En México, el derecho al trabajo ha dejado de ser una vía de realización para convertirse en una actividad de alto riesgo. La noticia del hallazgo de los mineros en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa, es la radiografía de una migración interna forzada por la necesidad, donde nuestros ingenieros se vieron obligados a buscar en las profundidades de otra tierra el oxígeno económico que no encontraron en sus ciudades natales. Salieron de Zacatecas con un casco como única protección, sin sospechar que en los caminos de nuestro propio país, el esfuerzo y el sudor ya no garantizan el regreso a casa.
La confirmación del hallazgo fue el resultado de una cartografía del esfuerzo sobrehumano de colectivos como Madres Buscadoras de Los Cabos y Sabuesos Guerreras. No existe una cartografía nacional oficial de fosas construida desde la autoridad que sea tan precisa como la que han edificado los colectivos. Como investigadora social, debo destacar que en México existen más de 234 colectivos de búsqueda registrados a nivel nacional, aunque la cifra real es mayor debido a las agrupaciones locales que operan desde la sombra por seguridad. Según el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el país ha superado la barrera de las 115,000 personas desaparecidas. Sin embargo, la ciencia estadística nos revela una herida más profunda: la «cifra negra». Se estima que más del 80% de los delitos en México no se denuncian.
Estas familias se han convertido en expertos forenses por necesidad e incluso a creado sus propias metodologías de búsqueda que son objeto de investigación científica nacional e internacional. Bajo climas extenuantes de largas horas, sin suministro de agua suficiente o hieleras para conservar su comida, careciendo de guantes, cubrebocas o ropa especial, palas, picos, exponen su salud física ante la toxicidad de los hallazgos, golpes de calor o fríos extremos y su integridad ante amenazas. Ellas no buscan culpables; buscan devolver a sus seres queridos a una sepultura digna para poder, finalmente, respirar.
Esta tragedia en Concordia era una herida anunciada. La minera Vizsla Silver Corp ya había suspendido labores en 2025 tras denunciar condiciones de inseguridad insostenibles. Sin embargo, la reanudación de actividades se dio en un entorno de violencia extrema y desplazamiento forzado; de hecho, Concordia fue el municipio con mayor desplazamiento en 2025 en su estado, esto según los datos de monitoreo de protección y los reportes de organismos como ACNUR. La tragedia de los mineros demuestra que la desaparición forzada no siempre es «un ajuste de cuentas»; alcanza a población inocente reclutada a través de engaños laborales, dato que expuso el caso del Rancho Izaguirre. Estamos ante un fenómeno de reclutamiento forzado y explotación que se disfraza de oportunidades.
Ante este horror, surge una pregunta que nos incomoda y que no busca justificar la barbarie, sino entender nuestro fracaso y cuestionar ¿Quiénes son los que hoy sostienen las armas y cavan las fosas? Esos victimarios fueron, hace no mucho, niños y adolescentes que también nos pertenecían. No nacieron con el deseo de dañar, sino fueron moldeados por la orfandad social, el abandono escolar y la falta de horizontes. Recordemos que muchos otros han sido reclutados contra su voluntad y amenazados con la vida de sus familias. Como sociedad, debemos preguntarnos qué dejamos de hacer. Ellos son, en gran medida, el producto de la indiferencia y de un Estado que llegó con un fusil donde debió llegar con una escuela o un abrazo. Cuidar a las infancias hoy no es solo un deber moral, es la única forma de evitar que mañana sean ellos quienes jalen el gatillo. Si desean conocer más sobre ello, le recomiendo el podcast «Los Niños del Narco» en Spotify, que documenta cómo el crimen organizado ha industrializado la orfandad, operando incluso orfanatos clandestinos para alistar infancias desde los seis años.
Ante esta realidad adversa, la búsqueda de la felicidad se convierte en un acto de resistencia política y social, debemos seguir construyéndola. Como sociedad, no podemos aceptar que buscar sustento sea una actividad de alto riesgo. Debemos exigir que el Estado pase del asistencialismo a políticas públicas de impulso económico real que permitan cambios generacionales y transformación estructurales. Necesitamos programas que fomenten la movilidad social para que, en unos años, la necesidad no sea el motor que empuje a nuestra población a situaciones que lastiman el tejido social.
¡Que a tu teoría y a tus derechos no les falte calle!
