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■ Exgobernador afirma que figura de donación fue utilizada para regularizar la operación

Niega Alonso Reyes haber recibido terreno donado; la SFP sostiene sus señalamientos

■ González Romo responde que escritura registra subsidio del 100% y lo identifica como integrante del SPAUAZ

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Por: La Jornada Zacatecas •

El exgobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes rechazó haber recibido de manera gratuita un terreno en el fraccionamiento SPAUAZ y aseguró que el predio de 105 metros cuadrados fue adquirido con recursos propios mediante una compraventa realizada alrededor de 2005. Horas después, el secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, respondió que la escritura pública mediante la cual se regularizó el inmueble establece expresamente una donación, un subsidio del 100 por ciento y señala al entonces diputado local como integrante del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ).

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El intercambio ocurrió después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que, como parte de una investigación sobre el patrimonio del exmandatario, localizó documentación relativa a un lote de 105 metros cuadrados ubicado en el fraccionamiento SPAUAZ, en Guadalupe. El contrato presentado por la dependencia, fechado en 2008, señala que el entonces Consejo Promotor de la Vivienda Popular (Coprovi) regularizó una donación realizada por el extinto Instituto Zacatecano de la Vivienda Social a favor de Alonso Reyes.

En entrevista radiofónica con el periodista Paco Elizondo, Alonso Reyes calificó los señalamientos del titular de la SFP como “dolosos” y sostuvo que carecen de sustento. Según su versión, la operación tuvo su origen aproximadamente tres años antes de la regularización documental.

Explicó que alrededor de 2005 le fue ofrecido un lote de 105 metros cuadrados en el fraccionamiento SPAUAZ por Francisco Villanueva, hijo del músico y exdirector de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas Félix Villanueva, con cuya familia, dijo, mantenía una relación cercana.

Alonso Reyes afirmó que Francisco Villanueva había heredado el lote y posteriormente decidió venderlo debido a una necesidad económica. El exgobernador aseguró haber pagado entre 45 mil y 50 mil pesos por el terreno. “Fue un contrato privado de compraventa”, sostuvo, al rechazar que hubiera recibido gratuitamente el inmueble.

También negó haberse presentado como integrante del SPAUAZ para obtener el terreno y señaló que nunca existió una vivienda construida en ese lugar, sino únicamente un lote de 105 metros cuadrados.

Respecto a que el documento oficial describa la operación como una donación, Alonso Reyes argumentó que ése era el mecanismo que Coprovi utilizaba en aquel momento para agilizar la regularización de predios. De acuerdo con su relato, la compra ocurrió en 2005 y el procedimiento concluyó hasta septiembre de 2008.

El exmandatario sostuvo además que la adquisición se encuentra incluida en su declaración patrimonial y aseguró que no existe irregularidad en la operación. Asimismo, rechazó el señalamiento formulado previamente por González Romo sobre la posibilidad de que la entrega del terreno constituyera un soborno.

En la información difundida inicialmente por la SFP, González Romo había señalado que las circunstancias de la operación debían analizarse debido a que Alonso Reyes se desempeñaba entonces como diputado local. Sin embargo, el documento presentado públicamente no establece que el terreno haya sido entregado como contraprestación por alguna actuación del entonces legislador ni utiliza el término “soborno”; esa consideración fue planteada por el secretario como parte de los aspectos bajo revisión.

Responde SFP: “documentos hablan más que las palabras”

Después de las declaraciones del exgobernador, González Romo difundió un video en redes sociales para responder a sus señalamientos y defendió que la información presentada por la dependencia tiene respaldo documental.

El funcionario mostró nuevamente la escritura correspondiente al inmueble y señaló que se trata del folio 13828, documento que, afirmó, puede ser consultado en el Registro Público de la Propiedad. “Vamos a hablar con documentos en la mano, con seriedad”, expresó.

De acuerdo con González Romo, la escritura establece un contrato de donación mediante el cual el Consejo Promotor de la Vivienda entregó un subsidio del 100 por ciento para el predio registrado a nombre de Miguel Alejandro Alonso Reyes.

Agregó que el mismo documento identifica al exgobernador como miembro del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, elemento que también había sido mostrado por la dependencia al dar a conocer inicialmente el caso.

La documentación presentada anteriormente por la SFP efectivamente señala que Alonso Reyes deseaba “regularizar la donación” realizada a su favor respecto del lote número nueve de la manzana seis, con una superficie de 105 metros cuadrados, y lo identifica como miembro del SPAUAZ. También establece que Coprovi regularizó la donación realizada por el extinto Instituto Zacatecano de la Vivienda Social.

González Romo sostuvo que estos elementos respaldan la versión expuesta por la dependencia y reiteró que Alonso Reyes recibió el inmueble cuando se desempeñaba como diputado local. “Los documentos hablan más que las palabras”, señaló.

No obstante, el posicionamiento del secretario no abordó directamente la afirmación central del exgobernador respecto a la existencia de un contrato privado de compraventa con Francisco Villanueva ni presentó documentación adicional que descarte o confirme la existencia de esa operación previa.

Tampoco respondió específicamente al argumento de Alonso Reyes de que la figura de donación habría sido utilizada administrativamente por Coprovi para regularizar compraventas entre particulares, aunque insistió en que la escritura pública disponible establece formalmente una donación y un subsidio total sobre el predio.

Además del caso del terreno, González Romo retomó críticas hacia la administración estatal encabezada por Alonso Reyes entre 2010 y 2016 y utilizó como ejemplo el velódromo construido durante ese sexenio, obra que calificó como un caso de “derroche” y “dispendio” de recursos públicos.

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