■ Ley Orgánica establece pensión de 100% primeros 2 años y de 80% de forma vitalicia

■ Perciben presidentes de sala 88 mil 691 pesos; presidente del Tribunal, 110 mil 275, según portal

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) por el haber de retiro (pensiones) de 13 ex magistrados eroga al mes 922 mil 376 pesos, además de 88 mil 691 pesos por dos viudas, ya que la Ley Orgánica de dicha institución establecía hasta antes de 2010, que después de concluir su periodo de 14 años, los magistrados tienen derecho a una pensión de ciento por ciento los primeros dos años y 80 por ciento de manera vitalicia, en caso de fallecer sus familiares directos reciben 50 por ciento.

Según el portal de Internet del Poder Legislativo, los magistrados presidentes de sala perciben un salario de 88 mil 691.17 pesos y el magistrado presidente del Tribunal, Juan Antonio Castañeda Ruiz, 110 mil 275.71 pesos, de modo que los cálculos del presupuesto que se eroga para dichos conceptos pueden variar, porque se tomó en cuenta el promedio de los 88 mil pesos y algunos magistrados retirados pueden tener menos de dos años de jubilados, sin embargo, el promedio de su pensión es de 70 mil 952 pesos.

Hace cuatro años la 59 Legislatura intentó modificar el haber de retiro de los magistrados por considerarlos excesivos, pero la SCJN lo rechazó. El 9 de septiembre de 2010, por iniciativa del entonces diputado, Guillermo Huizar Carranza, los legisladores aprobaron una reforma al artículo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que el haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior se disminuyera, con el argumento de que en 10 años sería más alto el presupuesto de los magistrados en retiro que de los activos y el futuro presupuestal sería muy complicado.

Antes de la reforma, los magistrados (que duran 14 años en su encargo) cuando se retiraban percibían el ciento por ciento de su salario mensual, a los siguientes dos años 80 por ciento de por vida. Con la reforma se determinó que su haber de retiro sería de 60 por ciento los primeros dos años, y 20 por ciento el resto de su vida.

En un inicio la reforma no se planteó para los magistrados en activo sino para los designados en la posteridad, sin embargo, de última hora, la priísta Angélica Nañez reservó el artículo tercero transitorio de la reforma para incluir en la redacción que se aplicara también para los que estaban en activo; la propuesta se aprobó con 20 de 30 votos a favor.

Fue así que el 9 de noviembre de 2010, la entonces magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Leonor Varela Parga, a nombre de los 13 integrantes del pleno, promovió la controversia constitucional 81/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto legislativo 526 emitido el cual se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial el nueve de septiembre de ese año y se publicó en el Periódico Oficial el 29 de ese mes.

Entre los argumentos que la ex magistrada presidenta esgrimió, estuvo el que la Constitución da la facultad al Tribunal de expedir sus propios reglamentos, fue así que en octubre de 2001, el pleno determinó en el artículo siete de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los magistrados que concluyan su periodo tendrán derecho a un haber de retiro de carácter vitalicio compuesto por el ciento por ciento del sueldo, compensaciones, aguinaldo, bonos y “cualesquiera otro emolumento”.

Pasados dos años en situación de retiro, dichas prestaciones se reducirán 80 por ciento y en caso de fallecimiento, a los derechohabientes se les otorga 50 por ciento.

En 2002 fue modificado ese artículo y se determinó que el haber de retiro sólo comprende el sueldo, compensaciones ordinarias y aguinaldo, no así los bonos y otros. Con la modificación en septiembre de 2010, Varela consideró que la reducción fue “drástica”, motivo por el cual aludió ante la SCJN a conceptos de invalidez y violaciones a los artículos 1, 14, 16, 17 y 116 de la Constitución.

Porque en primer instancia, la Legislatura vulneró la autonomía del Poder Judicial al reducir “sustancialmente, a porcentajes y montos ínfimos”, los haberes de retiro de los magistrados. El monto, aludió, no guardan proporción en el sentido de responsabilidad y dignidad que implica el ejercicio de la magistratura.

La reforma al artículo siete, argumentó, no consideraba la estabilidad de los magistrados como garantía jurisdiccional, la cual no puede agotarse en el momento de culminar su encargo, pues los derechos de retiro, más que derechos individuales, se traducen “necesariamente en atención a las necesidades de su familia, además de que, el digno desempeño de la función judicial debe darse libre de la preocupación de una situación de precariedad en su retiro”.

Leonor Varela en la controversia apeló al artículo primero de la Constitución de la República, el cual establece la prohibición de toda discriminación por origen étnico, género, edad y otros aspectos, de modo que la reforma de la 59 Legislatura, dijo discrimina a los 13 magistrados, quienes de manera “justa” están protegidos con una haber de retiro.

