■ La Universidad Autónoma de Zacatecas siempre ha pagado más de lo que recibe
■ La medida se implementó para profesores con derecho a la jubilación dinámica
Con el objetivo de reducir los pasivos laborales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que hace algunos años llegó a ser de 19 mil millones de pesos, se implementaron diversas medidas, entre ellas se aumentó el tiempo de jubilación de 25 a 30 años y se implementó un programa de sustitución y venta de prestaciones, mediante el cual alrededor de 120 docentes recibieron 29 por ciento del monto total que, según se calculó, pudieron haber obtenido por concepto de salario y prestaciones en su jubilación dinámica.
Sin embargo, sólo tres de ellos se han jubilado (Simón Juárez Cuestas, Octavio Macías Solís y José Antonio Hernández Espino) y tres más fallecieron (Jaime López Barajas, Carlos Ulises Girón Sifuentes y Sergio Camacho Agüero), lo que indica que en la actualidad no se ha logrado disminuir esos pasivos y hay el riesgo que esos profesores no se jubilen en poco tiempo para mantener la percepción económica correspondiente a prestaciones.
La sustitución y venta de prestaciones se implementó para profesores con derecho a la jubilación dinámica, la cual consiste en la aportación de 70 por ciento de la pensión del jubilado por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), y 30 por ciento restante por parte de la UAZ. Con esa medida se pretendió que la Universidad dejara de pagar al jubilado ese monto que le corresponde, a cambio de una cantidad de dinero que en ese momento otorgó Gobierno Federal específicamente para ello. Según el historiador José Manuel Martín Ornelas, “la trampa está en que los beneficiarios no se han jubilado y dicen que nunca se van a jubilar, además que varios de ellos ocupan cargos en la burocracia, entre ellos el Rector, el secretario general, el secretario académico y algunos directores”.
Es decir, haber obtenido dinero por concepto de la venta de prestaciones, ocasiona que muchos sólo se dediquen a buscar puestos burocráticos porque los salarios son altos y con ello se mantienen en la institución sin jubilarse.
Antonio Guzmán Fernández, ex secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), coincidió en que, al no jubilarse los profesores que vendieron sus prestaciones, el impacto en la reducción de pasivos es mínimo y en consecuencia esa meta se lograría a largo plazo. La causa de ello es que el programa debió ser diseñado para un sector específico de docentes, de acuerdo a su edad, años de servicio, a punto de jubilarse o incluso para los ya jubilados.
Por el contrario, se observa que, de los 120 docentes, hay una gran cantidad de profesores que vendieron sus prestaciones y han sido o son funcionarios de la administración central, evidenciando que buscan alargar su permanencia como trabajadores en activo ocupando espacios burocráticos, donde además tienen mejores condiciones laborales.
Alfredo Femat Bañuelos, quien en su etapa como rector inició la implementación de ese esquema, explicó que a partir de 2006, ante el reclamo de varias universidades de establecer criterios para la asignación del presupuesto (ya que algunas de ellas tenían un subsidio por alumno de hasta 90 mil pesos como la de Yucatán, mientras que otras recibían sólo 25 mil, como la de Zacatecas), se generó un proceso para resarcir esa diferencia.
Se etiquetaron seis bolsas por la Legislatura federal, cada una de mil millones de pesos, entre las cuales una se destinó a indicadores de calidad, otra para matrícula en programas de calidad, y otra para reformas estructurales, en la cual un monto determinado se aportó a las universidades a fin de que ellas redujeran sus pasivos de acuerdo a la iniciativa o proyecto ejecutado por cada universidad.
Posteriormente, se realizó la proyección de los pasivos que podrían disminuirse en cada universidad y el cálculo corrió a cargo de un despacho con sede en Saltillo, Coahuila, que el propio Gobierno Federal contrató.
Para acceder a esos recursos, las instituciones implementaron diversas reformas y varias modificaron sus Contratos Colectivos de Trabajo, pero en el caso de la UAZ se instauró la denominada “Sustitución y venta de prestaciones”, mediante la cual los profesores que ingresaron a laborar a la UAZ antes del 31 de agosto de 1991, con derecho a la jubilación dinámica, podían aceptar 29 por ciento del monto que recibirían por concepto de salario y prestaciones después de jubilarse, a cambio de finiquitar la relación contractual con la Universidad. De esa manera, ahora sólo serían pensionados por el ISSSTE.
