Abraham Castro Trejo, exalcalde de Pánuco y uno de los líderes del grupo que mantiene la toma del Congreso del Estado, afirmó que al movimiento se han integrado alrededor de 4 mil productores vinculados a la llamada “costalera en tránsito”. Explicó que la batalla jurídica que emprenderá el grupo tiene como objetivo que las autoridades reconozcan y cumplan el convenio firmado para el acopio de mil 500 toneladas de frijol, de las cuales, según los inconformes, faltarían por recibir alrededor de mil 200.
En entrevista con este medio, Abraham Castro precisó que aún no se han decidido las acciones con las que escalarán la protesta, pese a que Rubén Hernández Muñiz, en conferencia de prensa, habló de tomar el aeropuerto o las vías del tren.
Castro Trejo explicó que si se hubieran abierto de manera regular los cuatro centros de acopio pactados —Ejido de Santa Rita, en Vetagrande; Pozo de Gamboa, en Pánuco; cabecera municipal de Morelos, y Plateros, en Fresnillo—, las mil 500 toneladas se habrían recibido en pocos días. Reprochó que los centros abrían sólo por lapsos, cerraban y no daban continuidad al ingreso del producto.
Federico Nájar Castillo precisó en conferencia de prensa que, según sus cálculos, sólo se han recibido 310 toneladas, equivalentes a unos 60 beneficiados, por lo que faltarían entre 240 y 245 productores por atender, algunos por recibir costalera y otros por ingresar su producto.
La cifra contrasta con la versión de Alimentación para el Bienestar, que ha señalado que el grupo fue atendido con 441 productores y más de mil 900 toneladas. Castro rechazó esa versión y aseguró que las autoridades adjudican al movimiento volúmenes que, según él, corresponden a otros productores.
Castro también negó que el grupo opere como intermediario. Cuestionado sobre si manejan listas de productores, respondió que “la gente se ha arrimado” y que cada productor registra su propuesta; sin embargo, no precisó cuántos de los nombres incluidos en la relación difundida por Alimentación para el Bienestar corresponden efectivamente al movimiento ni de qué comunidades provienen.
En conferencia de prensa, el abogado Jorge Rada Luévano informó que el movimiento llevará el caso por la vía jurídica, luego de presentar escritos ante autoridades estatales y órganos de control por las detenciones del 9 de mayo y por el cumplimiento del convenio de acopio.
Rada Luévano calificó como una irregularidad grave que la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado haya respondido por escrito que no localizó el convenio firmado con los productores, pese a que, según dijo, el documento fue celebrado ante notario público y cuenta con certificación.
El abogado informó que ese mismo día ingresarían solicitudes individuales para pedir respuestas por escrito, fundadas y motivadas, respecto al acopio, con datos como fecha de siembra, variedad de frijol, fecha de cosecha y toneladas producidas. Advirtió que, de no haber respuesta, acudirán ante jueces de distrito.
Los manifestantes también subrayan que debe respetarse el precio de garantía de 27 pesos por kilo. Rada planteó que modificar las reglas del programa en perjuicio de los productores podría constituir una regresión en derechos sociales, argumento que dijo llevarán ante la vía judicial.
Respecto a la posibilidad de una compra por parte de Aguascalientes, Castro precisó que sólo existen pláticas y que aún no hay convenio formal. Relató que la gobernadora Teresa Jiménez les dijo que su administración ya había comprado 8 mil toneladas al Banco del Bienestar, a 8 pesos por kilo, lo que habría liberado espacio de almacenamiento, pero no resolvió el problema.
Según Castro, la mandataria planteó inicialmente hablar con el gobernador de Zacatecas para ver si éste asumía la diferencia entre el precio de 16 pesos y el de garantía de 27 pesos por kilo. Sin embargo, dijo que los inconformes le aclararon que no buscaban una gestión a través del gobierno estatal, sino una compra directa a productores. En ese contexto, señaló que Jiménez hizo una propuesta inicial de 14 pesos por kilo, que todavía tendría que discutirse con los productores y que podría revisarse en los próximos días.
Aunque ese precio queda por debajo del precio de garantía que reclaman, Castro justificó dar seguimiento a la propuesta al advertir que, si cierran los centros de acopio, el frijol podría caer hasta 5 pesos por kilo en manos del coyotaje.
