En México se perfila un escenario inquietante: sectores de la oposición han comenzado a insinuar —cuando no a promover abiertamente— la intervención o presión extranjera como atajo para recuperar el poder político. No es un fenómeno nuevo, lo hemos visto en sinnúmero de ocasiones y Maximiliano es uno de ellos, pero sí alarmante en un país cuya historia está marcada por las consecuencias de subordinar la soberanía nacional a intereses externos.
El contexto actual agrava la preocupación. La nueva andanada desde Estados Unidos coincide con la revelación de operaciones de agentes de la CIA en Chihuahua, así como con la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa, en medio de acusaciones formuladas desde ese país. Más allá de la veracidad o no de tales señalamientos —que deben esclarecerse conforme a derecho—, resulta problemático que estos episodios se utilicen como palanca política interna sin una defensa clara de la soberanía nacional.
La debilidad programática de una parte de la oposición es cada vez más evidente. Incapaz de articular un proyecto de nación alternativo al modelo que durante décadas profundizó la desigualdad, ha optado por la descalificación sistemática y, peor aún, por la búsqueda de respaldo fuera de las fronteras. Esta estrategia no sólo revela una crisis de ideas, sino una preocupante renuncia a la política como ejercicio soberano.
Se puede —y se debe— ser opositor en una democracia. La crítica es indispensable para el equilibrio del poder y la rendición de cuentas. Pero hay una línea que no debería cruzarse: la que separa la legítima disputa interna de la tentación de colocar el destino del país en manos de gobiernos o intereses extranjeros. La historia nacional ofrece ejemplos claros de los costos de ese extravío.
Basta recordar el episodio del Segundo Imperio Mexicano, cuando un grupo de conservadores, incapaz de sostener su proyecto político en el terreno nacional, promovió y facilitó la llegada de Maximiliano I de México. Aquella decisión no sólo derivó en una guerra y en la intervención militar extranjera, sino que evidenció la desconexión de esas élites con el pulso del país real. Apostar por soluciones externas ha sido, históricamente, una forma de negación de la soberanía popular.
Hoy, aunque en circunstancias distintas, resurgen ecos de esa lógica. La apelación a organismos internacionales, gobiernos extranjeros o centros de poder económico para incidir en la política interna mexicana no puede normalizarse. Más aún cuando se presenta como sustituto de la construcción de una alternativa política viable y arraigada en la sociedad.
La democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, se sostiene en un principio básico: los cambios de gobierno corresponden a la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Desconocer ese principio o intentar condicionarlo desde fuera no fortalece a la oposición; la debilita y la aleja de la ciudadanía.
México requiere una oposición sólida, crítica y propositiva, capaz de confrontar al poder con argumentos, propuestas y organización social. Lo que no necesita es una oposición que, ante la falta de proyecto, recurra a viejas fórmulas de dependencia. La defensa de la soberanía no es patrimonio de un solo grupo político: es una responsabilidad compartida que define, en última instancia, el carácter de la nación.