En el entendido de que la seguridad económica de jueces y magistrados está estrechamente vinculada con los principios constituciones de independencia y autonomía y por ende se le debe garantizar una posición social “digna” y la reforma legislativa trastocó aspectos básicos que afectan elementos sustanciales del ejercicio de su función.

Los argumentos de la iniciativa carecen de sustento técnico, porque son sólo especulaciones, comentó. Sobre todo porque el presupuesto del Poder Judicial del Estado, representa “apenas” 1.4 por ciento del estatal global; 98.6 por ciento restante lo ejercen el Ejecutivo y el Legislativo.

Además, el artículo 14 de la Constitución marca que ninguna ley tendrá efecto retroactivo y el artículo 17 garantiza la independencia de los tribunales. También el artículo 183 establece que los ministros de la SCJN tienen derecho a una pensión de ciento por ciento en los primeros dos años de retiro, 80 por ciento de manera vitalicia y 50 por ciento para sus familiares directos en caso de muerte, por lo que los magistrados locales tienen derecho a tales condiciones, de lo contrario habrá repercusiones en la vida institucional del Poder Judicial.

Respondió 60 Legislatura y gobernador

Una vez interpuesta la controversia, la ya 60 Legislatura a través de la ex diputada, María de la Luz Domínguez  alegó a la improcedencia de la controversia, porque la reforma no daría incertidumbre económica a los magistrados después de dejar el cargo, porque no dejarían de recibir una percepción mensual hasta su fallecimiento.

Por su parte el gobernador, Miguel Alonso quien publicó la reforma, consideró improcedente la controversia, al aludir que la Constitución no establece la prohibición de modificar cantidades que perciban los magistrados, sólo el darles una pensión decorosa. Además los cambios no acreditan afectación a los derechos del Poder Judicial, sino únicamente individuales.

Tampoco se les violan sus derechos humanos y son discriminados, porque los magistrados no tienen derechos adquiridos, ni tampoco se viola el principio de división de poderes, porque la Legislatura tiene la facultad de expedir leyes, decretos y acuerdos en materias que no sean competencia exclusiva de la Federación.

Resolutivo de la SCJN

Después de vertido todos los elementos, el pleno de la SCJN el 6 de diciembre de 2011 dieron razón a los argumentos de Varela Parga y resolvió que el haber de retiro está establecido en la Constitución local como parte de los componentes de estabilidad de los magistrados y ante su probada carrera judicial es conveniente que los magistrados tengan derecho “a un descanso como parte de su dignidad humana”.

Si bien los ministros reconocieron la competencia del Legislativo para legislar en materia, tomaron en cuenta el contenido y alcance de la reforma y aseguraron que los argumentos económicos y la austeridad de la iniciativa legislativa no tienen nada que ver con la esencia de las garantías judiciales establecidas en la Constitución.

Aludieron a tratados internacionales de los que México forma parte que señalan que la ley debe garantizar la remuneración, pensiones y jubilaciones adecuadas, de modo que la reforma se alejó de los postulados de la ONU y el haber de retiro no está a la libre disposición del legislador ordinario de las entidades

Fue así que en la resolución de la Corte, se declaró la invalidez del decreto legislativo impugnado y el artículo 7 de la Ley Orgánica que data de 2001 sigue vigente con los montos de haberes de retiro a fin de garantizar el flujo y operación del Poder Judicial

El artículo siete de Ley Orgánica del Poder Legislativo por unanimidad de los ministros de la Corte, el 6 de diciembre de 2011, quedó: “los magistrados durarán en su encargo 14 años (…) y tendrán derecho al haber por retiro de carácter vitalicio, el que en ningún caso podrán exceder el total de su percepción mensual que devenguen al momento de su retiro  y hasta su fallecimiento”.

Además no podrán ejercer abogacía en los primeros dos años de retiro y en caso de incumplimiento perderán su pensión, se exceptúan los cargos de docencia e investigación

El ahora secretario de la Función Pública y otrora diputado creador de la iniciativa, Guillermo Huizar, refirió el pasado viernes en entrevista que él la presentó al considerar excesivos los haberes, aseguró que a partir de la reforma al artículo siete de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la ley no se hizo retroactiva, pero a los nuevos magistrados se les debe aplicar, sin embargo, la SCJN eliminó por completo ese apartado modificado en 2010 y no se empleará para ninguno.

Pensiones de magistrados “son muy justas”: Castañeda

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Juan Antonio Castañeda Ruiz, aseguró que las pensiones que los magistrados reciben en la entidad, tanto el recurso que se les otorga en vida como a sus viudas y familiares una vez que fallecen, “son muy justas”.

