■ La denominada autonomía en la gestión escolar se ha malinterpretado: Jacobo de Luna
En un acalorado debate sobre la Reforma Educativa, dentro del programa Synergia, de La Jornada TV, Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de Opinión de La Jornada nacional, y Antonio Jacobo de Luna, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), confrontaron las diferentes posturas que existen en torno a esta nueva legislación.
Hernández Navarro aseguró que esta reforma más que educativa es laboral y administrativa, y que ni siquiera responde a los intereses del Ejecutivo federal, “porque la verdadera agenda viene de los organismos empresariales, como Mexicanos primero y la OCDE”.
En ese sentido, sostuvo que es falso que la reforma permita al Estado recuperar la rectoría de la educación, ya que “por el contrario, abre las puertas a poderes fácticos que ya han impuesto la agenda educativa”.
De igual forma, mencionó que el concepto de calidad que se aborda en el texto legislativo está vacío y proviene del ámbito empresarial “y gerencial”, pero precisó que ahora tiene la intención de introducirse en el tema pedagógico.
Así, el cambio constitucional no resuelve los grandes problemas de la educación en México, entre los que mencionó el rezago educativo, la falta de equidad en el reparto de los recursos y la insuficiencia de equipamiento y servicios básicos en las escuelas.
Aseguró que “la piedra filosofal” que se propone en la reforma para remediar las deficiencias en la educación, es la evaluación a los maestros y no del sistema educativo, “es como poner la carreta delante de los bueyes”.
Además, cuestionó el concepto de autonomía escolar, pues dijo que ésta implica una paulatina privatización de las escuelas y el fin de la gratuidad de la educación.
En contraste, el subsecretario Jacobo de Luna expuso que los problemas de la educación no se van a resolver por mandato constitucional y legal, y puntualizó que la Reforma Educativa es un proceso.
Asimismo, en respuesta a lo comentado por Hernández Navarro, el funcionario estatal aseveró que “centrarnos en el tema de la evaluación como el concepto único y exclusivo que viene a resolver todo, no es el espíritu de la Reforma Educativa”.
Sobre la crítica vertida en torno a la denominada autonomía en la gestión escolar, señaló que esta figura se ha malinterpretado como privatización cuando en realidad, dijo, “le da más cuerpo y vida a la dinámica de las instituciones educativas”.
Agregó que el artículo tercero constitucional garantiza la gratuidad de la educación, mientras que en el sexto se concilia este término con las aportaciones voluntarias, también conocidas como cuotas escolares, las cuales están consideradas en el código penal, dándoles garantía a los padres de familia.
Jacobo de Luna afirmó que el rechazo que hay hacia la Reforma Educativa se debe a una errónea interpretación de la ley, y en ese tenor desatacó a los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y una parte de Zacatecas, donde, dijo, hay maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Sin embargo, Hernández Navarro rebatió esta idea, asegurando que el movimiento de descontento es generalizado, no sólo entre los maestros que forman parte de la Coordinadora, sino de muchos más, “porque les cayó el veinte de que el viejo pacto que existía entre el Estado y el magisterio, que tenía como uno de sus elementos centrales la estabilidad en el empleo, fue roto de manera unilateral por el Estado mexicano: el Poder Legislativo y Ejecutivo”.
“Hoy (los maestros) están en la indefensión. No es un problema de interpretación de la ley, ojalá fuera así”, añadió.
El tema de la estabilidad laboral fue así de lo más debatido en el programa Synergia, pues el periodista defendió que el sentido de este cambio normativo es despedir a los maestros.
Recordó las declaraciones del secretario federal de Educación, Emilio Chuayffet, al día siguiente de aprobarse la Ley del Servicio Profesional Docente, en las que aseguró que en la próxima década se cesará a más de 10 mil maestros.
Antes se necesitaba el laudo de un tribunal para que el maestro pudiera ser separado de su cargo, a partir de ahora “el mundo de la negociación de las relaciones profesionales y laborales es un mundo que enfrenta al maestro en lo individual con la autoridad”, nulificando la colectividad que implica la lucha sindical.
“Con esta legislación del Servicio Profesional Docente se crea una situación de una absoluta precariedad laboral hacia los maestros, manipulando tres conceptos básicos: la permanencia en el servicio, la movilidad en el empleo y deformando las causales de despido”.
Al respecto, Jacobo de Luna contra argumentó, refiriéndose al artículo octavo transitorio, el cual, dijo, únicamente modifica la readscripción y no la permanencia, ya que el objetivo general de la ley es tener mejores maestros con mayor capacitación e instrumentos frente a grupo.
“La Ley del Servicio Profesional Docente, entonces, sólo ha agregado una causal, y si no hay condiciones óptimas de desempeño profesional, pudiera ser que se dé el despido o separación definitiva del servicio, pero no para el caso de maestros en servicio antes de la aplicación o entrada en vigor de esa ley”, añadió.
El coordinador de la sección de Opinión de La Jornada nacional, se refirió al artículo segundo transitorio de esta ley, y subrayó que con este se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a la nueva legislación, lo que evidentemente habla de un retroceso en las manecillas del reloj de las conquistas laborales.
Además, advirtió la desaparición de la carrera magisterial, lo que profundiza la inestabilidad laboral de los trabajadores de la educación.
En las conclusiones, el subsecretario Jacobo de Luna insistió en que existen interpretaciones erradas de la reforma y que, contrario a lo expuesto por Hernández Navarro, este cambio normativo “sí viene a resolver las demandas de padres de familia, de maestros (…) la gratuidad de la educación está garantizada, está salvaguardada la integridad laboral de los trabajadores y sí genera una nueva condición de ingreso para seleccionar a su profesorado en condiciones óptimas”.
Por su parte, Hernández Navarro, sin negar la necesidad de profesionalizar al magisterio, puntualizó que antes debe plantearse la pregunta de “¿cómo?, ¿a palos, con amenazas, con inspectores o los van a profesionalizar con capacitación? Lo que hace esta mal llamada reforma educativa es pretender profesionalizarlos, por medio de la amenaza permanente”.
No estamos frente a una ampliación o profundización de los derechos magisteriales, apuntó, sino que con la “contrarreforma damos un paso atrás en conquistas históricas de los trabajadores de la educación y la gratuidad de la misma”.
