El 21 de abril quedará inscrito como una jornada que exhibe, con crudeza, las grietas entre una política pública bien intencionada y su deficiente operación en territorio. El incendio de los almacenes centrales de Alimentación para el Bienestar, en la capital de Zacatecas, no sólo consumió infraestructura, productos y vehículos valuados en cientos de millones de pesos; también redujo a cenizas la narrativa de éxito que hasta ahora acompañaba al programa de acopio de frijol.
Las primeras versiones apuntan a que el siniestro fue consecuencia de la quema de llantas por parte de productores inconformes, cuyas protestas —lejos de ser aisladas— se insertan en un contexto de creciente tensión. Paradójicamente, el estallido ocurre cuando el programa alcanzaba cifras históricas y positivas: más de 92 mil toneladas acopiadas, beneficiando a más de 11 mil productores en 18 municipios, con una inversión histórica superior a los 2 mil 500 millones de pesos. La ampliación reciente de 10 mil toneladas adicionales parecía confirmar el compromiso gubernamental con el campo zacatecano para darle cobijo, aunque a menor precio, a un mayor número de beneficiarios.
Sin embargo, los números no siempre son los que se cuentan en toda la historia. La otra parte, como suele ocurrir, se encuentra en los intersticios de la operación cotidiana: la mala comunicación institucional, los funcionarios incompetentes, la falta de claridad en los procesos de acopio y la persistencia de intermediarios —los llamados “coyotes”— han erosionado la confianza de la sociedad y de quienes deberían ser los principales beneficiarios. Lo que en el origen se presenta como una política social robusta, en la percepción zacatecana ha derivado en inconformidad, sospechas de corrupción y, finalmente, en un conflicto que hoy alcanza niveles candentes.
Este episodio obliga a una revisión de fondo de todos los delegados federales que tienen responsabilidad en este hecho. No basta con destacar los logros cuantitativos ni con ampliar metas sobre la marcha. La gobernanza de los programas sociales exige algo más que voluntad política: requiere operadores con oficio, transparencia en la ejecución y canales efectivos de diálogo con los beneficiarios. En ese sentido, la responsabilidad del gobierno federal —al menos en el ámbito estatal— es ineludible. La inoperancia o falta de pericia de algunos funcionarios no puede seguir siendo un costo asumible cuando lo que está en juego es la estabilidad social y económica de miles de familias. Estos personajes deben de ser removidos de inmediato.
Pero la autocrítica no debe ser unilateral. Los propios productores enfrentan el reto de revisar sus liderazgos y las agendas que los movilizan. En no pocas ocasiones, los intereses electorales o económicos terminan por distorsionar demandas legítimas, desviando la lucha hacia objetivos que poco tienen que ver con el bienestar colectivo.
El saldo es, a todas luces, negativo. Nadie ganó en Zacatecas. Se perdió infraestructura estratégica, se debilitó un programa con enorme potencial social y se profundizó la desconfianza entre gobierno, sociedad y productores. Todo ello, pese a que el objetivo de fondo —garantizar precios justos para quienes menos tienen— sigue siendo no sólo válido, sino urgente.
El incendio, más allá de su dimensión material, debe entenderse como una señal de alarma. Si no se corrigen las fallas y sus responsables, el riesgo no es únicamente la repetición de episodios similares, sino la erosión definitiva de una política pública que, bien ejecutada, podría ser un pilar para la justicia social en el campo mexicano.
