Cuenta la historia que, ante el avistamiento de la crisis de los sistemas de pensiones solidarios, surgió la solución falaz de las cuentas individuales (CI), popularmente conocidas como AFORES.
Para la mayoría fue terreno desconocido; se vendieron como la panacea de un problema que generaba costos fiscales crecientes para los gobiernos, influenciados principalmente por la transformación demográfica. Sin embargo, la historia dice que detrás de ello se escondió un fin perverso: privatización de la seguridad social, a costa de la naturaleza SOLIDARIA y REDISTRIBUTIVA.
El experimento para reducir costos fiscales comenzó en Chile y permitió la incursión directa del sector financiero en la seguridad social de muchas naciones.
El éxito financiero aparente en los primeros años, dio espacio a su promoción a través de organismos internacionales (BM, FMI, OCDE), bajo el argumento de evitar “una crisis de la vejez”; sin embargo, mantuvo siempre oposición de la Organización Internacional del Trabajo, organismo por el cual se institucionalizó la Seguridad Social en el mundo; algo sabrían.
Entre 1981 y 2014 cerca de 30 países reformaron sus sistemas, transitando total o parcialmente hacia esquemas de CI. Para 2018, 18 de ellos, en Europa y América Latina, “arrepentidos” habían impulsado reformas para revertir los daños ya visibles.
En México la promesa llegó en 1997: más y mejores pensiones, dijeron. Las grandes corporaciones obreras, el empresariado y los dueños de la economía, dieron el sí. La realidad fue distinta y ante los perniciosos efectos ya observados, durante 2020 el Gobierno de México impulsó una reforma para mitigarlos.
Algunos datos del principal sistema de pensiones (IMSS) antes de la reforma:
Con el sustituido esquema de beneficio definido (Ley 1973), en su famosa modalidad 40, la pensión máxima puede superar los $87,000 mensuales en 2026. ¿Y en las AFORES? No hay forma de estimar con precisión el monto del beneficio esperado, pues su cálculo e incluso el derecho a la pensión, depende de variables como la esperanza de vida, la densidad y nivel de cotización y la estabilidad en el empleo.
Antes de 2020 solo el 40% de los cotizantes al IMSS alcanzaban el derecho a la pensión, ya que por la inestabilidad del empleo no lograban las 1250 semanas de cotización requeridas.
PRIMERA FALACIA: “más pensiones”. No las hubo y la exclusión continuó. Entre 2021 y 2024 el 93% de las personas en edad de pensionarse, no alcanzaban las semanas requeridas, aún y cuando ya no fueran aptos para trabajar. No hubo pensión ante la necesidad evidente.
El promedio de la tasa de reemplazo en CI era del 30% del último sueldo, y la pensión mínima garantizada (PGM) alcanzaba apenas $3,289.
SEGUNDA FALACIA: “mejores pensiones”. No llegaron; los beneficios se deterioraron. El 99.9% de las pensiones otorgadas entre 2021 y 2024, fueron PMG, gracias a los bajos sueldos y la precariedad laboral.
El sistema del IMSS no se volvió sostenible; su pasivo pensionario fue asumido por el gobierno federal.
TERCERA FALACIA: “la presión financiera desaparecerá”. No fue así; solo cambió su fuente de financiamiento. Para 2026 se estiman egresos de 795 mil millones de pesos, para el pago de pensiones bajo ese régimen, con cargo al presupuesto general.
Ni pensionados ni gobierno fueron los verdaderos beneficiarios.
CUARTA FALACIA: “la reforma beneficiará a pensionados y al gobierno”. No hubo beneficio real para los primeros ni ahorro para el segundo. Las próximas décadas serán de adultos mayores precarios que ante la insuficiencia económica, requerirán de más servicios públicos, principalmente en materia de salud fondeados desde luego, por el Estado.
¿Quién fue el verdadero beneficiario? El sistema financiero; las AFORES.
La evolución del ahorro en el SAR ha sido magnífica. Sus reservas ascienden a cerca de 6 billones de pesos; más de 200 mil millones proceden del ahorro voluntario, que emerge como alternativa para incrementar la expectativa de pensión; sin embargo, este no es posible para aquellos que con esfuerzo llevan el alimento diario a sus hogares y que son mayoría en el país.
La reforma ayudó a mitigar el desastre, pero, aun así, podemos concluir que las CI:
- Condenan a las personas de menores ingresos a vivir en esa situación a perpetuidad, entonces NO SON SOLIDARIAS NI REDISTRIBUTIVAS.
- No generaron más ni mejores pensiones ni evitaron “la crisis de la vejez”, por el contrario, provocaron INSUFICIENCIA EN LAS PRESTACIONES y precariedad.
- No lograron la soñada UNIVERSALIDAD pues no corrigieron el problema de fondo: la alta informalidad y exclusión laboral.
- No solucionaron la crisis de los costosos sistemas públicos; lo ocultaron. Mantuvo el costo en el Estado y le sumó el costo de la insuficiencia de las CI, a través de la PMG. Además, el Estado renunció parcialmente a su RESPONSABILIDAD de proveer la seguridad social.
Tajantemente podemos afirmar que las Cuentas Individuales NO SON en esencia, SEGURIDAD SOCIAL.
