En Occidente, en el subcontinente y en México, las instituciones y las capacidades de rendición de cuentas de la democracia constitucional, que garantizaban lo que se conoce como accountability horizontal, se han venido desinstalando o desapareciendo. Todo ello se encuadra en la ola ocasionada por movimientos populistas que confrontan la idea de dicho modelo, el de la democracia liberal, y proponen sustituirlo por uno que apuesta por la lógica plebiscitaria. El primer modelo, recordémoslo, divide el poder y lo equilibra a través de contrapesos institucionales, originados desde el diseño constitucional mismo; el segundo concibe a las mayorías como único límite legítimo y válido al poder.
El resultado de dichos cambios ha sido una limitación de los mecanismos que el Estado posee o poseía para investigar y, en su caso, castigar actos de corrupción, abusos, omisiones o inclusive la incapacidad de sus operadores. La postura retórica de tales ofertas políticas es argumentar que el pueblo, de manera directa y sin intermediarios, debe premiar o castigar las formas, decisiones, aciertos o errores del poder, revocando su confianza o ratificándola a través del instrumento insigne de la democracia electoral: el voto. Es decir, se pretende que la rendición de cuentas sea vertical, ejercida directamente por la sociedad a través del castigo o reconocimiento de los resultados de gobierno el día de las elecciones. Decidir, en un solo acto, no solo quién gobierna, sino también cómo lo hizo, cómo promete hacerlo en el futuro y el grado de satisfacción que su oferta política ha logrado entre los votantes.
La promesa no suena para nada mal. Sin embargo, desde siempre se ha sabido incompleta; inclusive si coincidimos en que no hay mejor ejercicio de rendición de cuentas en una democracia que el respaldo o rechazo del ciudadano a través del voto, para que las personas lleguen a esa determinación, se requieren procesos deliberativos que solo pueden ser fructuosos si gozan de la información necesaria para hacerse de los elementos de juicio para tomar la decisión de a quién dar su confianza en las urnas. Tales elementos de juicio no pueden confiarse a la voluntad del poder y de quienes lo detentan. De tal forma que, ante una dinámica en la que es evidente que se sabe lo que se quiere que se sepa, figuras como las filtraciones o investigaciones periodísticas, cuyos indicios provienen de las dinámicas de competencia interna en los gobiernos, se multiplican y colman la agenda pública.
Dadas las circunstancias y el desmantelamiento de tales instrumentos de control horizontal, lo que le queda a una sociedad es el consumo del escándalo y el consecuente escarnio social, que, a la postre, como lo demuestran los últimos resultados electorales en Latinoamérica, se traduce en alternancias. Incluso regímenes que habían logrado un sistema semiautoritario (o híbrido), mediante reformas constitucionales, como en el caso de Orbán en Hungría el pasado abril, terminan siendo vencidos por mayorías que se cobran los agravios que antes toleraron, por la única vía que les queda: las elecciones.
El voto es, por supuesto, un derecho valioso e irrenunciable, y la alternancia que produce es, en sentido estricto, rendición de cuentas vertical: una sanción política a quienes gobernaron. Pero el respeto a ese valor y su garantía no pueden agotarse en sí mismos: para que se dimensione en todo lo que significa, el voto debe darse informado, como resultado de un proceso de reflexión y deliberación.
La alternancia es también una manifestación de los límites, así sean temporales, del poder y su ejercicio, que, por una u otra vía, tiende a agotarse y a pagar las consecuencias de su uso (y, peor aún, su abuso).
La consecuencia inherente es que, como lo demuestra la historia, todo poder, por más consolidado que esté, paga tarde o temprano sus fallos y la autocomplacencia alimentada por su soberbia. Peor les va a los que, suponiéndose una excepción a la regla, se enteran de que la historia, de hace unas décadas para acá, se desarrolla a ritmos acelerados, gestándose cada día un nuevo acontecimiento que, apenas unas horas antes, era imprevisible. Y cuando ni las urnas alcanzan a cobrar la factura, queda un último tribunal, más lento, pero que no prescribe: el de la historia. Dicho juicio no siempre es justo; suele ser parcial y sesgado.
En conclusión: en la vida pública se rinde cuentas de una u otra forma, sea por la vía institucional, por la vía política, por el escarnio social, por la derrota electoral o, en última instancia, por el juicio de la historia. A veces, por todas las anteriores.
@CarlosETorres_
