El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Zacatecas, José Marco Antonio Olvera Acevedo, y el dirigente estatal Carlos Peña Badillo, se pronunciaron ayer contra la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, argumentando que representa un riesgo para el ahorro de 73 millones de trabajadores mexicanos, cuyos fondos ascienden a aproximadamente 6 mil millones de pesos.
Olvera Acevedo afirmó que el Gobierno federal recurre a los fondos de retiro porque «no tiene recursos» para financiar sus compromisos, atribuyendo el problema a lo que llamó «programas electoreros» y «obras faraónicas» con sobrecostos, citando como ejemplos la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El priísta equiparó ser un buen administrador público con el talento empresarial y señaló que los funcionarios morenistas carecen de esta capacidad. Añadió que, aunque el porcentaje autorizado fuera tan solo el 10 por ciento (y no el 30 por ciento anunciado), el antecedente de sobrecostos de entre el 50 y el 100 por ciento en dichas obras, hace inviable confiarles el ahorro de los trabajadores.
Al ser cuestionado sobre si eliminaría los programas sociales para adultos mayores y jóvenes, Peña Badillo respondió que el PRI «no está en contra de ellos», minutos después de haberlos señalado como una de las causas centrales del deterioro de las finanzas públicas.
En otro tema, el dirigente celebró que la controversia constitucional promovida por el municipio de Río Grande sobre el control de la policía vial obtuvo resolución favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconociendo la facultad municipal establecida en el artículo 115 constitucional. Anticipó que otros municipios como Fresnillo podrían sumarse al proceso.
Al respecto, Olvera Acevedo matizó que en municipios muy pequeños el argumento del gobernador al rechazar la municipalización tiene cierta lógica, y precisó que la expedición de documentos sobre vehículos automotrices debe seguir siendo facultad del estado. Sin embargo, defendió que municipios como Río Grande, Sombrerete y Fresnillo tienen capacidad suficiente para asumir el control de su policía vial.
Criticó al gobernador por lo que calificó como falta de «operación política» y recordó que durante el gobierno de Miguel Alonso logró que 56 de 58 municipios firmaran voluntariamente el convenio de mando único policial. «Hubo una operación, hubo un trato con los alcaldes», dijo.
Peña Badillo señaló que el recorte de 70 millones de pesos al presupuesto del Poder Legislativo, derivado del Plan B de la reforma electoral, perjudicará a la Legislatura zacatecana, a diferencia de otros congresos donde el impacto sería menor. «¿Despedimos gente, recortamos la operación del Congreso, cerramos la Auditoría Superior del Estado?», cuestionó. Detalló que los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD abordarán el tema en una conferencia conjunta hoy a las 9:45 horas en el vestíbulo del Congreso local.
