Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reforma al artículo 127 de la Constitución con el propósito de establecer límites a las jubilaciones y pensiones en organismos del sector paraestatal y poner fin a los llamados esquemas de “pensiones doradas”.
Durante la discusión, la senadora zacatecana Verónica Díaz Robles señaló que la modificación constitucional busca corregir una desigualdad histórica en el sistema de jubilaciones de organismos públicos descentralizados, empresas productivas del Estado y fideicomisos públicos.
La legisladora sostuvo que la iniciativa forma parte de las acciones orientadas a consolidar el proyecto de transformación del país y fortalecer la política de austeridad republicana en el servicio público.
“Con esta reforma la Constitución establecerá un límite claro para evitar jubilaciones y pensiones ‘doradas’. Se corrigen excesos que durante años afectaron las finanzas públicas y vulneraron el principio de justicia social”, expresó.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde —según expuso la senadora— a una problemática que por años generó inconformidad social, debido a que en el sector paraestatal existen pensiones que van desde 340 mil hasta un millón de pesos mensuales, montos que contrastan con las jubilaciones promedio que reciben trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Como ejemplo, Díaz Robles mencionó el caso de Luz y Fuerza del Centro —empresa actualmente en proceso de liquidación— donde, indicó, cerca de 67 por ciento del padrón de jubilados percibe ingresos que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
Añadió que situaciones similares se han registrado en empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, donde algunas pensiones superan incluso los ingresos de funcionarios en activo.
De acuerdo con el dictamen, las jubilaciones del personal de confianza en entidades de la administración pública paraestatal no podrán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República. Con ello, se fijaría por primera vez un límite constitucional a estos beneficios.
La senadora subrayó que los recursos que se liberen con la eliminación de estos esquemas podrán destinarse a programas sociales y políticas públicas orientadas al bienestar de la población.
“Los recursos de la nación deben administrarse con eficiencia y honradez. Cada peso que hoy se destina a privilegios injustificados debe regresar al pueblo de México”, sostuvo.
El dictamen también incorpora lenguaje incluyente en el texto constitucional, al sustituir denominaciones tradicionales por expresiones como “persona servidora pública” y “persona titular de la Presidencia”, con el propósito de fortalecer el principio de igualdad sustantiva.
Tras su aprobación en comisiones, la propuesta será turnada al pleno del Senado para su discusión y eventual votación. Legisladores de la mayoría consideran que la reforma representa un paso para cerrar la puerta a privilegios en la alta burocracia y consolidar la política de austeridad en el servicio público.
