Los nuevos entes garantes en materia de transparencia deberán resolver recursos de revisión, imponer medidas de apremio y sanciones, capacitar a servidores públicos y garantizar el acceso a la información dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, luego de que la desaparición del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) distribuyó estas funciones entre distintas instituciones.
Ante el cuestionamiento de si estas nuevas autoridades garantes cumplirán con las obligaciones que antes recaían en el instituto, Miguel Ángel Ovalle Flores, titular de Transparencia para el Pueblo de Zacatecas, defendió que el derecho de acceso a la información permanece vigente, aunque reconoció que existen dudas y falta de claridad sobre las nuevas responsabilidades entre algunos de los órganos involucrados.
“Anteriormente eran un sujeto obligado. Hoy pasan a ser una autoridad garante, tienen otra responsabilidad”, señaló.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, Transparencia para el Pueblo atenderá los medios de impugnación relacionados con dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos del Poder Ejecutivo estatal, así como con los municipios y sus organismos descentralizados municipales e intermunicipales.
El nuevo modelo también reconoce como autoridades garantes al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, los órganos internos de control o equivalentes de los organismos constitucionales autónomos, el órgano interno de control de la Legislatura local, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) respecto de los partidos políticos con acreditación o registro estatal y el Centro de Conciliación Laboral en materia sindical.
Ovalle Flores reconoció que uno de los mayores retos de esta primera etapa está en los órganos internos de control y en las nuevas autoridades garantes, pues en ambos casos han detectado dudas sobre las funciones que deberán desempeñar bajo el nuevo modelo.
Explicó que las nuevas autoridades garantes no solo deberán atender inconformidades de los ciudadanos cuando se niegue información pública, sino también promover la cultura de la transparencia, brindar capacitación, emitir recomendaciones, verificar el cumplimiento de obligaciones y, en su caso, imponer medidas de apremio y sanciones. Por ello, consideró necesario fortalecer la profesionalización de quienes asumirán estas responsabilidades.
Como ejemplo de las resistencias que persisten, el titular de Transparencia para el Pueblo mencionó que existe al menos un expediente heredado del IZAI prácticamente listo para iniciar el trámite de un crédito fiscal contra un ayuntamiento que no entregó información pública. Según relató, el municipio solo proporcionó los documentos requeridos cuando fue notificada de que procedería una sanción.
En caso de que una autoridad garante no resuelva una solicitud de información, Ovalle Flores señaló que el ciudadano conserva como último recurso la vía del amparo, aunque consideró que ese sería el escenario menos deseable.
Por ello, llamó a la ciudadanía a seguir utilizando los mecanismos de acceso a la información y exigir a las autoridades garantes el cumplimiento de sus obligaciones.
