Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el Instituto Nacional Electoral (INE) era para millones de mexicanos algo más que un órgano administrativo: era el lugar donde se depositaba, incluso con cierta fe, la última esperanza de que el voto se respetara.
Durante décadas, la institución logró construir una reputación de organización y de relativa independencia que pocos organismos públicos han alcanzado. Con Lorenzo Córdova al frente, pese a las críticas legítimas sobre salarios o gastos de operación, el INE se mantenía entre las instituciones que más respetaban los ciudadanos y las elecciones tenían un sello de certeza jurídica que era reconocible; tristemente, hoy esa certeza se ha derrumbado.
La renuncia de Guadalupe Taddei, acorralada por la corrupción con un escándalo de contratos multimillonarios, proveedores preferentes, conflictos de interés y evidencias audiovisuales que circularon por semanas, no es un accidente aislado: es el síntoma más visible del deterioro que la Cuarta Transformación ha impuesto en este instituto.
Durante años se argumentó que el INE era una “burocracia creciente” que había que someter; se recortaron presupuestos, se cuestionó su autonomía, se impulsaron reformas que concentraron facultades en la presidencia del Consejo General y se debilitaron los contrapesos colegiados. El resultado no fue austeridad virtuosa ni mayor cercanía con la ciudadanía, sino una institución más vulnerable a la captura, la opacidad y la sospecha.
No se trata de minimizar la responsabilidad individual. Quienes han sostenido que debe haber castigo y justicia en el caso de Guadalupe Taddei, tienen razón. Los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la denuncia que el propio INE prepara ante la Fiscalía General de la República no pueden quedar en un simple relevo de personas.
No se puede olvidar que la impunidad es especialmente corrosiva porque ataca el núcleo de la legitimidad democrática, pero sería un error reducir el problema a una sola funcionaria. La 4T no solo impulsó y toleró a quien ocupó la presidencia; también modificó reglas internas y desgastó sistemáticamente su prestigio público, por lo que el daño ya no es sólo administrativo, sino también político y social.
En un reciente evento de la American Society of Mexico, Juan Iván Peña Neder señaló que muchos mexicanos sienten y expresan con la misma franqueza que una de las mayores preocupaciones ciudadanas de cara a la próxima elección es, precisamente, la integridad del proceso, porque cuando el órgano que organiza las elecciones atraviesa una “reconstrucción” con decenas de renuncias de colaboradores cercanos a la expresidenta, con contratos bajo sospecha que se traducen en miles de millones de pesos y con un Consejo General que debe reconstruir colegialidad y confianza al mismo tiempo que prepara la logística electoral, la duda se instala en el votante; y la duda, en la democracia, erosiona la participación, alimenta la desconfianza y abre la puerta a cuestionamientos posteriores, justificados o no.
¿Hasta dónde debe reformarse el INE? La pregunta es urgente y delicada, pero no puede responderse con la misma rapidez que llevó a debilitar a esta institución; reformar no es sinónimo de someter. Hoy es necesario preocuparnos seriamente por blindar su autonomía, restaurar la colegialidad en los nombramientos claves y establecer controles reales sobre las contrataciones. Lo que el país necesita no es un INE más controlado por la mayoría en el Congreso, sino uno en el que la independencia sea verificable, la operación sea transparente y la presidencia no concentre facultades que convierten al Consejo General en un simple formalismo.
El contraste con las etapas de otros presidentes no es idealizado. Y es que, aunque aquellas gestiones también tuvieron sombras, auditorías y críticas, la institución de entonces conservaba una capacidad organizativa y un capital de legitimidad que permitían que, incluso en elecciones polarizadas, el resultado se aceptara por una amplia mayoría. Hoy probablemente esto no sea así; la combinación de reformas que permitieron una gestión marcada por señalamientos graves y un discurso político que durante años presentó al árbitro como enemigo ha dejado una institución que debe reconstruir su prestigio con muchos señalamientos y el tiempo en contra, teniendo ya un proceso electoral en curso.
La certeza electoral no se decreta ni se recupera con comunicados, sino que se construye con reglas claras, con controles que funcionen, con funcionarios que no tengan intereses ajenos a su cargo y con una sociedad que no tolere la impunidad en el organismo que decide uno de los ejes significativos de la democracia: las elecciones.
Si la respuesta a la crisis actual es una reforma que profundice la captura o que se limite a un “cambio” de rostros sin modificar realmente las condiciones que permitieron el deterioro, la próxima elección no sólo se organizará en un ambiente de desconfianza, sino también con el riesgo de que esa desconfianza se convierta en la narrativa dominante.
El INE fue, durante mucho tiempo, una de las pocas instituciones que los mexicanos miraban con algo parecido a la esperanza de que el juego fuera limpio; recuperar esa condición no es un asunto técnico, es el mínimo indispensable para que la democracia no se convierta en un formalismo en el que ya nadie cree como tal parece querer un sector de la 4T.
*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política.