En lo que se refiere a la Seguridad Social, el contrato de la Universidad establece tres modelos de pensión. La denominada jubilación dinámica, destinada para aquellos docentes que ingresaron antes del 13 de agosto de 1991; la jubilación del esquema solidario del Issste, para los que iniciaron a laborar entre 1991 y 2007, y la jubilación basada en cuentas individuales, para los maestros que trabajan en la institución después de 2007.
Bajo el modelo de jubilación dinámica, Femat Bañuelos comentó que los docentes tenían derecho a percibir un bono de casi 300 mil pesos por cumplir 25 años de servicio. El Contrato Colectivo señalaba que ese bono sería pagado con la conformación de un fideicomiso que crearía la Universidad en conjunto Gobierno estatal y federal, pero en realidad no se constituyó.
En consecuencia, a los profesores que llegaban a 25 años de antigüedad, la rectoría les otorgaba una cantidad y un bono a cuenta de esa prestación dependiendo la disponibilidad de recursos. Ante esa situación se creó un bono para que todos los profesores accedieran a un sobresueldo después de cumplir 25 años de servicio, ello con la intención que no se jubilaran y siguieran trabajando en la Universidad.
Para tal efecto, se les dio un incremento automático de 25 por ciento y se les regresó el impuesto sobre el trabajo que en ese momento representaba 23.3 por ciento. Es decir, aumentó su percepción en 45 por ciento, del cual se pagaría el fideicomiso mencionado. Sin embargo, al no existir, todo iba a cuenta de déficit.
“También se decía que al cumplir 30 años, ese tipo de profesores recibiría un bono de 50 mil pesos, y después de los 30 años, se jubilarían con el esquema dinámico, es decir, como si estuvieran en activo: seguían recibiendo su salario y prestaciones completas”, expresó el actual diputado local.
“Lo que hicimos nosotros fue pedirle un cálculo al despacho, para que en el caso de Alfredo Femat, por ejemplo, se dijera cuánto significa el monto por cumplir 25 años, cuánto por el incremento al seguir laborando entre los 25 y los 30 años, más los 50 mil pesos por cumplir 30 años, y se calculó los ingresos que ganaría hasta los 35 años.
De acuerdo con ello se estimó cuánto pagaría la Universidad y la propuesta que se hizo es que esa cantidad que yo recibiría a futuro la pueda recibir ahora, pero de cada peso que me dieran .29. Es decir, si yo iba a recibir 5 millones acumulados, yo acepté 29 por ciento”, agregó.
De esa manera, Gobierno Federal otorgó una primera bolsa de 53 millones de pesos a la UAZ, los cuales se dieron a conocer a todos los trabajadores que entraron antes del 13 de agosto de 1991, y se les planteó esa posibilidad de sustituir y vender sus prestaciones, sin que ello fuera obligatorio.
El acuerdo con el sindicato fue agregar una cláusula transitoria en el contrato para que fuera voluntario y que el profesor que quisiera, acudiera a hacer su cálculo y con base en ello valorar si le convenía o no la venta de sus prestaciones.
Para ese primer paquete de recursos, reviró Femat Bañuelos, se recibieron cerca de 300 solicitudes y se jerarquizaron de acuerdo a los que implicaban un mayor ahorro para la UAZ, y de esa manera 53 entraron a ese programa.
Después hubo una segunda bolsa por 62 millones de pesos, pero su aplicación fue operada en la administración de Francisco Javier Domínguez Garay, en la cual fueron incorporados alrededor de 60 profesores más.
Informó que en ese momento los pasivos laborales de la Universidad se estimaban en 19 mil millones de pesos, pero al modificarse la jubilación de 25 a 30 años y al implementar la sustitución y venta de prestaciones, generó un ahorro y una disminución en esos pasivos de 6 mil millones de pesos.
“Fue un programa coyuntural, porque después la Cámara de Diputados federal ya no aprobó las bolsas y por eso la UAZ ya no pudo seguir concursando por recursos en el tema de Reformas Estructurales”, indicó el ex rector.
Según expuso, para la Universidad esa fue la única manera de incrementar hasta en 16 puntos porcentuales el techo financiero. Es decir, la Máxima Casa de Estudios del estado siempre ha tenido el problema de ejercer un subsidio muy desfasado del autorizado por Gobierno Federal y estatal.