Explicó que la cantidad de dinero que perciben por sus haberes de retiro es “correcta”, debido a que estos trabajadores del tribunal deben dedicarse por completo a su vida laboral, abandonando las actividades personales y en familia durante los 14 años en los que se les designa actualmente para ocupar el cargo de magistrados.

En este sentido, el presidente del TSJEZ sostuvo que “yo considero que (las pensiones) son muy justas porque es un trabajo prolongado, muy especializado; es un trabajo en el que el magistrado, por el tiempo por el que está sirviendo al poder judicial, deja la familia, la diversión, su vida propiamente que venía realizando y se dedica con toda responsabilidad a realizar las funciones jurisdiccionales que son de su competencia”.

Al plantear la disparidad que en Zacatecas existe entre los sueldos de los magistrados y sus consecuentes pensiones, y los salarios promedio de los zacatecanos, Castañeda Ruiz señaló que “estamos de acuerdo con la ley. Como le comento, creo que es correcto, es justo y desde luego lo tienen percibido por ese trabajo dedicado que realizan por los años que son designados”.

Explicó que en el estado, a la fecha, hay 13 magistrados que están recibiendo sus haberes de retiro y dos viudas que también están cobrando esta pensión.

Asimismo, precisó que en funciones en estos momentos hay otros 13 magistrados, incluyendo al presidente del tribunal, y los cuales se dividen el trabajo en dos salas civiles, donde se abordan temas civiles, familiares y mercantiles, y otras dos salas penales.

Castañeda Ruiz concluyó que “las pensiones que realizan los señores magistrados en retiro están perfectamente justificadas y las han obtenido a base de su propio trabajo y esfuerzo”.

“Algo justo”, pensiones de magistrados: López de Lara

Para el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo López de Lara, el haber de retiro de los magistrados de Zacateas es “algo justo”, y si bien habría que valorarse si se tiene la base presupuestal para sostener sus pensiones, “si ya está legislado y aprobado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya qué se puede hacer”.

Sostuvo en entrevista que es “complicado” juzgar y saber si es justo el que 13 ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Zacatecas tengan una pensión vitalicia de  más de 70 mil pesos, puesto que comentó, cualquier persona que haya tenido un trabajo por determinado tiempo, tiene derecho a un retiro, incluidos los magistrados.

Lo que pudiera ser cuestionable dijo el panista, es el monto al que tienen derecho, pero justificó que no se debe perder de vista la esencia de darle un salario tan elevado; es decir, evitar tentaciones de corrupción.

Sin embargo ante ese escenario, López de Lara se pronunció por analizar si se tiene la base presupuestal suficiente para no caer en incongruencias, porque sería irresponsable gastar un dinero que en determinados años no se podrá pagar.

Calificó de “ideal” la iniciativa de 2010 cuando el Congreso del estado aprobó reducir el porcentaje de los haberes de retiro de los magistrados, pero la SCJN lo rechazó. El problema dijo, es que en México se legisla en las rodillas y no se prevé lo que sucederá en 10 o 15 años más; es decir, vacíos imposibles de resolver en un mediano plazo.

Este domingo también el PAN convocó para dar a conocer acerca de una capacitación a sus militantes, puesto que se está en la segunda mitad de la dirigencia de Arturo López de Lara. Acordaron en la reunión “romper” paradigmas y encontrar nuevas formas de comunicación, sobre todo porque el partido se ha mostrado unido después de la elección interna del pasado 18 de mayo.

A decir del líder albiazul, el partido es mucho más fuerte de lo que se pensaba, por contrario son demócratas y dan un ejemplo.

Respecto de la alianza electoral que el PAN sostuvo el año pasado con el PRD, López de Lara aseguró que no fue coyuntural, porque en los 16 municipios donde son gobierno de coalición se trabaja de manera estrecha.

En las futuras elecciones se les volvería a preguntar a los miembros del PAN si hay condiciones para ir junto a los perredista, toda vez que ya se rompieron paradigmas y fueron juntos el año pasado.

■ Maestros deben atender a extensos grupos de alumnos en condiciones precarias

■ Seduzac ni siquiera ha respondido a las solicitudes que se le han hecho: Mendoza

La calidad educativa, concepto que impera no como un objetivo genuino de un proyecto de Nación, sino como retórica política que justifica agravantes a las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, es también una ilusión que se desvanece cada día en las aulas.

