El delito de traición a la patria en México ha cobrado relevancia en el debate público tras el conflicto diplomático y político derivado de la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua. Este caso ha detonado señalamientos en el Senado de la República contra la gobernadora panista de esa entidad, Maru Campos, a quien permitió la operación de agentes extranjeros sin la autorización del gobierno federal, requisito establecido en la legislación mexicana.
De acuerdo con el Código Penal Federal, incurre en traición a la patria quien:
Vl. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior;
VII. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares;
VIll. Oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, sabiendo que los realiza.
El caso ha escalado al ámbito federal. Desde el Senado, legisladores han exigido esclarecer si hubo violaciones a la soberanía nacional, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno ha solicitado información al embajador de Estados Unidos para determinar bajo qué condiciones operaban estos agentes en territorio mexicano.
En este contexto, la opinión pública también ha marcado una tendencia clara. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 74% de los mexicanos considera que el Gobierno de México debe defender la soberanía nacional e impedir la injerencia de Estados Unidos en la política interna, particularmente ante el entonces inicio de la administración encabezada por Donald Trump.
El sondeo, realizado en febrero de 2025, revela además que solo el 24% de la ciudadanía respalda una colaboración estrecha con el gobierno estadounidense en el combate a la delincuencia organizada, una caída significativa frente al 53% registrado en 2023. Destaca que la defensa de la soberanía es una postura transversal: supera el 60% de apoyo entre simpatizantes de distintas fuerzas políticas, apartidistas y oposición.
En relación a esta crisis diplomática y política, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, fijó postura al asegurar que en Zacatecas se respeta estrictamente la ley y que no existen agentes extranjeros participando en tareas de seguridad pública. La declaración busca marcar distancia en un contexto donde la presencia de corporaciones extranjeras en Chihuahua ha puesto en el ojo público a la gobernadora panista en Chihuahua.
El episodio reabre una discusión de fondo: los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad y la delgada línea entre colaboración y vulneración de la soberanía. Mientras las investigaciones avanzan, el delito de traición a la patria se coloca nuevamente en el centro del análisis jurídico y político nacional, ahora acompañado por una opinión pública que, de forma mayoritaria, exige una postura firme en defensa del país.
