En sesión extraordinaria, la Legislatura del Estado presentó una iniciativa solicitada por el Gobierno de Zacatecas para desincorporar un bien inmueble de su patrimonio, a fin de llevar a cabo el Proyecto de Usos Mixtos Sansalud Zacatecas; también se dio a conocer una iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se plantea reformar y adicionar la Ley Electoral del Estado, en materia de procedimiento especial sancionador.
Durante la sesión, en primer momento fue aprobada la convocatoria para desarrollar el Octavo Período Extraordinario de Sesiones, dentro del Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, que se efectuará los días 3 y 4 de agosto de 2026.
Este Periodo Extraordinario tendrá como objetivo abordar varios temas, entre ellos la declaratoria de aprobación de la minuta con Proyecto de Decreto, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Zacatecas, en materia de lenguaje inclusivo.
También se llevará a cabo la lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la autorización de esta Legislatura para desincorporar tres bienes inmuebles para su posterior enajenación, y con ello atender compromisos financieros como el de cuotas obrero – patronales con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y otros adeudos, del Ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas.
Asimismo, las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente tuvieron conocimiento de la iniciativa remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, mediante la cual solicita autorización para desincorporar de su patrimonio un bien inmueble ubicado en la lateral de la calzada Héroes de Chapultepec, colonia Ciudad Administrativa de Zacatecas, con una superficie de 6 mil 500 metros cuadrados, para su posterior enajenación, en favor de Grupo PAEVI S.A.P. de I. de C.V.
El objetivo es que se pueda llevar a cabo en el Estado el “Proyecto de Usos Mixtos Sansalud Zacatecas”, el cual, expusieron, responde a una necesidad histórica de ampliar en esta Entidad Federativa el acceso efectivo a servicios de salud especializados, lo que representa un gran beneficio, puesto que numerosos pacientes zacatecanos deben desplazarse a entidades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco o Ciudad de México para recibir tratamientos médicos especializados, situación que incrementa tiempos de espera, gastos familiares y riesgos asociados a la atención tardía.
También se presentó una reforma a la Constitución Política de la entidad materia de pueblos y comunidades indígenas y aexicanas, con la intención de que la normatividad en el estado se armonice con la reforma del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Aexicanas.
Por lo anterior, la diputada Ma. Teresa López García propuso reformar y adicionar el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de pueblos y comunidades indígenas y aexicanas, y así, garantizar los derechos humanos desde la legislación estatal, adaptando la Constitución Local para obligar al Estado y a los municipios a generar las políticas públicas necesarias.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en voz de la diputada Ana María Romo Fonseca, dio a conocer la iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en materia de procedimiento especial sancionador, el cual, constituye uno de los instrumentos más relevantes del sistema de justicia electoral mexicano para garantizar que la competencia política se desarrolle dentro de los principios de legalidad, equidad e imparcialidad.
En tribuna, detalló que, a diferencia de los procedimientos administrativos ordinarios, el procedimiento especial sancionador no tiene como finalidad exclusiva imponer una sanción a quien infringe la normativa electoral.
Según expuso, la iniciativa es eminentemente preventiva, correctiva y restauradora del orden jurídico, pues busca detener oportunamente aquellas conductas que puedan alterar la equidad de la contienda entre actores electorales, vulnerar los derechos político-electorales de la ciudadanía, o afectar los principios constitucionales que rigen las elecciones democráticas.
