El Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió este martes que la dación en pago del Hotel Parador del Issstezac no es equiparable a las enajenaciones de bienes del instituto aprobadas durante administraciones priistas, luego de que en conferencia de prensa se cuestionara por al menos 21 transferencias de bienes autorizadas entre 2016 y 2021, cuyo valor conjunto supera los mil millones de pesos.
Los priistas afirmaron que aquellas operaciones y, en general, las realizadas por las administraciones de Alejandro Tello, Miguel Alonso, Amalia García, Ricardo Monreal y anteriores, buscaron que el propio Issstezac obtuviera recursos para cubrir pensiones, jubilaciones y créditos a trabajadores. Esto lo contrastaron con la dación del Hotel Parador, que describieron como un mecanismo para que el Gobierno del Estado cobre un adeudo sin allegar nuevos recursos al instituto.
Durante la conferencia, el periodista Andrés Vera mencionó la enajenación de un predio valuado en 486.6 millones de pesos y la transferencia de otro inmueble valuado en 647.6 millones para cubrir un adeudo del Cobaez con el Issstezac. En el intercambio se recordó que parte de esas enajenaciones y desincorporaciones fueron aprobadas por la 62 y la 63 Legislaturas, en las que votaron a favor legisladores que hoy pertenecen a distintas fuerzas políticas, entre ellos Isadora Santiváñez Ríos y Carlos Peña Badillo (PRI), Norma Castorena (PRI), Lyndiana Bugarín (PVEM) y Julia Olguín (Morena).
En respuesta, la diputada Isadora Santiváñez reiteró que el Hotel Parador será entregado al Gobierno del Estado para extinguir un adeudo, en lugar de que el propio instituto disponga del inmueble para obtener liquidez. Añadió que la figura de dación en pago, incorporada a la legislación federal en 2023, exige acreditar que el deudor no tiene otra forma de cubrir sus obligaciones y subrayó que el avalúo queda en manos del IMSS, que sólo reconoce hasta el 60 por ciento del valor comercial del inmueble, con los gastos legales y administrativos de la operación recayendo en el propio deudor.
“Pudieron haberle dado recurso al Cobaez, que el Cobaez le mandara 300 o 500 millones al Issstezac, y con eso el Issstezac le pagara al Gobierno del Estado, si de lo que estaban urgidos era de dinero”, planteó el dirigente estatal priista y diputado local, Carlos Peña.
Agregó que otra opción habría sido utilizar los bienes inmuebles del instituto como garantía para acceder a un crédito bancario que permitiera impulsar una reforma financiera del Issstezac, en lugar de desprenderse de uno de sus principales activos.
Sobre la sesión del pasado lunes 6 de julio, los priistas reiteraron que el proceso legislativo presentó irregularidades, entre ellas la omisión de la segunda lectura del dictamen, la integración de la Mesa Directiva con legisladoras desempeñando indistintamente funciones de primera y segunda secretaría, así como la restricción de acceso a diputados de oposición en la sede alterna del Cozcyt. Adelantaron que esos señalamientos, junto con presuntas deficiencias del expediente técnico, formarán parte de la impugnación jurídica del decreto y no descartaron promover acciones en materia penal.
