Durante décadas, México padeció un sistema político en el que la corrupción no podía entenderse únicamente como la conducta indebida de algunos funcionarios. Fue mucho más profundo: se convirtió en una forma de ejercer el poder, en una red de intereses políticos y económicos protegidos por la impunidad y, demasiadas veces, en un mecanismo para impedir que la justicia alcanzara a quienes ocupaban las posiciones más altas.
Los recientes procesos judiciales contra los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Ernesto Ruffo Appel deben analizarse desde esa perspectiva. Son casos distintos, ocurridos en momentos diferentes y sujetos a investigaciones independientes. Pero ambos colocan frente a la sociedad mexicana una pregunta fundamental: ¿durante cuánto tiempo el poder político sirvió como escudo frente a la justicia?
Ángel Aguirre fue detenido por la Fiscalía General de la República en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las autoridades le atribuyen una probable responsabilidad en conductas relacionadas con la desaparición forzada y el ocultamiento de elementos relevantes para esclarecer lo ocurrido aquella noche de septiembre de 2014.
Doce años después de aquella tragedia que estremeció a México, el caso sigue recordándonos una de las mayores deudas del Estado mexicano: conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y determinar las responsabilidades correspondientes, sin importar el nivel político, económico o institucional de quienes pudieran estar involucrados.
No puede haber nombres intocables cuando se trata de Ayotzinapa.
El caso de Ernesto Ruffo Appel plantea otra dimensión del mismo problema. El exgobernador panista de Baja California fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y tráfico ilegal de hidrocarburos. Las investigaciones federales han puesto bajo escrutinio las operaciones de la empresa Ingemar y la participación de distintas personas relacionadas con ella.
No corresponde a la política sustituir a los tribunales ni anticipar sentencias. Ambos exgobernadores tienen derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Pero tampoco podemos ignorar la dimensión política de que personajes que durante años formaron parte de las estructuras de poder enfrenten hoy investigaciones y procesos judiciales de esta magnitud.
Ahí radica una diferencia fundamental.
Durante el viejo régimen, la pertenencia a determinadas élites políticas podía convertirse en garantía de protección. Gobernadores, dirigentes partidistas, empresarios y altos funcionarios construyeron relaciones de poder capaces de sobrevivir administraciones, investigaciones e incluso escándalos públicos. La impunidad terminó convirtiéndose en una extensión del privilegio.
La Cuarta Transformación surgió precisamente para romper con esa lógica.
Por ello, los procesos contra Aguirre y Ruffo no deben utilizarse para celebrar anticipadamente culpabilidades. Deben servir para reafirmar un principio mucho más importante: en México nadie debe estar por encima de la ley.
La lucha contra la corrupción adquiere legitimidad cuando deja de ser discurso y se convierte en instituciones capaces de investigar a quienes antes parecían inalcanzables. Y esa misma regla debe aplicarse a todos: adversarios, aliados, funcionarios actuales y anteriores. Si existen elementos para investigar, que se investigue; si existen responsabilidades, que los tribunales las determinen; si alguien es inocente, que la justicia también lo establezca.
Eso significa transformar verdaderamente al país.
Resulta además inevitable recordar que buena parte de la oposición ha dedicado los últimos años a acusar sistemáticamente a Morena de representar aquello mismo contra lo que nació nuestro movimiento. Los hechos obligan a abandonar las campañas de etiquetas y regresar al terreno de las pruebas. La corrupción y la delincuencia no tienen ideología: tienen responsables, cómplices, beneficiarios y redes de protección que deben ser investigadas.
Morena no debe responder a esas acusaciones construyendo una impunidad propia. Hacerlo significaría repetir aquello que prometimos transformar.
Nuestra respuesta debe ser exactamente la contraria: profundizar la lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones de procuración de justicia y garantizar que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar.
La transformación no puede consistir simplemente en sustituir a quienes ocupaban los espacios del poder. Debe significar cambiar las reglas con las que ese poder se ejerce.
Por eso los casos de Aguirre y Ruffo representan una prueba para el país y también para nuestro movimiento. Si durante décadas México padeció un régimen donde el poder podía significar impunidad, nuestra responsabilidad histórica es construir uno donde el poder implique mayores obligaciones frente a la ley.
Ese es el sentido profundo de la lucha que inició millones de mexicanas y mexicanos: separar el poder político del poder económico, combatir la corrupción y terminar con la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda frente a la justicia.
La transformación será verdadera cuando ningún apellido, ninguna fortuna, ningún partido y ningún cargo público puedan detener la acción de la justicia.
Porque acabar con la corrupción no significa perseguir adversarios.
Significa, precisamente, dejar de proteger poderosos.