Sin herramientas tecnológicas como equipo de cómputo o Internet, sin mobiliario decente, además de atender un número excesivo de alumnos, y con salarios y prestaciones menoscabadas sistemáticamente, el maestro es un chivo expiatorio de Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, e incluso de organismos empresariales para legitimar la desregulación que dictan los lineamientos neoliberales.

De acuerdo al Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en términos financieros, la inversión total en educación en México se mantiene cercana a la media de los países que integran ese organismo, pero el gasto por estudiante es bajo.

Muestra de esa desregulación es el limitado gasto anual promedio que se destina por estudiante, desde la primaria hasta la educación superior, que es de 20 por ciento del PIB per cápita, porcentaje inferior a la media de la OCDE que se registra en 28 por ciento del PIB per cápita.

De forma desglosada, se tiene que el gasto anual por estudiante de primaria es de 15 por ciento del PIB per cápita, el gasto por estudiante de secundaria y educación media superior es de 17 por ciento del PIB per cápita, y por estudiante en educación superior, el gasto anual se dispara hasta 52 por ciento de PIB per cápita. Es decir, el gasto anual promedio por estudiante desde la primaria hasta la educación superior es de 20 por ciento del PIB per cápita, inferior a la media de la OCDE de 28 por ciento del PIB per cápita.

Estas cifras también se reflejan en las condiciones en que se encuentran los maestros y las propias escuelas, las cuales tienen deficiencias infraestructurales que difícilmente son atendidas.

Jesús Manuel Mendoza Maldonado, profesor de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, ubicada en San Marcos, municipio de Loreto, afirma que las condiciones en las que se desenvuelve un docente de educación básica no son las mínimas necesarias para desempeñar su función.

Por ejemplo, al evaluar la labor de un docente, suele decirse que ellos sólo trabajan 25 horas frente a grupo cada semana, pero además le deben dedicar entre 6 y 8 horas para planear los cursos, entre 6 y 8 horas para preparar el material didáctico y entre 6 y 8 horas, también semanales, para la revisión de tareas o evaluaciones.

Es decir, “estamos hablando que las horas que se trabajan frente a grupo, en realidad se duplica en términos de trabajo real. Esto vale la pena citarlo porque es necesario conocer de una manera más integral el trabajo que lleva a cabo un profesor”.

Refiere además que el sistema educativo en el país está dividido en regiones, y Zacatecas se encuentra en la región donde el salario base de un maestro es menor, 3 mil 500 pesos quincenales, aunque puede incrementar de acuerdo al ingreso a Carrera Magisterial.

De acuerdo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hay un indicador que por sí mismo explica el nivel de la calidad educativa en México en relación a países como Canadá, España, Corea, Chile, Brasil, Estados Unidos y Argentina: el número de alumnos por profesor.

En educación primaria, España es el país con menor cantidad de alumnos por profesor (13), mientras que México es el que tiene más alumnos por maestro (26), lo cual define la calidad educativa porque determina la atención que el docente les puede dar.

En comparación con los demás países de la OCDE, México tiene la proporción más alta de alumnos por docente en todos los niveles de escolaridad obligatoria. En la educación preescolar, la proporción es de más de 25 alumnos por maestro, muy superior a la media de la OCDE de 14.3 alumnos por maestro. La proporción es incluso mayor en primaria (28.1 alumnos por maestro), y es la más alta en secundaria (29.9 alumnos por maestro) y educación media superior.

Asimismo, según el documento Panorama de la Educación 2013: Indicadores de la OCDE, el tiempo de horas lectivas por año en secundaria es uno de los más altos en los países con datos disponibles. Sólo en Argentina, Chile y Estados Unidos se les exige a los maestros de secundaria enseñar más horas que en México (y en Escocia en la educación media superior). Además, México tiene el mayor porcentaje de tiempo de trabajo docente dedicado a la enseñanza en primaria.

“Todos estos son datos que se combinan con la marginalidad de la mayoría de nuestras escuelas. Por eso me parece que es justa la razón por la cual se inconforman los maestros”, añade el profesor normalista.

Víctor Manuel Rodríguez, maestro de quinto grado en la escuela “José Isabel Rodríguez Elías”, ubicada en la colonia Ojo de Agua, en la periferia de Guadalupe, atiende 29 alumnos y según lo expresa, él y sus compañeros hacen lo que pueden, debido a las condiciones desfavorables en que se encuentra ese plantel.

Según expone, el salario promedio de un docente de primaria es entre 4 mil y 4 mil 500 pesos quincenales. En su caso, recurre a otras ocupaciones por las tardes con el propósito de mejorar las condiciones económicas de su familia y acude a otras instituciones a impartir clases de pintura y también de acondicionamiento físico.

