El combate al lavado de dinero que Estados Unidos pretende encabezar exhibe una contradicción fundamental: la severidad con que persigue a instituciones financieras mexicanas contrasta con el trato que concede a los grandes bancos de su propio país, incluso cuando incurren en infracciones de la misma naturaleza.
Como documentó La Jornada, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presuntamente facilitar operaciones de lavado vinculadas al tráfico de fentanilo por al menos 46 millones 591 mil dólares. Entre los señalamientos figuraron referencias a sobornos relacionados con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
Las medidas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) restringieron las transferencias que involucraban a las instituciones mexicanas. La presión estadounidense estuvo acompañada de la intervención temporal de las entidades por parte de las autoridades financieras nacionales y de decisiones que condujeron a su salida del sistema. Sin embargo, las restricciones no tuvieron el mismo alcance sobre determinadas filiales y operaciones internacionales, ni sobre los bancos corresponsales estadounidenses que mantenían relaciones con ellas.
El contraste resulta revelador. Washington puede exigir consecuencias severas fuera de sus fronteras, pero cuando las infracciones involucran a sus propios gigantes financieros, las respuestas suelen concentrarse en multas y acuerdos regulatorios.
El caso de Bank of America vuelve a poner el asunto sobre la mesa. Según la información citada, el Departamento del Tesoro anunció sanciones por mil 200 millones de dólares por presuntas violaciones a las normas contra el lavado de dinero y a las disposiciones sobre sanciones económicas. El propio secretario Scott Bessent advirtió que las deficiencias de una institución de esa dimensión pueden comprometer la seguridad del sistema financiero estadounidense.
La pregunta no es si deben sancionarse las operaciones ilícitas, sino por qué la aplicación de la ley parece adquirir distinta intensidad según el origen de la institución involucrada. Una multa multimillonaria puede representar un costo considerable, pero no equivale automáticamente a la desaparición de una entidad ni garantiza que los responsables individuales enfrenten consecuencias penales.
El problema trasciende la relación bilateral. El sistema financiero estadounidense ocupa una posición central en los flujos internacionales de capital y dispone de instrumentos para vigilar, bloquear y sancionar operaciones. Esa capacidad debería traducirse en responsabilidades compartidas, transparencia y cooperación efectiva, no en medidas selectivas que trasladen los costos principalmente a instituciones extranjeras.
Combatir el lavado exige investigar toda la cadena: bancos, intermediarios, corresponsales, beneficiarios y autoridades omisas. De lo contrario, la proclamada defensa de la legalidad corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de presión económica y política. La ley debe aplicarse sin privilegios, también en el corazón financiero de Estados Unidos.
