En los últimos operativos en la zona de Tabasco y Juchipila, se ha documentado de manera alarmante el uso de drones para labores de inteligencia y vigilancia o «halconeo» aéreo. Estos dispositivos permiten a los grupos delictivos monitorear el despliegue del Ejército, la Policía Estatal y la Guardia Nacional en tiempo real, dándoles una ventaja estratégica para emboscadas o fugas.
La seguridad en Zacatecas ha cruzado una frontera tecnológica y táctica que obliga a las instituciones a replantear no solo su capacidad de reacción, sino su marco conceptual. Los eventos recientes no son hechos aislados, sino síntomas de una evolución criminal que desafía la soberanía del Estado. Desde el atentado directo contra elementos de la Policía Estatal en Luis Moya, hasta los crudos enfrentamientos en la región de Tabasco, el mensaje es claro, el control territorial ahora se disputa también desde el aire.
El uso de drones por parte del crimen organizado no es una percepción, es una realidad documentada. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre 2020 y 2023 se registró un incremento del 400% en el aseguramiento de drones adaptados con mecanismos de liberación de carga explosiva en estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Tan solo en el último año, se estima que el número de ataques con drones contra fuerzas de seguridad en el país ha superado los 260 eventos. Esta cifra nos indica que la delincuencia ha pasado de la confrontación directa a una táctica de guerra, donde el agresor no necesita estar a la vista para infligir daño.
En los últimos operativos en la zona de Tabasco y Juchipila, se ha documentado de manera alarmante el uso de drones para labores de inteligencia y vigilancia o «halconeo» aéreo. Estos dispositivos permiten a los grupos delictivos monitorear el despliegue del Ejército, la Policía Estatal y la Guardia Nacional en tiempo real, dándoles una ventaja estratégica para emboscadas o fugas.
Sin embargo, el riesgo ha escalado de la vigilancia a la ofensiva. La evidencia fotográfica de artefactos explosivos, confirma que la tecnología de drones cargados con explosivos es una capacidad operativa real. Cuando un explosivo estalla en un camino rural o es arrojado desde el cielo, la vulnerabilidad de la seguridad pública en eventos masivos y espacios comunes queda expuesta.
Desde la academia y el Derecho Internacional, la distinción es clara. La Delincuencia Organizada opera bajo la lógica del mercado ilícito y el control de rutas. Su fin es el lucro; en cabio el Terrorismo, según el Código Penal Federal en su artículo 139, el terrorismo se configura cuando se utilizan explosivos o armas para realizar actos en contra de personas o bienes, que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad.
Se debe legislar para llamar a estos actos por su nombre permitiría a México acceder a protocolos de cooperación internacional contra el financiamiento al terrorismo y el tráfico de tecnología dual.
Actualmente, las fuerzas de seguridad estatales enfrentan una asimetría tecnológica. Mientras el crimen adquiere drones comerciales de alta gama y los modifica, las políticas públicas de seguridad en México no han logrado ampliar la adquisición de sistemas tecnológicos para combatir desde este ámbito. Es urgente que las políticas de seguridad transiten hacia la soberanía tecnológica, ya no basta con patrullajes terrestres; se requieren sistemas de inhibición de señales de alta potencia, defensa aérea de baja altura y protocolos de protección civil ante amenazas no convencionales.
La paz en Zacatecas no se recuperará solo con presencia, sino con la anticipación táctica. Un artefacto que estalla en un camino de Tabasco o un dron que sobrevuela Luis Moya no solo daña infraestructuras, también general desconfianza ciudadana. Es momento de que la legislación y la táctica evolucionen.
