Las cifras publicadas por el Banco de México vuelven a poner sobre la mesa una verdad que con frecuencia permanece relegada por el debate político: el principal sostén de millones de hogares mexicanos continúa siendo el trabajo de quienes emigraron en busca de oportunidades que su propio país les negó durante décadas. En junio de este año las remesas alcanzaron un nuevo crecimiento y, una vez más, Zacatecas apareció como la entidad con la mayor recepción per cápita del país. No es un dato menor. Es el retrato de una historia de desarraigo, sacrificio y solidaridad que ha definido a esta tierra desde hace generaciones.
Mientras desde Washington se recrudece el discurso xenófobo y se multiplican las medidas para dificultar la vida cotidiana de las personas migrantes, los trabajadores mexicanos vuelven a demostrar una capacidad de resistencia que desmiente las narrativas oficiales de quienes pretenden convertir la movilidad humana en un problema de seguridad nacional. Las restricciones impulsadas por la administración de Donald Trump para limitar el acceso de migrantes al sistema financiero no han logrado frenar el flujo de remesas. Lejos de ello, los envíos mantienen su dinamismo gracias a la fortaleza de las redes familiares y comunitarias construidas durante décadas por quienes nunca han dejado de mirar hacia México.
Resulta imposible comprender a Zacatecas sin su migración. Sus pueblos, su economía, su cultura y hasta su arquitectura están atravesados por la presencia permanente de quienes cruzaron la frontera para trabajar en los campos agrícolas, en la construcción, en los servicios y en la industria estadounidense. Cada vivienda levantada con recursos enviados desde Chicago, Los Ángeles, Dallas o Denver constituye un recordatorio de que el llamado “milagro” de las remesas descansa sobre jornadas extenuantes, separación familiar y condiciones laborales que con frecuencia bordean la precariedad y la discriminación.
Las remesas no son únicamente una variable macroeconómica. Son el salario de trabajadores que pagan impuestos en Estados Unidos, dinamizan el consumo en México y sostienen economías regionales enteras. Son el resultado de mujeres y hombres que enfrentan redadas, discursos de odio, incertidumbre jurídica y barreras institucionales, pero que mantienen intacto el compromiso con sus comunidades de origen. Son, en el fondo, una transferencia permanente de solidaridad desde quienes menos tienen hacia un país que durante demasiado tiempo convirtió la migración en válvula de escape frente a la falta de oportunidades.
Por ello, sería un error celebrar el crecimiento de las remesas sin interrogarse sobre las condiciones que las hacen indispensables. Ninguna sociedad puede asumir como signo de éxito que una parte sustancial de su desarrollo dependa de la expulsión constante de su población. La migración ha sido, en buena medida, la consecuencia de políticas económicas que privilegiaron la concentración de la riqueza, el abandono del campo, la desindustrialización y la reducción del papel del Estado en la promoción del desarrollo regional. Los migrantes han corregido con su esfuerzo cotidiano los desequilibrios que los gobiernos fueron incapaces de resolver.
En Zacatecas, esa paradoja alcanza su máxima expresión. La entidad encabeza las remesas per cápita y, al mismo tiempo, figura entre los estados con mayor intensidad migratoria del país. Es decir, el liderazgo económico derivado de los envíos desde el exterior tiene como contraparte la ausencia de miles de jóvenes, la fragmentación de familias y el envejecimiento de numerosas comunidades rurales. Las remesas alivian las consecuencias de ese fenómeno, pero no sustituyen la obligación del Estado de generar empleos dignos, inversión productiva y oportunidades para que migrar sea una decisión libre y no una necesidad.
En ese contexto, el reconocimiento a nuestros paisanos debe dejar de limitarse a ceremonias simbólicas y discursos de ocasión. México necesita una política de Estado que coloque la protección de las personas migrantes en el centro de la agenda nacional. Ello supone fortalecer la red consular, ampliar la defensa jurídica, combatir los abusos laborales, responder con firmeza diplomática frente a disposiciones discriminatorias y consolidar mecanismos binacionales de protección de los derechos humanos.
Pero la responsabilidad no termina ahí. También resulta indispensable transformar la relación con la diáspora mexicana. Zacatecas posee uno de los capitales migratorios más importantes del continente. Miles de profesionistas, investigadores, empresarios, técnicos y trabajadores altamente calificados han acumulado experiencia, conocimientos y redes internacionales que podrían convertirse en un poderoso motor de desarrollo para la entidad.
Es momento de impulsar políticas que incentiven la repatriación voluntaria del talento zacatecano, faciliten el retorno de quienes deseen invertir en su tierra, fortalezcan el intercambio científico, tecnológico, cultural y comercial entre ambos países y generen mecanismos para que las remesas evolucionen de instrumento de supervivencia a palanca de desarrollo productivo. No se trata de pedir a los migrantes que sustituyan las responsabilidades del Estado, sino de construir una alianza estratégica entre las instituciones públicas y una comunidad transnacional cuya capacidad organizativa ha quedado demostrada una y otra vez.
Los clubes de migrantes, que durante años financiaron obras comunitarias donde las autoridades estuvieron ausentes, constituyen un ejemplo de organización social que merece ser fortalecido desde una nueva perspectiva. Hoy la agenda ya no puede limitarse a pavimentar calles o rehabilitar plazas. El desafío consiste en crear cadenas de valor, impulsar proyectos de innovación, fortalecer la educación superior, promover el comercio binacional y convertir la experiencia migratoria en un activo para el desarrollo regional.
Las remesas seguirán siendo una fuente indispensable de bienestar para millones de familias. Sin embargo, el verdadero homenaje que México puede rendir a sus migrantes consiste en garantizarles derechos, protegerlos frente a políticas excluyentes y construir un país donde emigrar deje de ser una obligación económica.
Los paisanos zacatecanos han demostrado, una vez más, que la solidaridad no reconoce fronteras. Son ellos quienes, desde el otro lado del río Bravo, sostienen hogares, mantienen vivas comunidades enteras y fortalecen la economía nacional. Corresponde ahora al Estado mexicano estar a la altura de ese compromiso: defenderlos con la misma determinación con la que ellos han defendido, durante décadas, a sus familias y a su país.
Porque detrás de cada remesa no sólo viajan dólares. Viajan años de trabajo, nostalgia, identidad y una lealtad inquebrantable hacia la tierra que nunca dejaron de llamar hogar.
