“Necesitamos empoderar al ciudadano”, manifestó la Presidenta Claudia Sheinbaum el pasado lunes, en respuesta a una pregunta respecto al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y la falta de nombramientos de algunos integrantes de su Comité de Participación Ciudadana. También anunció que habrá reformas al respecto. Desde hace algunos días, entre noticias que despiertan la esperanza y otras que justifican la urgente necesidad de reformarlo, el sistema ha logrado, como pocas veces, atención mediática. Ya nos referíamos aquí al foro en el que su presidenta saliente, Vania Pérez Morales, junto al Diputado Federal, vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, convocaron para incentivar el debate al respecto. A partir de ello diferentes actores relacionados con el tema, como el experto en el tema y actual Presidente del Sistema Anticorrupción en el Estado de México, Alberto Gándara, han comenzado a emitir sus propuestas. Destaco de este último la muy interesante idea de evolucionar de un Sistema Nacional Anticorrupción a un Sistema Nacional de Integridad Pública y Buen Gobierno (SNIP).
Desde hace tiempo que el diseño original del SNA dio muestras de ser inviable en términos de implementación efectiva. Es probable que, de hecho, nunca en sus diez años de existencia haya estado completo en su totalidad, dado que, al ser un Sistema Nacional y no federal, requería que los otros 32 sistemas locales contaran con la totalidad de sus integrantes nombrados y en funciones. Numerosos estudios dieron cuenta de cómo hicieron falta algunos nombramientos en diferentes momentos y entidades federativas. Y ya se llegó al punto, como también lo recuerda el Maestro Gándara, de que, en Tabasco, este sistema fuera eliminado.
Este contexto nos permite insistir en que habrá que repensar el diseño y reintentarlo sin renunciar a los criterios que fueron atinados.
Sin embargo, ha sido evidente que, al Sistema, a los ciudadanos y a las instituciones mismas, les hacen falta herramientas, incentivos y también responsabilidad para que el sistema consolide políticas, buenas prácticas y esfuerzos conjuntos en pro de la rendición de cuentas, más que burocratización, declaraciones al vacío, trámites de forma, fotografías sin impacto social y, en el mejor de los casos, recomendaciones no vinculantes.
Me permito volver al punto, tan reiteradamente abordado en estas páginas, sobre algunas propuestas que adquieren especial relevancia ante la anunciada reforma:
Primero, es indispensable modificar la integración y los mecanismos de nombramiento de los Comités de Participación Ciudadana, permitiendo la incorporación de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores o de instituciones de educación superior en las entidades federativas. Su participación podría vincularse formalmente a labores de investigación y trabajo de campo en materias anticorrupción, incluso mediante descargas en horas clase, aprovechando su especialización y experiencia, sin excluir por ello a otros perfiles ciudadanos;
Segundo, debe dotarse a esta instancia de atribuciones más robustas en su relación con las instituciones que integran el sistema, de modo que pueda solicitar prioridad en el desahogo de determinadas investigaciones o casos, sin vulnerar los plazos legales. Asimismo, resulta necesario homologar la figura de las recomendaciones a la existente en los órganos garantes de derechos humanos, de manera que, cuando no sean aceptadas, la autoridad correspondiente deba justificar públicamente su negativa ante el Comité Coordinador o el Poder Legislativo;
Tercero, es momento de constitucionalizar el derecho humano a la buena administración, como ya ocurre en la Constitución de la Ciudad de México, con resultados favorables para los ciudadanos. Ello permitiría que este derecho cuente con las garantías propias de su categoría y se convierta en un parámetro exigible del actuar gubernamental;
Cuarto, si lo que se pretende es empoderar al ciudadano, como lo expresó la presidenta Sheinbaum, es necesario articular de manera efectiva las políticas de contraloría ciudadana —con décadas de experiencia en distintos programas gubernamentales— tanto a nivel federal como local, donde los beneficiarios participan como contralores en campo con un interés directo en el buen desempeño institucional. A ello deben sumarse los ejercicios de apertura institucional —gobierno, parlamento, cabildos y tribunales abiertos— en todos los ámbitos del poder público;
Quinto, como se ha planteado desde hace años, resulta pertinente integrar al Instituto Nacional Electoral al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y en las entidades federativas a sus respectivos organismos electorales, considerando que una de las vertientes más perniciosas de la corrupción es la político-electoral, que deriva en la captura de las instituciones mediante el desvío de recursos hacia campañas proselitistas
Finalmente, como lo ha sugerido recientemente el consejero Uuc-kib Espadas, es indispensable vincular la legislación electoral en materia de fiscalización con la de responsabilidades administrativas, a fin de evitar vacíos normativos en la imposición de sanciones a servidores públicos y asegurar que los hallazgos de las autoridades electorales tengan una doble repercusión jurídica.
Concluyo con una sentida disculpa por el abuso del espacio y del tiempo. Ojalá más allá de cansar, esta lectura también provoque la deliberación.
@CarlosETorres_