“El sueldo de los maestros es de 4 mil, 4 mil 500, y los gastos son muchos en las familias, no es suficiente para abatir las necesidades del hogar. Además, como maestros hay muchas carencias, porque no tenemos las herramientas o el mobiliario suficiente o está muy viejo“.

Aunado a ello, el acceso de los docentes y los alumnos a las tecnologías de la información es muy limitado. En Zacatecas, por ejemplo, hay una computadora por cada ocho niños en primaria, lo que evidencia el rezago que hay en ese aspecto.

En el caso de la escuela José Isabel Rodríguez Elías, ese problema es evidente, y aunque existen ocho computadoras para alrededor de 300 niños, estas fueron adquiridas hace más de 15 años.

El aula de medios de esa escuela cuenta con Internet de la empresa Axtel, pagada con los recursos que se recaudan a través de las cuotas voluntarias de los padres de familia, pero no es bien aprovechado debido al rezago que muestran las computadoras. En consecuencia, estas se resguardan entre mesas y sillas almacenadas.

Rodríguez comenta que esa situación es complicada, pues los libros de texto incluyen actividades en Internet, pero el equipo con que se cuenta en esa escuela no permite un acceso adecuado a esa herramienta y entonces “tenemos que brincar capítulos”.

Afirma que esa escuela ha entregado solicitudes para que sea beneficiado con equipo de cómputo, pero no ha habido ninguna respuesta de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), mucho menos para implementar programas como el que publicitan para entregar laptops a los alumnos.

“La diferencia entre el discurso y la realidad, es que no es cierto que las escuelas están equipadas, hay muchas necesidades y carencias. En el medio rural se trabaja totalmente sin mobiliario, sin pizarrones, si nos vamos mas allá habrá más carencias”.

Según la OCDE, en México solamente 45 mil 674 escuelas primarias, que representan menos de la mitad (46 por ciento), y 26 mil 204 secundarias (71.7 por ciento) poseen al menos una computadora para fines didácticos. Además, las diferencias entre niveles educativos revelan que se aplica una política educativa que favorece a un nivel educativo en detrimento del otro, por ejemplo, las escuelas secundarias reciben más computa­doras que las primarias, lo cual incrementa las brechas digitales entre ambos niveles.

Sin embargo, la brecha entre entidades es aun más preocupante, ya que hay 70 grados porcentuales de diferencia entre aquellos con más acceso a ese recurso tecnológico (Sonora y Distrito Federal), y las escuelas de los estados donde hay menor acceso (Chiapas y Guerrero).

Otro aspecto que se queda lejos de lo que se manifiesta en los discursos oficiales, es la cobertura, y aunque es cierto que prácticamente se ha logrado la educación universal en educación primaria, en preescolar y secundaria el problema es preocupante.

Según expone Mendoza Maldonado, en preescolar, solamente 71 por ciento de los infantes de la entidad tiene acceso a un jardín de niños, mientras en secundaria solamente se alcanza 83 por ciento, lo que significa que 17 por ciento de los niños que egresan de primaria no continúan sus estudios en secundaria.

Sin embargo, la cobertura siempre se calcula en función de la cantidad de alumnos que ingresan al inicio del ciclo escolar y los que terminan al concluir ese periodo, pero si se calcula el número de niños que ingresan a primero de primaria y los que terminan la secundaria nueve años después, se observa un problema aun más preocupante en el estado, pues de cada mil alumnos que ingresan a primaria, sólo 643 concluyen la secundaria.

Otro factor que determina las condiciones desfavorables en que se encuentran los maestros en Zacatecas, es que solamente 26 por ciento de las escuelas cuenta con una organización completa, es decir, cuentan con un docente por cada grupo, pero 74 por ciento restante de los planteles en primaria y secundaria, son multigrado, donde un profesor debe atender varios grados simultáneamente.

Para la OCDE, la existencia de un mayor número de escuelas telesecundarias o secundarias comunitarias impacta considerablemente la asignación de tiempo a la función académica, el total de docentes titulados y la cantidad de profeso­res incorporados a carrera magisterial.

En ese sentido, el ex integrante de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) cuestionó la reforma que se está implementando en la educación Normal, porque el anterior plan de estudios consideraba que los alumnos recibieran formación para laborar en escuelas multigrado, pero ahora ese aspecto quedó relegado, a pesar que la gran mayoría de las escuelas de primaria y secundaria en Zacatecas tienen esa característica.

En relación a los maestros que tienen otras ocupaciones en las tardes para aumentar su percepción económica, Mendoza Maldonado indica que, en efecto, hay una gran cantidad que se encuentra en esa situación. El problema en estos casos es que esos docentes no destinan mucho tiempo para preparar clases o materiales didácticos, lo que muestra entonces que “hay algunos que decidimos dedicarle horas a la formación y otros deciden dedicarle horas a complementar el ingreso para sus familias”.

