En conferencia de prensa conjunta, diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD, acompañados por el abogado Jorge Rada Luévano y representantes del gremio jurídico, fijaron su postura respecto a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la invalidez de diversos aspectos de la reforma al Poder Judicial en Zacatecas, particularmente en lo referente a la integración del órgano de administración judicial.
Durante el encuentro, el abogado Rada Luévano destacó que la resolución representa “un importante suceso para el Estado de Derecho en Zacatecas”, al considerar que se trató de una acción promovida con “mucho rigor ético y compromiso con la Constitución”. Reconoció el papel de las diputadas y diputados que interpusieron la acción de inconstitucionalidad, al señalar que utilizaron una herramienta jurídica diseñada específicamente para preservar el equilibrio constitucional.
Rada Luévano subrayó que la reforma judicial local incurrió en excesos al intentar replicar el modelo federal, generando invasiones a las facultades del Poder Judicial estatal. En ese sentido, explicó que la Corte resolvió a favor de la defensa de la independencia y autonomía judicial, principios que consideró fundamentales. “La forma en la que se diseñó la integración de este órgano de administración judicial es totalmente inconstitucional, rompe el equilibrio y la independencia del Poder Judicial”, afirmó.
Asimismo, hizo un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que emita un posicionamiento institucional tras la resolución, y convocó al gremio jurídico a involucrarse activamente en la defensa del orden constitucional. “No podemos proteger los derechos individuales si la cancha está desequilibrada”, advirtió, al invitar a abogados y estudiantes de derecho a fortalecer la participación en el colegio de abogados.
Por su parte, el diputado Eleuterio Ramos Leal señaló que la oposición actuó con responsabilidad al promover la acción de inconstitucionalidad, luego de agotar el debate legislativo sin lograr modificar la reforma. Indicó que esta resolución corrige intentos de control indebido sobre el Poder Judicial y abre una oportunidad para fortalecerlo.
“El órgano de administración llevará tres integrantes del Poder Judicial, uno del Ejecutivo y uno del Legislativo, lo que restablece el equilibrio que se había vulnerado”, explicó. Destacó también que la SCJN envió un mensaje positivo al actuar con apego a la legalidad, pese a críticas previas hacia su integración.
Ramos Leal hizo un llamado al Poder Judicial local para que actúe con responsabilidad en la designación de los nuevos integrantes del órgano administrativo. “Es momento de una visión institucional, de Estado, responsable y empática con el ejercicio del poder”, expresó.
En su intervención, el diputado Pedro Martínez Flores enfatizó que la resolución confirma las advertencias realizadas desde un inicio por la oposición. “La reforma contenía disposiciones que vulneraban principios esenciales, particularmente la división de poderes y la independencia judicial”, señaló.
Aclaró que la acción de inconstitucionalidad no respondió a intereses políticos, sino a la defensa del marco constitucional. “Ninguna reforma, por más necesaria que sea, puede construirse al margen de la Constitución”, sostuvo. Añadió que la Corte fue contundente al declarar inconstitucional el diseño del órgano administrativo.
Martínez Flores destacó que la independencia judicial es una garantía para la ciudadanía, no un privilegio de jueces o magistrados. En ese sentido, llamó al Congreso del Estado a atender la resolución con seriedad, abrir el diálogo y construir una reforma sólida. “Zacatecas necesita cambios bien hechos, que generen confianza y respeten la Constitución”, puntualizó.
Finalmente, el diputado Carlos Peña Badillo reconoció el trabajo conjunto entre legisladores y el gremio jurídico, así como la participación de magistrados en la construcción de la acción de inconstitucionalidad. Recordó que desde el inicio de la legislatura se manifestaron en contra de la reforma, al considerar que no respondía a las necesidades del sistema judicial.
Peña Badillo explicó que uno de los principales puntos de desacuerdo fue la integración del órgano de administración, ya que permitía la intervención de poderes ajenos al Judicial. “No era posible que el Ejecutivo o el Legislativo invadieran la vida interna del Poder Judicial”, afirmó.
Celebró que la Corte haya dado la razón a los promoventes y consideró que ahora corresponde al Congreso corregir la ley orgánica para adecuarla a los criterios constitucionales. “Hoy se corrige la plana para fortalecer y regresarle la dignidad al Poder Judicial”, expresó.
En la ronda de preguntas, se aclaró que la resolución de la Corte no establece un plazo específico, pero sí instruye al Tribunal Superior de Justicia a nombrar de inmediato a los integrantes faltantes del órgano administrativo. Incluso, se señaló que esta designación puede realizarse antes de la reforma a la ley orgánica.
Respecto a posibles implicaciones sobre decisiones previas del órgano administrativo, se indicó que corresponderá al propio Poder Judicial determinar los efectos jurídicos en los próximos días.
