La secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Norma Castorena Berrelleza, desmintió categóricamente que el Programa de Profesionalización para personal de enfermería y trabajo social tenga un costo de 200 millones de pesos, como ha sido afirmado por autoridades del gobierno estatal, y sostuvo que dicha cifra carece de sustento técnico y financiero.
Durante un posicionamiento público ante medios de comunicación, la dirigente sindical aseguró que el costo real del programa asciende a poco más de 51 millones de pesos anuales, lo que representa alrededor de cuatro millones mensuales, de acuerdo con un costeo elaborado por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA. “Reto a los financieros que están manejando esos números a que se sienten con nosotros y expliquen de dónde salen esas cantidades”, señaló, al tiempo que acusó que la información errónea ha sido transmitida al gobernador, generando un conflicto innecesario con la base trabajadora.
Castorena Berrelleza afirmó que el Programa de Profesionalización no implica la creación de nuevas plazas ni un crecimiento de la plantilla laboral, sino una promoción compensada sobre puestos ya existentes. Explicó que se trata de cubrir la diferencia salarial entre categorías, principalmente de auxiliar de enfermería a enfermera general, como resultado de un proceso de formación y evaluación previamente establecido.
La líder sindical rechazó los señalamientos oficiales que califican esta prestación como ilegítima o ajena a la responsabilidad estatal. Para sustentar su postura, presentó una serie de documentos que dan cuenta de la existencia, continuidad y validez legal del programa desde 2016, cuando fue firmado por primera vez durante la administración estatal de Miguel Alonso Reyes. Posteriormente, dijo, el programa fue ratificado durante el gobierno de Alejandro Tello Cristerna y notificado formalmente a la actual administración encabezada por David Monreal Ávila desde marzo de 2022.
De acuerdo con Castorena, existen convenios, convocatorias, lineamientos, listados de beneficiarios y minutas firmadas por autoridades de salud que demuestran la voluntad institucional de dar continuidad al programa. Entre ellos, destacó una minuta del 30 de marzo en la que el entonces secretario de Salud, Osvaldo Pinedo, autorizó la continuidad del Programa Estatal de Profesionalización y ordenó realizar el análisis financiero correspondiente.
Actualmente, explicó, 390 trabajadores ya han recibido el pago derivado de este esquema, mientras que 300 permanecen pendientes, de los cuales 288 corresponden a personal de enfermería y 12 a trabajo social. Subrayó que se trata de derechos adquiridos y ganados mediante convocatorias públicas y procesos avalados por los órganos de control interno.
En su intervención, Castorena Berrelleza también abordó el proceso de transición al sistema IMSS-Bienestar y sostuvo que este no puede ser utilizado como argumento para negar el pago de la profesionalización. Aclaró que los convenios modificatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación establecen una corresponsabilidad entre el gobierno del estado y el IMSS-Bienestar en materia de financiamiento, pero dejan en claro que las prestaciones adicionales a las condiciones generales de trabajo deben ser cubiertas por la entidad federativa.
La secretaria general del SNTSA acusó que una omisión grave ocurrió en 2022, cuando la Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud no incluyó el programa de profesionalización en el censo de plantilla activa enviado a la federación, pese a que el estado se encontraba en vísperas del proceso de transición. Dicha omisión, dijo, es utilizada ahora para justificar el incumplimiento, cuando los propios convenios permiten modificar anexos y corregir errores administrativos.
Asimismo, señaló que existen alternativas técnicas y jurídicas para financiar el programa, entre ellas la incorporación del pago al programa presupuestario federal 013, el cual permite destinar recursos al personal médico, paramédico y afín que presta servicios a población sin seguridad social. Aseguró que el personal de enfermería y trabajo social cumple plenamente con estos criterios y que el propio lineamiento permite ajustes remunerativos sin prohibición expresa.
Castorena Berrelleza informó que, ante la falta de respuesta, trabajadores de la salud mantienen tomadas diversas instalaciones gubernamentales desde hace más de 24 horas, pese a las inclemencias del clima. Advirtió que, de no existir una solución inmediata, podrían intensificarse las acciones de protesta, incluyendo un paro de labores en hospitales comunitarios y generales del estado.
No obstante, aclaró que el sindicato no ha descuidado la atención a pacientes y que los servicios médicos continúan operando con el personal necesario, aun en condiciones de sobrecarga laboral y carencia de insumos básicos. “Trabajamos con lo más sagrado que es la vida, por eso no podemos abandonar los hospitales”, expresó.
Finalmente, la dirigente sindical hizo un llamado al gobernador del estado para que se instalen mesas de trabajo con seriedad y voluntad política, advirtiendo que la negativa a cumplir con el pago de la profesionalización no solo vulnera derechos laborales, sino que podría generar un mayor quebranto financiero y administrativo para el propio estado. “Aquí están los documentos, aquí está la ley y aquí está la solución; lo único que falta es que se asuma la responsabilidad que corresponde”, concluyó.