Otro aspecto que dista mucho de los discursos oficiales, es la atención al problema de la alimentación y el fomento del deporte. Por ejemplo, Rodríguez comenta que las autoridades hablan constantemente sobre hacer frente a la obesidad, pero no construyen áreas deportivas de calidad ni aplican programas deportivos ni mucho menos proveen de material deportivo a las escuelas.

Por el contrario, sostiene que en los medios de comunicación, los maestros son comúnmente los verdugos de la educación, aunque en la escuela “José Isabel Rodríguez Elías” “los 12 compañeros que estamos aquí damos lo máximo con lo que tenemos, pero a la sociedad le han hecho creer que nosotros somos los que estamos mal”.

Desde su punto de vista, esa es una estrategia del gobierno para no hacerse responsable de todas las carencias del sistema educativo. De esa forma, hacen creer que los maestros son los culpables de la situación en que se encuentran los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En relación al cobro de las cuotas escolares, el docente explica que es en las reuniones de los padres de familia donde se acuerda una determinada cantidad que se destina a diversos gastos de mantenimiento del plantel.

Es decir, el gobierno se ha desentendido completamente de su función de atender y mejorar las condiciones en que se encuentran las escuelas, motivo por el cual los recursos que otorgan los padres por medio de esas cuotas, son muy necesarias. “Si no tuviéramos ese ingreso en las escuelas, nadie lo resolvería. El gobierno tiene esa responsabilidad, pero no la cumple”.

En ese contexto, los maestros y los trabajadores de la educación han sido objeto, durante los últimos años, de diversos mecanismos que reducen su estabilidad laboral desde su ingreso al servicio docente, lo cual, incluso ha sido documentado por la OCDE.

Por ejemplo, ese organismo informa que, en secundaria, mientras del ciclo 2006/2007 al 2011/2012 el porcen­taje de docentes de tiempo completo (17.3 por ciento) se mantuvo estable, se registró un retroceso al disminuir 2 puntos porcentuales en el caso de los docentes con tres cuartos de tiempo (23.6 por ciento), cuatro puntos porcentuales cuando se trató de medio tiempo (20.6 por ciento), e incrementó 5 puntos cuando el tiempo asignado frente a grupo fue por horas (38.4 por ciento).

De este modo, en el transcurso de 12 años se observa un reacomodo en las características de asignación de tiempo de los do­centes de educación secundaria, que incrementa constantemente el porcentaje de aquellos contratados por horas, lo cual, para el caso de las secundarias generales y técnicas genera condiciones que dificultan el trabajo colegiado y el desarrollo profesional de los maestros.

Asimismo, Zacatecas se destaca debido a que tiene uno de los porcentajes más altos de docentes varones (56.3 por ciento), el más alto porcentaje de quienes asumen tareas directivas (15.3 por ciento) en el país y el más bajo porcentaje de docentes de educación física (3.9 por ciento).

Mendoza Maldonado concluyó entonces que “el equipamiento y condiciones precarias que tienen las escuelas, es por supuesto un factor que incide en el nivel educativo, motivo por el cual valdría la pena que los señalamientos que se hacen al trabajo de los profesores puedan documentar lo que pasa en esas escuelas”.

■ Se abrió la puerta a la reelección pero no se integró la figura de la revocación del mandato

■ Obstaculiza participación ciudadana; la clase política se convertiría en “casta política”, dijo

La reforma político electoral y su legislación secundaria  parece no garantizar la reducción de los costos de la democracia mexicana ni la imparcialidad de sus procesos electorales, pero sí está marcada por un signo de “desciudadanización”  de la política, que acusa vínculos de los consejeros con los partidos políticos y obstáculos normativos para formas de participación ciudadana como las candidaturas independientes y la iniciativa popular, así como una oposición sistemática de la clase política a la inserción de la figura legal de la revocación del mandato.

Esta semana inicia la discusión local de estos y otros elementos en busca de la armonización legal de esta reforma, otra de las denominadas estructurales. En Synergia, programa de La Jornada Zacatecas TV, dedicado al análisis de la sociedad, la política y la economía participaron de este debate Geovanna Bañuelos de la Torre, comisionada política nacional del Partido del Trabajo en el estado de Zacatecas, y el conductor de la serie, Marco Torres Inguanzo.

