En un estado profundamente migrante como el nuestro, donde miles de familias zacatecanas han cruzado la frontera en busca de oportunidades que el país les niega, la visita de una autoridad estadounidense debió servir para recordarles a nuestros vecinos del norte que México no acepta como normal la muerte sistemática de sus connacionales en centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Mientras la cónsul Bishop dialoga con autoridades locales sobre seguridad, inversión y educación, se deja de lado que en Louisiana murió Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, el 11 de abril en instalaciones del ICE en Winnfield. No es el primero, suman 15 mexicanos muertos en centros de detención.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha denunciado públicamente que, pese a los reclamos formales de México por la muerte de connacionales bajo custodia estadounidense, Washington no ha dado respuestas puntuales a cada caso. Las causas oficiales de fallecimiento suenan a excusas prefabricadas: las mismas que, una y otra vez, encubren negligencia, brutalidad y condiciones carcelarias indignas que congresistas demócratas y organizaciones de derechos humanos norteamericanas han calificado como incompatibles con estándares mínimos de humanidad.
La Secretaría de Relaciones Exteriores lo ha dicho con claridad meridiana: “la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria del ICE”. Por eso la mandataria instruyó a los cónsules mexicanos realizar visitas diarias a estos centros. No se trata de cortesía diplomática; es una medida mínima de soberanía activa. México no puede —ni debe— conformarse con protocolos vacíos cuando la vida de compatriotas está en juego.
El enfoque soberanista que exige este momento histórico es sencillo y contundente: el Estado mexicano, que incluye a Zacatecas, tiene una deuda moral impostergable con su población migrante. No se defiende la soberanía solo con banderas en la frontera o discursos en foros multilaterales. Se defiende exigiendo que el gobierno estadounidense realice investigaciones reales, creíbles y basadas en evidencia científica, no en el ánimo de encubrimiento que caracteriza al trumpismo cuando sus fuerzas policiales —degradadas a auténticos grupos paramilitares por mandos irresponsables— atentan contra la vida y la integridad de mexicanos y extranjeros.
Cada muerte en custodia del ICE es un recordatorio doloroso de que la política migratoria de Washington sigue anclada en el racismo y la impunidad. La insistencia de Palacio Nacional ante la Casa Blanca no es una súplica; es un deber de justicia para quienes ya murieron y una herramienta preventiva para quienes siguen detenidos de manera ilegal y por ello llama la atención que las autoridades estatales por alguna razón desconocida decidieron no abordar en la visita de la cónsul.
Por otro lado, la cancillería ha anunciado que utilizará “todas las vías legales y diplomáticas disponibles”. Que así sea. México no puede obligar a Estados Unidos a respetar la legalidad internacional ni sus propias normas internas, pero sí puede —y debe— agotar hasta el último recurso en defensa de la dignidad de sus ciudadanos, sin importar su situación migratoria. La enorme contribución de los migrantes a la economía y la sociedad estadounidenses no les otorga a Washington carta blanca para tratarlos como desechables.
La visita de la cónsul Bishop a Zacatecas, debió ser oportunidad para también abordar estos temas. No para fotos y abrazos vacíos, sino para que México y Zacatecas secunde – en el marco de las leyes de nuestro país- al exigir lo que le corresponde: respeto, transparencia y justicia. La dignidad de México se mide también por cómo protege a los suyos en el exterior. Hoy, más que nunca, esa protección no admite medias tintas.
