Quito. Los integrantes de las fuerzas armadas estadunidenses, empleados civiles del Departamento de Guerra, empresas extranjeras contratadas o subcontratadas por esa dependencia y sus trabajadores no ecuatorianos podrán ingresar sin necesidad de permisos oficiales y contarán con inmunidad para cualquier acción de carácter judicial, tras el acuerdo ministerial del gobierno de Daniel Noboa, que se respalda en el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) entre Quito y Washington.
Esto ocurrió el mismo día que el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunía en Quito con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y el titular del Comando Conjunto, Henry Delgado, para revisar los avances de las operaciones conjuntas, supuestamente para el combate contra el “narcoterrorismo”.
De acuerdo con ese documento, todas esas personas tendrán hasta 180 días no renovables dentro de cada año, con entradas múltiples, mediante un registro denominado Actos de comercio y actividades, sin necesidad de una visa ecuatoriana. Para ingresar bastará con llevar pasaporte o identificación oficial estadunidense, una orden colectiva de movimiento o individual de viaje expedida por el Departamento de Guerra de Estados Unidos.
El documento detalla otras ventajas como la exención de tasas migratorias para el personal y aeronaves estadunidenses; la protección frente a sanciones administrativas; la tramitación diplomática cuando las actuaciones involucren a personas cubiertas por privilegios e inmunidades, con lo cual podrían realizar cualquier tipo de actividad sin responder a autoridades judiciales.
El acuerdo ministerial es también para contratistas y subcontratistas del Departamento de Guerra, a los cuales en una situación regular se les pediría visa de trabajo.
Lo que la normativa no explica es cuántos militares, civiles o contratistas podrían ingresar, si para ello deben quedar identificados o registrados sus nombres, compañías y funciones, las provincias, instalaciones o puertos donde operarán, si portarán armas o participarán directamente en ataques, qué autoridad ecuatoriana aprobará cada misión y qué jurisdicción investigará posibles muertes, lesiones o daños civiles.
Las inmunidades pueden dificultar que autoridades y víctimas ecuatorianas investiguen directamente posibles abusos. Esto adquiere mayor gravedad tras las denuncias sobre ataques a pescadores.