Las modificaciones a la Ley General de Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos  Políticos han iniciado un debate público, inició Torres Inguanzo, y propuso como el primero de los temas la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) y las posibilidades reales de que cumpla con los dos objetivos principales que la sustentaron: la imparcialidad que ofrecerá la centralización de los órganos electorales con respecto a la influencia de los gobernadores, y el abaratamiento de costos de los procesos.

El nuevo órgano electoral y sus retos

Geovanna Bañuelos propuso como un primer signo “preocupante”, la ratificación que se hiciera de cuatro consejeros a los que calificó de polémicos en su función, que pasaron a formar parte de su sucesor, el INE.

Por parte del conductor, se trajo a colación el antecedente local de la que llamó desciudadanización del Consejo Electoral  del IEEZ bajo la intervención de los líderes de partidos políticos.

Agregó Bañuelos de la Torre que el actual Consejo Electoral del IEEZ es producto de una “rifa” realizada al interior de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Legislatura de la 61 Legislatura estado. Recordó la impugnación ante el TEPJF que  hicieran partidos políticos y ciudadanos de esta selección y el mandato desde este órgano jurisdiccional de que se repusiera el procedimiento, pero también la sorpresa de que se les ratificara en el cargo.

Advirtió por ello “el peligro de que la elección recaiga en un Consejo conformado de esta manera, al que se agrega la posibilidad de que sean ratificados ahora en la constitución del INE”.

En este sentido, coincidieron, los mecanismos a nivel federal y local son muy parecidos, por lo que la imparcialidad aun con el INE no puede garantizarse.

Sobre los costos que se dijo, se reducirían con la implementación de un órgano electoral centralizado, mencionó la ex diputada local por el PT, que como otras reformas electorales en ésta tampoco se ha explicado el “cómo” se conseguirá esto.

Apuntó sin embargo, que teniendo la facultad de fiscalización, requerirá de un área que pueda atender este tema para 2 mil candidatos por partido para presidentes municipales, más de mil 300 candidatos a diputados locales, más de “ciento y tantos senadores, gobernadores (…) imagínate de cuántas personas no tendrá que estar integrada una Dirección de esta naturaleza”.

Por lo pronto recordó que se han agregado dos consejeros más para sumar un total de 11, quienes devengan un salario de 180 mil pesos mensuales según portales de transparencia, esto sin conocerse otro tipo de prestaciones que pudieran elevar esta cantidad.

Torres Inguanzo aportó por su parte, las recientes expresiones de Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, quien ya hizo ver que al tener  este órgano mayores funciones que su  antecesor, requerirá de un presupuesto más elevado.

“¿Entonces, hablamos de una reducción de costos? Yo te digo no. No creo. Simplemente (se atiende a) esa tentación que al PRI y al Gobierno no se les quita, de poder atraer todos los hilos de conducción de lo político, de lo económico y social de nuestro país”, sintetizó sobre el tema, Geovanna Bañuelos.

El signo de la “desciudadanización” en la reforma político electoral

El conductor de Synergia propuso como “signo” de la reforma político-electoral a la “desciudadanización de la política”, concretado en la legalización de la misma.

Expuso que a un candidato independiente se le exige, para el caso de aspirar a la Presidencia de la República un respaldo ciudadano de 783 mil firmas. Recordó que en pasado proceso electoral interno del PAN, Gustavo Madero obtuvo el primer lugar con poco más de 70 mil votos.

“Eso significa que a un candidato independiente le piden 10 veces más votos que lo que un partido puede organizar con toda su estructura.  Eso es absolutamente imposible”. Geovanna Bañuelos dijo en representación del PT, reprobar  esta normativa.  Agregó que la reforma político electoral propone “un doble discurso de decirle (a la ciudadanía): sí estamos legislando para que tú puedas tener el derecho a participar a votar y ser votado pero juntamente todos estos requisitos imposibles”.

Precisó,  se pide un número de firmas equiparable al  uno por ciento de la lista nominal para que pueda darse entrada a una candidatura independiente y en el caso de senadores y diputados hasta 2 por ciento.

“Se le está exigiendo a un ciudadano que se ponga al nivel de una institución que goza de recursos públicos, que tiene una estructura en todo el estado”. Igualmente difícil, resulta conjuntar 2 millones de firmas para sustentar una iniciativa popular, otra de las figuras de democracia participativa que se han impulsado en el país y que se incluyen en esta reforma, expuso Torres Inguanzo.

Bañuelos de la Torre precisó que en Zacatecas ya existe esta figura. Recordó el caso de las más de 5 mil firmas reunidas desde el MDMZ para impulsar su iniciativa de Ley de Educación para el Estado de Zacatecas que después de un año y medio transcurrió entre procedimientos democráticos, “y al final de cuentas no se resuelve”.

