El sistema de pensiones, concebido originalmente como piedra angular del Estado de Bienestar y símbolo de solidaridad intergeneracional, se encuentra en una encrucijada existencial. Lo que comenzó como un «contrato social» entre trabajadores y pensionados, comienza a visualizarse como campo de batalla legal y ético, que hasta el momento se sostiene en un terreno pantanoso entre el Estado y pensionados.
Cierto, la causa primordial es un fenómeno global ineludible: el «invierno demográfico», que ha colapsado la aritmética del beneficio definido y el sistema de reparto, es decir, las pensiones pagadas por los trabajadores activos que aspiran también a ser pensionados.
Surge aquí un dilema ético entre estos como actores clave de los sistemas, que en el terreno jurídico tiene nombre y categorías generalmente difíciles de comprender, y muchas veces, intencionalmente desvirtuadas.
El dilema se da entre la población con derechos adquiridos y aquella con expectativa de derecho; esta última, heredera de un sistema cuya insostenibilidad financiera, les exige muchas veces, sacrificios desproporcionados.
El derecho adquirido es el que “ha entrado definitivamente en el patrimonio de una persona”; en pensiones, corresponde al individuo que goza de la pensión o que haya cumplido con los requisitos para acceder a ella, generalmente determinados por la edad y el tiempo de cotización, que no necesariamente son determinantes de la necesidad de la pensión.
Quién no ha adquirido el derecho, sencillamente se encuentra en una expectativa de derecho. Para asimilar este concepto debemos considerar que los sistemas de pensiones ofrecen una cobertura contra riesgos: la vejez, el retiro o la muerte; ergo, en tanto estos no se materialicen, no existe derecho qué exigir.
El derecho se generará entonces, cuando la vejez impida el trabajo, cuando se cumplan los requisitos para acceder a la pensión, y/o cuando la muerte de un pensionado o trabajador con derecho a pensión dé lugar a la existencia de un viudo o un huérfano; no antes.
En el terreno financiero, la disyuntiva surge porque el primer grupo representa una carga fiscal masiva y creciente para los sistemas, que, en su etapa de madurez, consumen desproporcionadamente los recursos del sistema, pagando pensiones de una población que envejece y vive más tiempo.
Así, la mayoría de las personas con derechos adquiridos gozan o gozarán de una “buena pensión” que en algunos casos puede ser incluso excesiva o “dorada”, condición que consecuentemente posiciona a las personas con expectativa de derecho, en una situación de incertidumbre jurídica y material, ante el riesgo de que el recurso no alcance para sus pensiones.
Ante la carga fiscal creciente, el Estado debe tomar decisiones que equilibren los beneficios entre ambas poblaciones, extienda la vida del sistema y garantice el derecho a quienes se encuentran en expectativa.
La decisión es reformar, y toda reforma tiene una lógica contable: incrementar ingresos de cuotas y aportaciones, y disminuir egresos en prestaciones (pensión). En este caso, las modificaciones solo aplican para la población con expectativa de derecho y solo impactan si se incrementa la edad de jubilación y disminuye el monto de la pensión esperada; cualquier otra modificación, tiene un impacto marginal.
El punto de quiebre entre estos escenarios opuestos surge de dos preguntas: ¿Por qué un trabajador debería confiar en un sistema que le exige cotizar más tiempo por un beneficio menor al de los ya pensionados? y ¿por qué un pensionado debería siquiera pensar en sacrificar una porción de su derecho adquirido para beneficiar a “los que vienen detrás”?
La respuesta es más ética y emocional que racional: por SOLIDARIDAD, la promesa del sistema al que accedieron y el espíritu del Estado de Bienestar, vapuleado por el modelo económico predominante que pugna sin recato por el individualismo y por la tiranía del mérito.
Reformar es financieramente racional y aceptable, social y éticamente necesario y obligado, pero políticamente NO ES RENTABLE. ¿Por qué? Porque la impopularidad de las reformas que afecten incluso percepciones de derecho juega en contra de las pretensiones políticas. Cualquier cosa que se perciba como afectación al sector de pensionados y cotizantes cada vez más numerosos, juega en contra de la lógica político-electoral. De ahí que las reformas generalmente se posterguen, y de ahí mismo, la valía de quienes se atreven a impulsarlas.
Cualquier dilación, visto está, juega en contra del sistema y particularmente de los trabajadores activos y las nuevas generaciones, las que, por cierto, están condenadas a la precariedad del individualismo y a la rotura del “pacto social” intergeneracional. Son ellos los “paganos” de la miopía institucional y política que genera el enorme abismo entre pensionados y trabajadores y que fomenta en muchos casos, excesos bien documentados en favor de los ya pensionados.
¿El dilema? Decidir entre lo correcto y lo políticamente rentable, no solo para el gobierno, sino para los beneficiarios en sí, y los representantes gremiales.
