El pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la semana laboral de 40 horas. Con las modificaciones al artículo 123, y tras 109 años de vigencia de la Constitución de 1917, la jornada de trabajo pasará de 48 a 40 horas semanales, mediante una reducción gradual que iniciará este año y culminará en 2030.
De acuerdo a información de este medio, en una conversación previa con legisladores, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, subrayó que se trata de un avance significativo para la clase trabajadora, orientado a maximizar sus derechos y beneficios sociales. Como señaló el funcionario, “disminuir la jornada devuelve tiempo a las personas trabajadoras, permitiéndoles un mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, además de generar efectos positivos en la salud, el bienestar y la productividad”, algo ya comprobado en países que han adoptado esquemas de jornada reducida.
En Zacatecas, este cambio adquiere especial relevancia. La entidad, donde la minería continúa siendo un motor económico fundamental -al generar miles de empleos directos e indirectos-, junto con la manufactura, la construcción y el sector agropecuario, ha enfrentado históricamente jornadas extenuantes y condiciones precarias para amplios sectores laborales. La reducción paulatina de horas beneficiará particularmente a mineros, operarios de plantas procesadoras, jornaleros agrícolas y trabajadores de maquilas y comercios, ámbitos donde el desgaste físico y la exposición a riesgos forman parte de la rutina cotidiana. Recuperar tiempo libre permitirá a las familias zacatecanas fortalecer sus vínculos, atender mejor su salud y participar con mayor amplitud en la vida comunitaria, en un contexto donde la informalidad laboral aún afecta a más del 60 por ciento de la población ocupada en nuestro estado.
Esta reforma se inscribe en la revalorización del trabajo impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. Al reducir las horas laborales mientras se mantienen los aumentos históricos al salario mínimo -impensables hace apenas unos años bajo el régimen neoliberal-, el valor del tiempo trabajado se incrementa por partida doble, dignificando el esfuerzo de obreros y empleados en todos los sectores: desde el minero en Fresnillo o Sombrerete hasta el jornalero del semidesierto zacatecano, pasando por trabajadores de servicios y empleados administrativos en la capital.
El contraste resulta aún más evidente al recordar las décadas de deterioro del poder adquisitivo durante el neoliberalismo, que impactaron con especial dureza a Zacatecas, profundizando rezagos en el empleo formal y bienestar social. Cabe destacar que esta legislación fue posible gracias a un amplio consenso entre autoridades, fuerzas políticas -incluida la oposición-, empresarios y trabajadores, la misma vía que permitió recuperar paulatinamente los salarios, ampliar el periodo vacacional (2023), reformar la justicia laboral y fortalecer la democracia sindical (2019), regular la subcontratación (2021), transformar el sistema de pensiones (2020) y reconocer derechos a trabajadores de plataformas digitales.
Es digno de reconocimiento que estos avances se concreten sin fracturas sociales, pese a la presión de grupos mediáticos y corporativos que desde hace años buscan desacreditar el proyecto gubernamental. Ahora corresponde a las autoridades estatales y municipales, así como a los trabajadores zacatecanos y a sus organizaciones gremiales -sindicatos mineros, agrícolas y de servicios-, vigilar que este nuevo marco legal se traduzca en una aplicación efectiva y plena en minas, campos, fábricas y comercios del estado. No hay espacio para simulaciones cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en Zacatecas.