En consecuencia, la Universidad “siempre ha pagado más de lo que le llega porque el modelo SEP no corresponde al modelo UAZ, pues siempre ha tenido más personal trabajando del que está autorizado, así como también siempre ha tenido más prestaciones autorizadas en el contrato que las que respalda Gobierno Federal”.
Al iniciar su administración, dijo que de cada 100 pesos que se tenían que pagar por compromisos contractuales, la UAZ sólo contaba con 67 pesos, lo que significa que había un desfinanciamiento de menos 33 pesos. Eso obligaba a tomar el dinero que se destinaría a pagar los impuestos o la Seguridad Social para autofinanciarse y lograr que la institución no se paralizara. Ese desfinanciamiento acumuló una deuda de mil 500 millones de pesos, por lo cual el problema en ese momento era cerrar la brecha entre el subsidio autorizado y el subsidio ejercido.
“Gracias a estos programas federales logramos pasar el techo financiero de 67 por ciento a 83 por ciento. Crecimos en 17 puntos porcentuales, de manera que al terminar mi administración el techo financiero había subido y el desfinanciamiento bajó de menos 33 a menos 17”, añadió. Para incorporarse al programa de sustitución y venta de prestaciones, afirmó que la convocatoria fue abierta, y aunque la mayoría de los que accedieron a ella son o fueron funcionarios de la administración central, se debe a que en primer momento “nadie quería y tenía miedo”. Ante esa situación, hubo un trabajo de convencimiento y demostración que la venta de prestaciones era correcta, pues muchos docentes se resistieron a abandonar la jubilación dinámica. No obstante, “todos los que vendimos las prestaciones, hoy ya no somos una carga laboral para la Universidad. A Alfredo Femat, el día que se jubile, la UAZ no le dará un peso más. A mí me va a pagar el Issste y yo voy a liberar mi plaza totalmente”. Recordó que en el esquema de jubilación dinámica, el pensionado debe percibir el total de sus ingresos. Por ejemplo, si alguien recibe 25 mil pesos mensuales, el Issste aporta 18 mil y el resto lo debe entregar la UAZ hasta que fallezca, incluyendo la prima de antigüedad. Para Martín Ornelas, el programa se implementó para que la Universidad no cargara con los pasivos que requiere para el pago de prestaciones y una parte del salario a los jubilados. La idea era que la UAZ perdiera toda relación laboral con los jubilados, pero el problema reside en que esos 120 profesores no se han jubilado a pesar de haber vendido sus prestaciones. “La opinión de muchos maestros en activo y jubilados es que con ese programa la Universidad se ahorraría una buena cantidad de dinero al jubilarse todos los que vendieron sus prestaciones, pero aquí a quien le ahorran dinero es al Issste, porque no les paga la jubilación y la UAZ les paga todo, salario y prestaciones”, dijo. Los únicos beneficiados, entonces, son quienes vendieron sus prestaciones, pues recibieron una suma de dinero importante y al no jubilarse, seguirán cobrando salarios y todas las prestaciones, sin que haya la posibilidad de disminuir los pasivos laborales. Incluso, informó que si se jubilaran todos esos docentes y entraran nuevos docentes con grado de doctor, la Universidad se ahorraría entre 20 y 25 millones de pesos mensuales porque ya no cargaría con el peso de las prestaciones y el salario que les corresponde a esos académicos. Además, Martín Ornelas enunció que muchos profesores hicieron su solicitud para vender sus prestaciones, pero al no ser parte del círculo cercano de los integrantes de la administración central, no fueron integrados a pesar que tenían la idea de jubilarse definitivamente. Guzmán Fernández comentó que el diseño del programa de sustitución y venta de prestaciones, en efecto, permitiría abatir los pasivos, pero en el caso de la UAZ, al no ser liberadas las plazas por esos maestros, esa idea será posible a largo plazo, pues “van a tardar mucho tiempo en jubilarse, o en su caso nunca jubilarse”. Desde su punto de vista, entonces, ese esquema pudo tener más éxito si se hubiese aplicado con los docentes a punto de jubilarse o ya jubilados, porque ello habría tenido un impacto a corto plazo en la reducción de los pasivos. Entre aquellos que vendieron sus prestaciones están, además de Femat Bañuelos, el actual Rector Armando Silva Cháirez, el ex rector Francisco Javier Domínguez Garay, así como funcionarios y académicos como Rodolfo García Zamora, Gema Mercado Sánchez, Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, Víctor Manuel Chávez Ríos, entre otros.
