Hay una pregunta que hasta hoy el gobierno de México se atreve a formular en voz alta frente a Washington: ¿quién miente o quién mintió? La hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, y no por gusto retórico, sino porque los hechos así lo demandan.
El 25 de julio de 2024, una aeronave aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Días después, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue categórico: ninguna agencia estadunidense habría participado en el operativo. “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente”, declaró. México, gobernado entonces por Andrés Manuel López Obrador, pidió explicaciones formales varias veces. La respuesta fue siempre la misma: negativa.
Dos años después, esa versión se desmorona por sí sola. Una nota periodística revela que la avioneta utilizada en el traslado está expuesta en un museo de aviación militar en Nuevo México, donada por el propio FBI, que además la presenta como parte de “una de sus operaciones”. No es una filtración anónima ni una acusación sin sustento; es la misma agencia estadunidense exhibiendo, con orgullo institucional, lo que su embajador negó rotundamente.
Lo relevante aquí no es sólo la contradicción puntual, sino lo que revela sobre un patrón que México conoce de memoria. Desde el siglo XIX, la relación bilateral ha estado marcada por episodios en los que Washington actúa primero y explica –o no– después.
La pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1848 fue el resultado de una guerra de expansión disfrazada de conflicto fronterizo. La ocupación de Veracruz en 1914, ordenada por Woodrow Wilson bajo el pretexto de un incidente diplomático menor, fue en realidad una intervención militar directa para inclinar la balanza de la Revolución Mexicana a favor de los intereses petroleros estadunidenses.
Más cerca en el tiempo, la llamada Operación Cóndor contra el narcotráfico en los años 70 y las posteriores certificaciones unilaterales en los 90 –donde Estados Unidos evaluaba anualmente si México “cooperaba” lo suficiente en la guerra contra las drogas, bajo amenaza de sanciones– consolidaron una lógica: Washington se reservaba el derecho de operar en territorio mexicano, o de juzgar la soberanía mexicana, según le convenía y sin ofrecer explicaciones.
El levantón de Ismael «El Mayo» Zambada encaja en ese manual con precisión. Zambada, según ha declarado por conducto de su defensa legal, no se entregó voluntariamente. Asegura haber sido engañado, citado a una reunión y trasladado por la fuerza hasta una pista clandestina. Si esa versión se confirma, y si efectivamente el FBI u otra agencia estadunidense operó en suelo mexicano sin conocimiento ni autorización del gobierno de México, no se trataría de un simple malentendido diplomático, sino de una violación a la Constitución mexicana, a la Ley de Seguridad Nacional y a los tratados internacionales que rigen la cooperación entre ambos países.
La dignidad no es un eslogan. Lo que distingue a este momento de otros episodios similares en la historia bilateral es la respuesta. Durante décadas, la postura mexicana ante estos atropellos osciló entre el silencio diplomático y la protesta simbólica sin consecuencias.
Hoy el gobierno mexicano documenta cronológicamente y con fechas precisas cada contradicción, respuesta que no surge de la indignación momentánea, sino de la evidencia acumulada. La solicitud formal de información en julio de 2024, la negativa pública de Salazar en agosto de ese año y la exhibición del avión por parte del FBI en 2026 constituyen una secuencia documental que no puede ni debe ser ignorada.
La captura de “El Mayo» Zambada desató una ola de violencia en Sinaloa que disparó los homicidios dolosos en su momento más crítico, y aunque las cifras han mejorado sustancialmente, la fractura entre facciones del cártel de Sinaloa sigue cobrando vidas.
Si un embajador aseguró algo que resultó falso, en el marco de una relación bilateral que exige buena fe, la pregunta de la presidenta Sheinbaum no es un exabrupto: es el cuestionamiento mínimo que cualquier país soberano tiene derecho a hacer. La historia de México con su vecino del norte ha estado escrita, con demasiada frecuencia, en el idioma de la excepción.
El que hoy la pregunta, “¿quién miente, o quién mintió?”, se formule abiertamente, con nombre y fecha, no es propaganda ni nacionalismo de ocasión. Es la exigencia de que la relación entre ambos países se sostenga sobre hechos verificables.
La confianza y la cooperación no pueden darse cuando hay versiones contradictorias; la relación México-Estados Unidos debe descansar en los hechos, no en el engaño.
