A partir del 23 de febrero, las personas que tomen vías de comunicación o casetas y pidan dinero serán acreedoras hasta a 7 años de prisión y una multa que puede alcanzar los 48 mil 110 pesos, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).