La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), no han recibido notificación formal sobre las suspensiones provisionales otorgadas a ejidatarios en contra de la Presa Milpillas, informó Susana Rodríguez Márquez, titular de esta dependencia estatal.
“Consultamos con las instancias federales que estamos involucradas en el proyecto y en ambas nos externaron, al igual que nosotros, que no habían recibido ninguna notificación respecto a esas suspensiones», expresó.
Sin embargo, dijo que la información que se tiene sobre las suspensiones provisionales es que se derivan de amparos en contra del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que avaló la Dirección General de Impacto y Regulación Ambiental de la Semarnat y no contra el proyecto en sí mismo, ya que no se puede suspender una obra que todavía no comienza.
Recordó que la Semarnat emitió una aprobación condicionada del MIA y los amparos refieren a este dictamen, de manera que la SAMA continuará con sus labores para avanzar con el proyecto.
Es decir, Rodríguez Márquez indicó que los ejidatarios se ampararon “en contra de la resolución aprobatoria de la Semarnat del MIA, pero no contra el proyecto Milpillas en su conjunto” porque “no se puede suspender algo que no ha iniciado”.
No obstante, reiteró que la SAMA continúa con sus funciones para seguir avanzando con el proyecto, entre ellos la compra de terrenos a los particulares, tema en donde ya se tiene un avance del 70 por ciento.
“En esta administración hemos avanzado en la compra de predios de particulares y llevamos buen porcentaje, aunque no en su totalidad, además de que uno de los predios importantes, cerca de la cortina, corresponde al ejido Atotonilco que es uno de los que se ha manifestado en contra del proyecto”, dijo.
Recordó que el Gobierno Federal etiquetó en el presupuesto de este año un monto de 2 mil millones de pesos para iniciar con la construcción de la presa, pero todo indica que no será posible y el recurso será redireccionado, mientras que el estado etiquetó 20 millones para la compra de predios que, en caso de no ejercerse, se destinaría a otro rubro.
Por último, aseguró que la SAMA no ha presionado ni coaccionado a los habitantes de la región para imponer la presa y solamente han acudido para informar sobre el proyecto y no ha sido posible convencer a un sector de la población.
