El Gobierno de Zacatecas lleva tres años enviando a escuelas del estado a elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de varias dependencias bajo el nombre de Jornadas de Paz. Este jueves, la Secundaria Técnica No. 76 Carlos Fuentes en la comunidad El Jaralillo de la capital zacatecana, recibió por segunda ocasión el programa, que, según el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, surgió de un diagnóstico inicial de planteles con mayor índice de violencia, bullying y consumo de sustancias.
A través de las Jornadas por la Paz y el Progreso, diversas instituciones de gobierno llegan a escuelas primarias, secundarias y preparatorias del estado con módulos de atención como cartillas de salud, cortes de cabello, actividad física, además de talleres.
Briana Félix, elemento de la Dirección de Orientación y Vinculación Ciudadana de la Policía Estatal, lleva dos años participando en las jornadas. Lo que más ha cambiado desde el inicio, dice, es la coordinación entre instituciones para atender los casos que se detectan en campo. «Ahora ya tenemos una ruta única de atención», explicó. Como resultado de esa ruta, recordó el caso de una niña que llegó a una jornada con señales de maltrato infantil y violencia familiar, fue canalizada al DIF y hoy está bajo custodia del Estado.
La Comisión Local de Búsqueda (CLB) también participa en las jornadas. Eliecer Isaac Pérez, licenciado en Criminología con maestría en Prevención del delito, acude a orientar a estudiantes sobre qué hacer ante la desaparición de un familiar: qué datos reunir, a dónde acudir, cómo agilizar la búsqueda. Eliecer señaló que hay familias que han tardado hasta un mes en levantar una denuncia de desaparición porque desconocían que existe la Comisión, y que la presencia en escuelas busca acortar ese desconocimiento.
Como muestra de que la información llega, recordó el caso de una familia que acudió a la CLB porque su hijo no estaba localizado y había apagado el celular. Los padres llegaron tras recibir información de una jornada que el joven les había compartido. El muchacho apareció. Para Isaac, ese caso ilustra cómo el programa va incrementando el conocimiento de la ciudadanía sobre la Comisión y sus funciones.
Armando Saucedo Toral, de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, participa en las jornadas con el módulo de Cartilla Nacional de Salud. Según explicó, uno de los hallazgos frecuentes es que los estudiantes no saben qué es la cartilla ni para qué sirve, y que incluso sus madres desconocen que debe actualizarse al cumplir los diez años para pasar de la cartilla de niños a la de adolescentes. Señaló que la información también se dirige a maestros y adultos presentes, ya que los hombres y adultos mayores son quienes menos seguimiento dan a su cartilla.
Jacel, de 14 años y vecino de la colonia El Orito, consideró que las jornadas llegan en buen momento a su escuela. «Nos hace falta algo para que nos enseñen más valores, porque a veces los compañeros insultan mucho, se golpean y hay problemas entre compañeros que los maestros difícilmente resuelven», dijo. Señaló que en visitas anteriores les habían dado pláticas sobre sexualidad y prevención de embarazos no planeados, información que consideró útil.
Ofelia, también de 14 años y vecina de Colinas del Padre, dijo que era la primera vez que veía llegar el programa a su escuela. Al preguntarle qué le pediría al gobierno si pudiera, enlistó como necesidades: más baños, salones de computación y semáforos en su colonia. Señaló que los coches ocupan los espacios de la calle y dejan poco lugar para la convivencia entre vecinos. «A veces hay muchos choques porque manejan muy rápido por aquí», explicó.
Reyes Mugüerza reconoció que medir el impacto del programa no es sencillo. «Son impactos que son a largo plazo, son impactos difíciles de medir», admitió, aunque señaló que sí llevan registro de cuántas personas han sido identificadas con problemas de violencia familiar, consumo de sustancias o bullying y han sido canalizadas a atención especializada. Para respaldar que el programa avanza, citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del INEGI, que a su juicio refleja una mejora en la confianza ciudadana hacia las autoridades.
Al referirse a las barreras para que la atención llegue a los jóvenes más vulnerables, el secretario de Gobierno puso como ejemplo el caso de una alumna en Fresnillo que durante una jornada confesó consumir metanfetaminas y querer rehabilitarse, pero cuyo padre se negaba a apoyarla. «Lo que se hace de manera inmediata es intervenir con la familia», dijo. Señaló que en muchos casos no hay resistencia, las familias simplemente desconocen que existe una red de apoyo desde el gobierno estatal. «Acercar la información ya es una gran ventaja», subrayó.