“Esta iniciativa es el claro ejemplo de la falta de voluntad pero también, la falta de legislación en cuestión reglamentaria para que pueda proceder una iniciativa”, dijo.

¿Reelección sin revocación del mandato?

En el tema de la reelección cuyo argumento fundamental  es que se constituye en un “mecanismo de rendición de cuentas” para el caso de diputados y presidentes municipales, y en esta última situación también permite la implementación de proyectos de gobierno a mediano y largo plazo, Geovanna Bañuelos fue enfática: “no debería de estarse discutiendo siquiera el tema de la reelección si  no se pone sobre la mesa el tema de la revocación del mandato”.

Sin embargo, puntualizó Torres Inguanzo por su parte, aunque se ha propuesto en las legislaturas de prácticamente todo el país, ha sido rechazado al igual que lo fue a nivel federal, “la clase política se ha opuesto de manera sistemática a que por ningún motivo se les pueda quitar el mando”.

Al respecto señaló la invitada a Synergia, “así como el ciudadano tiene derecho a elegir: tú eres un buen presidente, puedes seguir gobernando, tiene el derecho a decir no lo eres, ¿por qué sigues administrando los recursos públicos, mi patrimonio mi futuro y el de mi familia?”.

En Zacatecas subrayó, se tiene “una gran oportunidad” de incorporar la revocación del mandato en la legislación local dentro del proceso de armonización de las leyes secundarias de la reforma político electoral.

Agregó que se trabajará esta semana en una mesa que representa un ejercicio de inclusión, pues se involucrarán en esta discusión las representaciones de los partidos políticos, los legisladores de la Comisión de Asuntos Electorales, así como integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y el IEEZ.

La reelección, consideró Geovanna Bañuelos, implica la tentación para quien se encuentre en un espacio de representación, de usar los recursos públicos en su favor para conseguirla.

Torres Inguanzo señaló se requerirían tres condicionantes para que se convierta en un mecanismo de rendición de cuentas y no en la conversión de la clase política en “una casta política”, en tanto que podría significar se consolide la falta de movilidad social.

Precisó estas tres condicionantes en  la transparencia de los órganos legislativos, que permitirían saber si un diputado es reelegible o no, la participación ciudadana, mediante la cual la población conozca el trabajo de los legisladores, y  por último, la garantía al voto libre, esto es, que no se influencie la elección con el uso de recursos públicos.

El tema atravesó nuevamente por el de la imparcialidad pues la competencia no ofrece elementos de equidad entre quienes tienen una dieta y herramientas legislativas o uso de recursos públicos mediante programas sociales y un ciudadano común sin respaldo de estructura partidaria.

Puntualizó Bañuelos de la Torre que tanto la oposición como los ciudadanos compiten siempre “contra el aparato de gobierno”.

“Si tuviéramos un sistema más transparente, árbitros electorales honestos, autoridades que regularan el flujo de recursos tanto públicos como privados, no habría ningún problema, pero no es el caso. Yo no veo a un presidente municipal que esté ejerciendo recursos públicos, que tiene el interés de ser reelecto, sin la tentación de manosear el apoyo etiquetado para programas sociales.”

Democratizar a los partidos desde el INE

Finalmente se propuso analizar, lo que desde el punto de vista del Partido del Trabajo es una intromisión inaceptable del INE en la vida interna de los partidos políticos, que sin embargo acusó Torres Inguanzo “tienen graves problemas de democracia interna”, pues sus cúpulas se han autonomizado no sólo de la sociedad sino de sus propios militantes al no necesitar ya de sus cuotas para subsistir gracias a la obtención financiamiento público.

El INE propone como único medio de “democratización” de los mismos, “entrar a sus procesos internos de elección”.  Aquí expuso como un tema que podría ser incómodo para el PT el de la “eternización de su dirigencia”.

“El dirigente nacional del PT ha sido interno, no han tenido nunca otro dirigente nacional, y eso pues tendría que, en una democracia interna modificarse y en el resto de los partidos”, dijo.

Geovanna Bañuelos refirió que la intervención del INE significa “una gran intromisión en la vida interna de los partidos”, pues cada uno de ellos se rige por sus propios documentos e ideologías.

En el caso del PT, quiso explicar, los órganos de dirección a nivel municipal, estatal y nacional son colegiados. De esta manera expuso, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT está conformada por 125 personas y su Coordinadora Nacional por nueve integrantes, entre ellos el aludido, Alberto Anaya.

Reiteró, el PT no está de acuerdo en la intromisión del INE en la selección de las dirigencias partidarias pero sí en la fiscalización que tiene facultad hacer del uso de recursos públicos.