoridades se han limitado a decir que se ha abierto una carpeta de investigación, sin dar explicación alguna. En circunstancias similares fue asesinado Antonio Frausto dentro de su carnicería “La Reyna”. En esa ocasión hubo una conferencia de prensa casi inmediata para informar a la ciudadanía, además de que se aprendió a uno de los responsables a unas horas de cometido el crimen.

De la mujer trabajadora, asesinada ayer, no conocemos ni el nombre. De la propietaria secuestrada se ignora cualquier información.

¿Cuáles son los criterios para darle celeridad y mayor atención a un caso sobre otro? ¿Existe acaso un sesgo por razones de género?

Vivimos tiempos de duelo, diariamente mueren de manera violenta mujeres y hombres en el estado de Zacatecas, mientras el gobierno argumenta que la violencia es problema de todas y todos. Con ello queda patente el desconocimiento de la teoría del Estado y lo dispuesto por nuestra Constitución que remarca que el Estado tiene el monopolio de la violencia y por tanto el deber de garantizar la seguridad pública.

El documento continúa con que “en este contexto de incertidumbre e inseguridad en que nos encontramos todos, las mujeres somos especialmente vulnerables. El feminicidio es un hecho constante en Zacatecas, no obstante, el gobierno se resiste a implementar una política integral que prevenga, atienda y sancione la violencia contra las mujeres. Quieren acallar las voces de protesta argumentando que hacen justicia en los casos de feminicidios, no obstante esa justicia no es pronta ni expedita, por otra parte, es insuficiente para garantizar la no repetición de los hechos a través de medidas que ataquen el problema de manera estructural”.

Además, la justicia se discursa y opera sólo a favor de aquellas mujeres que han muerto en manos feminicidas donde el perpetrador es persona conocida para la víctima. Sin embargo, el crimen organizado también comete feminicidios, pero en estos casos inmediatamente las autoridades alegan el vínculo criminal, cómo si esta fuera una razón para no dar resultados en las investigaciones. Esta criminalización de las personas afectadas, es contraria a los derechos humanos de las personas y contraviene la Ley General de Víctimas. Además cada vez es más frecuente que la muerte violenta llegue a ciudadanos y ciudadanas que no tienen ningún nexo delincuencial por lo que estos argumentos se ven rebasados.

En Zacatecas no debe haber ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda.

La Unidad de Colectivos para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas – instancia de coordinación entre grupos de la sociedad civil -:

Exigimos una respuesta inmediata por parte de las autoridades: el pronto esclarecimiento del asesinato y el paradero de la mujer secuestrada.

Exigimos un cambio de estrategia en la prevención, atención y sanción de la violencia en general y en particular de la violencia contra las mujeres y niñas.

Exigimos al Gobierno del Estado repensar su programa de seguridad pública para sustituirlo por uno de seguridad humana con enfoque de derechos humanos y que ataque el problema de manera estructural.

Nos unimos a un reclamo de la sociedad de nuestro estado: No aceptamos el argumento de que no hay dinero para acciones de gobierno y exigimos saber por qué y que se castigue a los responsables. ¡El acceso a la justicia y a la paz no se negocia!

La impunidad a todos los niveles es una puerta abierta a la delincuencia. Sin embargo, no es la única, por lo que “demandamos la presencia de personas expertas que, desde el gobierno, den soluciones de fondo a esta crisis por la que atraviesa el estado de Zacatecas”.

 

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