La Legislatura del estado aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta a dependencias del gobierno estatal y federal a que realicen las gestiones que sean necesarias para ampliar el alcance del Programa de Acopio y de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, en beneficio de los productores zacatecanos; En ese sentido, el diputado Alfredo Femat Bañuelos propuso que el gobierno abra centros de acopio propios y destine mil millones de pesos para la compra de frijol.
La propuesta de punto de acuerdo fue presentada por Carlos Peña Badillo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, y en él se exhorta a la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social en Zacatecas y de Alimentación para el Bienestar, a fin de que se realicen las gestiones conducentes para ampliar los alcances del Programa de Acopio y de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.
Señaló que los pequeños productores en Zacatecas se han visto obligados a radicalizar sus manifestaciones, ello al no recibir la debida atención por parte de las autoridades competentes a nivel Federal, ni tampoco el acompañamiento decidido por parte de la autoridad local. Ante esa situación, el pleno aprobó de manera unánime el Punto de Acuerdo.
Por su parte, Femat Bañuelos manifestó que el gobierno del estado debe intervenir en el problema de los productores y dejar de depender del gobierno federal, por lo que sugirió que el Congreso avale una partida presupuestal de mil millones de pesos para que, a nivel estatal, se abran centros de acopio.
“Si nosotros no nos atrevemos a dar una solución también estatal vamos a seguir dependiendo de gente que ni es de Zacatecas. Yo quiero proponer que este Congreso destine un fondo estatal y que hagamos una petición al gobierno federal de que ellos se encarguen de comprar 100 mil toneladas a los zacatecanos, y que este Congreso etiquete una bolsa de mil millones de pesos para que se instalen centros de acopio de Zacatecas”, expuso.
Para que estos centros compren el frijol directamente a los productores, indicó que los comisariados ejidales podrían elaborar una lista de todos aquellos productores a quienes se les comprará su producto.
Por otra parte, fue aprobado el Punto de Acuerdo propuesto por el Grupo Parlamentario del PT, en voz de la diputada Renata Libertad Ávila Valadez, mediante el cual se declara a “la Judea de Semana Santa” en el municipio de Jiménez del Téul, Zacatecas, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Zacatecas, y que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Jiménez del Teul, implemente acciones para su salvaguarda, investigación, preservación y difusión.
Según expuso, la Judea de Semana Santa en Jiménez del Teul, es una tradición centenaria y una de las manifestaciones culturales más representativas del Estado de Zacatecas, pese a que no cuenta con amplia difusión, y dijo, se trata de una tradición que se realiza de manera ininterrumpida desde la época colonial, de acuerdo a las investigaciones de académicos expertos, vinculada a la fundación del municipio en 1591, y que cada año reúne a decenas de participantes en una representación ritual de la Pasión de Cristo.
En otro tema, la diputada Ana María Romo Fonseca planteó ante el pleno reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas, para agravar el delito de violación cuando sea cometido en instituciones educativas públicas o privadas, pero también cuando las autoridades educativas no denuncien, y en su caso, esto se derive en revictimización.
El planteamiento es establecer que en caso de que se cometa delito de violación, se pueda agravar la pena hasta en una mitad más si se comete contra un menor de quince años dentro de una institución educativa pública o privada; además, se sancionará con multas de cuarenta a doscientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a cualquier autoridad de la institución educativa que tenga conocimiento de un acoso escolar, delito de abuso sexual o violación dentro de la institución educativa y no lo denuncie ante las autoridades competentes en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas. También se propone que la pena se incremente hasta en una mitad, cuando la omisión del personal de la institución educativa derive en la revictimización o encubrimiento del delito.
