Recientemente Latinobarómetro, indicador anual que desde 1995 permite conocer los humores públicos con el andar de los régimenes e instituciones democráticas en América Latina, dio a conocer sus resultados (2026) y no son buenos para la región ni para México. Señala el informe: “Los proyectos de democracia en América Latina pueden haber retrocedido en la última década (…) Los gobiernos iliberales y/o populistas y de extrema derecha llegan al poder porque los gobiernos de derecha y de izquierda tradicionales que han gobernado no han sido capaces de avanzar suficiente en el desmantelamiento de los clivajes que impiden la consolidación (…) Las élites no logran conformar sistemas de partidos que representen a los ciudadanos, la justicia no es pareja (…) los ciudadanos identifican (…) las desigualdades de derechos en los gobiernos que los rigen, que se aleja de la democracia prometida” (https://www.latinobarometro.org/news /informe-latinobarometro-2026).
Veamos algunos datos: en términos de apoyo a la democracia (considerando forma de gobierno), los porcentajes van de 73 por ciento, en el caso de Argentina, a 35 en Guatemala; México registra 45 por ciento. Apoyo que se traduce en el mantenimiento de la legitimidad de las elecciones: para 74 por ciento de los latinoamericanos no puede haber democracia sin elecciones, legitimidad de la que no goza el sistema de partidos que, a su vez, deriva en falta de representación que, de acuerdo con el informe, se ha profundizado en la última década. Así, una gran mayoría (76 por ciento) no se siente representada en el parlamento (para México, el porcentaje es de 73).
Parte importante del informe aborda el vínculo de la economía con la política y, desde luego, con la democracia; se subraya: “El crecimiento económico es sin duda condición necesaria para la consolidación de la democracia (…) no es suficiente (…) Un gobierno sin desempeño puede causar mucho daño, al mismo tiempo que una caída del apoyo a la democracia también causa daño”. Por ello dedica una sección al papel del Estado, cuya evaluación “es uno de los aspectos donde se nota más la decepción de la ciudadanía y su declive desde 2011”.
“En 2026 sólo 26 por ciento dice que el Estado ha hecho ‘mucho o algo’ por ellos, mientras 73 por ciento dice lo contrario (…) 10 puntos porcentuales más que en 2011 (63 por ciento). En otras palabras, el Estado ha ido desmantelando su capacidad de eficacia en responder a las demandas. Esto coincide con el declive de la democracia a partir de la década de 2010”.
Y continúa: “Al indagar (en) los servicios del Estado, observamos el mismo fenómeno de aumento de insatisfacción a partir de principios de la década de 2010. La educación pública entre 2009 y 2011 alcanza una satisfacción de 54 y 55 por ciento, respectivamente, disminuyendo a 53 en 2015 y 40 en 2026. Los hospitales públicos tienen evolución similar, disminuyendo de 46 por ciento en 2009 a 28 por ciento en 2026. El sistema judicial, por su parte, cae de 33 a 22 por ciento”. Conviene decir que en el caso de México, el porcentaje de aprobación para los hospitales públicos es de 36, para la educación pública de 49 y para el sistema judicial un precario 27.
Una lectura atenta y productiva del informe, lejos de permitir ligerezas o proponer otros datos, debería llevarnos a concluir que los principales actores políticos y los diversos gobiernos han sido no sólo incapaces de producir un nuevo orden reconocible en leyes y conductas –para todos–, sino en concretar la reforma necesaria del Estado destinada a reconstituir las relaciones sociales y sus compromisos fundamentales, los que tienen que ver con la seguridad y el bienestar de los mexicanos.
Reforma que, hay que seguir subrayando, tendrá que enfocar(se) en auspiciar una nueva relación entre la economía y la política, contemplar un fortalecimiento sostenido de las finanzas públicas mediante una reforma hacendaria. Ser capaces, dicho en breve, de discutir la conducción económica desde el mirador del Estado transformado para rencauzar el crecimiento sostenible, la equidad social y la propia política democrática.
