La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas buscará establecer contacto con el clúster minero tras la publicación de una investigación que acusa a la minera Camino Rojo (propiedad de la canadiense Orla Mining, ubicada en Mazapil) de haber contratado a un narcotraficante para interrumpir asambleas sindicales, proferir amenazas de muerte y obligar a trabajadores a abandonar la sección 335 del Sindicato Nacional Minero.
Así lo informó el fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya en entrevista con medios este jueves, tras ser cuestionado sobre la resolución preliminar del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, publicada este día por La Jornada. El panel determinó que la compañía es «responsable directa de injerencia patronal» en actividades sindicales.
«Ahorita en la mañana en la Mesa de Construcción de la Paz se tocó ese tema. No tenemos ninguna denuncia, al contrario, tenemos un acercamiento totalmente permanente y constante con el gremio minero a través del propio clúster. A partir de esta nota, vamos a buscar al gremio minero de una manera proactiva», expresó el fiscal.
Precisó que la Secretaría General de Gobierno también tomará contacto con la empresa, y confirmó que los trabajadores afectados pueden acudir directamente a la Fiscalía a presentar denuncia.
El caso se originó en una queja laboral en agosto de 2024 que, al ser insuficientes las medidas de reparación, escaló a un panel (el tercero resuelto al amparo del T-MEC). Los expertos panelistas documentaron amenazas de muerte a trabajadores en asambleas y en sus domicilios, así como la contratación de un narcotraficante para imponer un sindicato de «protección» patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. La matriz canadiense, según el fallo, «mantuvo silencio y mostró tolerancia» ante las denuncias. México rechazó la determinación al considerar que el mecanismo excedió sus alcances al analizar conductas de naturaleza penal, según la nota firmada por Jared Laureles.
