Enrique Vidal Olascoaga, abogado acompañante de ejidos de Jiménez del Teul, advirtió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desconocerá las afectaciones que provocará el proyecto de la presa Milpillas en las comunidades en el litigio que se lleva a cabo respecto al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Recordó que la suspensión provisional obedece a que la dependencia federal avaló el MIA, a pesar de que se reconocen las afectaciones e impactos de la presa a las comunidades, entre ellas la reducción del caudal del río en 90 por ciento.
Al respecto, detalló que estos amparos se promovieron en favor de ejidos y habitantes de las comunidades argumentando el derecho humano al agua y al medio ambiente, así como en materia agraria y derechos de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, a la espera de que haya una resolución para obtener una suspensión definitiva.
Comentó que, en respuesta, la Semarnat ya emitió un informe preliminar para responder a la suspensión provisional, pero se advierte que mantendrá la postura de que el proyecto no genera afectaciones a las comunidades. Es decir, “encontramos una secretaría que está dispuesta a litigar las afectaciones a los habitantes”.
Vidal Olascoaga expuso que la promovente del proyecto es la Secretaría de Finanzas del gobierno de Zacatecas y la administración está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con un presupuesto total de más de 10 mil millones de pesos a dispersarse durante cinco años.
Es decir, se trata de un proyecto de infraestructura pública promovido conjuntamente por los gobiernos federal y estatal y lo justifican con el argumento de proveer de agua potable a la región urbana de Fresnillo y Zacatecas.
En ese sentido, dijo que los amparos impugnan la viabilidad ambiental, hídrica, técnica y social del proyecto, ya que la obra implica la construcción de un acueducto de 166 kilómetros de largo, pero la MIA y la autorización condicionada de la Semarnat solo evalúan una primera etapa de cinco kilómetros de acueducto, lo que impide valorar los impactos acumulativos que tendría en su totalidad.
Aunado a ello, dijo que el propio MIA reconoce que habrá una reducción del 90 por ciento del caudal del río Atenco, lo que técnicamente significará la extinción de un río del que se abastecen distintas especies de flora y fauna, algunas de ellas protegidas.
Vidal Olascoaga también mencionó que el MIA se desconoce la autorización que debería haber de cinco ejidos, mismos que durante muchos años se han pronunciado en contra del proyecto, lo cual ignora la Semarnat.
Informó que la Semarnat ya impugnó una de las suspensiones provisionales y del resto de los juicios de amparo apenas se está notificando, de manera que este proceso llevará varios meses y mientras tanto la suspensión provisional detiene cualquier tipo de trámite jurídico, administrativo, de adquisición y de gasto público en torno al proyecto.
