México enfrenta un panorama muy desolador en materia de desapariciones. No se trata de una percepción ni de una idea de unos cuantos. Es una abrumadora realidad que se debe atender urgentemente. La situación lastima más cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. Es muy fuerte noticia, saber qué a finales del pasado marzo, el Registro Nacional superó los 130 mil casos de desapariciones forzadas. Lo que representa una cifra histórica desde 2006.
La paradoja mexicana es brutal: mientras más crece la magnitud de las desapariciones, más se endurece la narrativa oficial para negar la crisis. Esa combinación produce un efecto devastador porque invisibiliza el dolor y profundiza la desconfianza social.
La situación es muy grave. Incluso el Comité contra la desaparición forzada de la ONU, ya intervino dando su opinión sobre esta tragedia.
Antes de continuar, deseo mencionar el antecedente del por qué esa opinión. En 2007, México ratificó su pertinencia a la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta convención, en su artículo 34, define así a la desaparición forzada:
“Se contemplará como desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de la privación de libertad que sean realizadas por agentes del Estado, o por personas que actúen con la autorización, el apoyo o, la AQUIESCENCIA del Estado.
Se faculta al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas a intervenir si recibe información fiable de desapariciones forzadas, generalizadas o sistemáticas en un Estado parte. Le permite solicitar información urgente y realizar visitas al país y transmitir información a la Asamblea General de la ONU”.
Todos los supuestos previstos en esa disposición, se cumplen en las circunstancias que existen en nuestro país, las cuales se han presentado a partir de 2012.
Definiendo el término AQUIESCENCIA, es el consentimiento, asentimiento o aceptación y generalmente tácito o pasivo, ante una situación, decisión u opinión sin manifestar oposición. Jurídicamente ese término implica: aceptar una situación sin reclamos, asentimiento que se deduce del silencio o inacción.
Continúo:
Mucho antes de la segunda administración obradorista, los criminales ya habían descubierto que una forma de operar sin ser descubiertos por presión ciudadana, era desaparecer a rivales y ciudadanos rejegos.la ausencia de una persona es difícil de catalogar, investigar y, por lo mismo, castigar. Un muerto provoca desde repulsión hasta morbo, sin descartar miedo a un destino similar.
El viacrucis para una persona que padece la desaparición de un ser querido, comienza al momento mismo de notificar la ausencia. Las policías y los ministerios públicos son, el primer muro a sortear: ¿está segura? Espere a ver si aparece. Deje pasar el plazo, vuelva después.
La familia tiene la carga de la prueba, ya sea de inocencia. Es decir, que se trata de una víctima real y no de alguien que “se lo buscó”. Ya sea de que es genuina la sustracción, que “no se fue con el novio” o “que no abandonó a la esposa”.
Frente a todos estos obstáculos, se pierde irrecuperable terreno en la probabilidad de dar con la víctima. Y al correr los días, el abandono institucional se hace cada vez más complejo y las autoridades no actúan, no buscan, cuando muchos mencionan: “se abrirá una carpeta de investigación”.
Ante una situación gravísima, hace unos días el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, señala que, la información que ha recibido parece contener indicios fundados de qué en México, se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país.
Por lo anterior solicitará la activación del artículo 34 de la Convención para que esta situación de México, sea llevada a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas debido a la crisis de desapariciones forzadas que se vive en nuestro país. El Comité también indica que situación de las desapariciones forzadas, no ha mejorado desde su visita a este Estado parte en 2021, a pesar de los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas al respecto. Las autoridades responsables siguen sobrepasadas por la magnitud del crimen y, siguen siendo necesarios cambios estructurales para abordarlo y prevenirlo de manera eficaz y eficiente. Por lo que comunica que en esa Asamblea se analicen medidas para apoyar técnicamente al Estado mexicano, reforzar la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito y facilitar cooperación internacional en materia forense y de búsqueda.
Pero la respuesta del gobierno mexicano depositado en la presidenta Sheinbum, fue inmediata, furibunda y ofensiva. En lugar de abrir un espacio de reflexión institucional, o asumir el informe como una oportunidad para corregir políticas fallidas, la reacción fue defensiva e insensible, se optó por desac4reditar al Comité, antes que atender su informe y conclusión.
El episodio revela algo más profundo que diferencias con la ONU, expone la soledad institucional en la que viven las madres buscadoras y los colectivos de víctimas.
