En su ensayo titulado «Desarrollo y democracia: teoría y actualidad en Estados Unidos (EU) de América», el Dr. Víctor Figueroa nos invita a cuestionar la visión optimista de que el progreso económico conduce inevitablemente a una mejor democracia. Figueroa argumenta que, en niveles avanzados de desarrollo, el sistema entra en una contradicción donde las instituciones pierden su carácter incluyente para volverse herramientas de exclusión y beneficio de minorías. Esta premisa resulta fundamental para entender la grave crisis que atraviesa hoy la democracia representativa, una crisis cuyas implicaciones son mucho más profundas y peligrosas de lo que la narrativa oficial suele admitir.
La hipótesis que debemos sostener es que la democracia representativa ha dejado de ser un mecanismo de voluntad popular para convertirse en una cáscara vacía, un «envoltorio» que oculta una realidad extractiva. En este escenario, la política ya no se define en la plaza pública, sino en los pasillos donde el poder económico y, de manera creciente, el poder criminal, dictan las reglas. Casos como el que reportaron desde Sinaloa la semana pasada, se presenta como un ejemplo paradigmático de esta descomposición; representa ese punto de quiebre donde la legitimidad del voto se desvanece ante la sospecha de pactos que no responden a la ciudadanía, sino a estructuras de control territorial ajenas al Estado de derecho.
Esta degradación política confirma la visión de teóricos radicales como Samuel Huntington, quienes sugieren con cinismo que un gobierno puede ser corrupto, ineficiente e indeseable sin dejar de llamarse democrático, siempre y cuando mantenga la formalidad de las elecciones. Lo que observamos hoy es precisamente ese «vaciamiento» moral: una democracia procedimental donde lo que importa es ganar a cualquier costo. Pareciera que, en la actualidad, el éxito electoral es inalcanzable sin la integración de recursos provenientes de la criminalidad. Esta infiltración no es un accidente, sino una consecuencia de un sistema que ha priorizado la acumulación de poder sobre la ética pública, permitiendo que la violencia y el dinero ilícito se conviertan en los nuevos grandes electores.
La gravedad de esta crisis reside en que, cuando los recursos criminales se vuelven indispensables para acceder al poder, el Estado pierde su razón de ser. Ya no se trata de instituciones que protegen derechos, sino de estructuras que administran intereses oscuros, validando lo que Acemoglu y Robinson denominan instituciones extractivas. Si el desarrollo económico y político sigue este camino de involución, la democracia representativa terminará por colapsar bajo el peso de su propia hipocresía. Es imperativo reconocer que estamos ante un cambio de época donde, si no se rompe este vínculo peligroso, cualquier discurso, de derecha o de izquierda, pasará a ser solo una nota al pie de página de nuestra historia.
