Con base en el reporte Violencia y Pacificación Estado por Estado, elaborado por la organización México Evalúa, Zacatecas se posiciona como la entidad con la mayor reducción en la variación anual de la violencia letal por tipo de delito a nivel estatal durante el periodo enero-noviembre de 2024 a 2025, al registrar una disminución de 44.2 por ciento. En particular, el homicidio doloso presentó una reducción de 70.4 por ciento, ubicando al estado como el tercero con mayor disminución en este delito. Asimismo, el homicidio culposo mostró una baja de 6.0 por ciento, mientras que el feminicidio registró una reducción de 14.3 por ciento. En el rubro de otros delitos contra la vida, la disminución fue de 41.0 por ciento, y finalmente, el indicador de personas desaparecidas reportó una reducción de 56.2 por ciento.
Según el reporte, la violencia letal se define como todo acto encaminado a privar de manera intencional la vida de una persona. Para su medición, se considera la suma de los registros oficiales de homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y casos de personas desaparecidas.
Bajo esta premisa Zacatecas presenta una situación particular, en el periodo de enero-noviembre de 2025 registró una tasa de violencia letal de 57.9 por cada 100 mil habitantes, lo que representa una variación anual negativa de 45 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Comparado con 2018, la reducción es de 7 por ciento; sin embargo, frente a 2015 todavía se observa un incremento acumulado de 62 por ciento.
México Evalúa utiliza el llamado “radar de violencia”, donde ubica a Zacatecas dentro de las zonas contenidas, es decir, estados con niveles relativamente bajos en comparación con otras entidades y sin señales claras de crecimiento inmediato, aunque bajo vigilancia para evitar repuntes. Por otro lado, en materia de política pública, se identifica que el estado zacatecano mantiene alineación con estrategias federales centradas en el debilitamiento operativo del crimen organizado, priorizando detenciones y decomisos de armas, droga y explosivos como ejes principales.
En base a los datos absolutos, en el estado, durante el periodo de análisis en 2025 se contabilizaron 991 víctimas asociadas a violencia letal: 137 homicidios dolosos, 408 homicidios culposos, seis feminicidios, 227 delitos contra la vida y 213 personas desaparecidas. En la distribución porcentual nacional, representó 1.4 por ciento del total de violencia letal; 0.6 por ciento de homicidios dolosos; 2.4 por ciento de homicidios culposos; 0.9 por ciento de feminicidios; 1.4 por ciento en otros delitos contra la vida y 1.6 por ciento en personas desaparecidas.
Sobre el ámbito nacional, la mitad de las víctimas letales provino de ocho estados: Guanajuato (7,643), Baja California (5,496), Ciudad de México (4,842), Estado de México (4,838), Sinaloa (3,832), Michoacán (3,638), Chihuahua (3,190) y Sonora (2,756). En este ranking, Zacatecas ocupó el lugar 22 con sus 991 víctimas registradas.
Respondiendo al cuestionamiento de si ¿finalmente México es un país más pacífico?, se establece que no, aunque se reconoce una disminución marginal de la violencia letal entre enero-noviembre de 2024 y 2025. Sin embargo, esta reducción, equivalente al 5.4 por ciento a nivel nacional, ocurre sobre niveles históricamente elevados, por lo que no representa un cambio estructural en la dinámica de violencia.
De acuerdo con el análisis, en 2015 se registraron 39 mil 653 hechos asociados a violencia letal, mientras que para 2025 la cifra asciende a 68 mil 424, lo que implica un incremento de 72.6 por ciento en una década. Si la comparación se realiza respecto a 2018, año de inicio del actual régimen político, el aumento es de 11.8 por ciento, confirmando un deterioro sostenido en el largo plazo.
Aunque el homicidio doloso presenta una caída relevante de 29.5 por ciento desde 2018 y una reducción de 21.8 por ciento durante el último año, otros indicadores muestran comportamientos preocupantes. Entre ellos destaca el crecimiento de personas desaparecidas y no localizadas, con un aumento acumulado de 107.5 por ciento desde 2018 y un repunte adicional de 21.1 por ciento en el último año. Asimismo, otros delitos contra la vida y la integridad corporal mantienen una tendencia ascendente muy marcada, con incrementos de 361.9 por ciento respecto a 2015 y de 115.6 por ciento frente a 2018.
El reporte advierte que la disminución reciente de homicidios no puede interpretarse como una mejora sustantiva, pues podría estar influida por factores ajenos a una mejora real en la seguridad, como manipulaciones en registros, debilidades institucionales en sistemas de clasificación o incluso coerción criminal en ámbitos locales. Por ello, se insiste en la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales, impulsar prevención del delito y robustecer capacidades institucionales en estados y municipios.
A nivel estatal, el informe confirma que la reducción de la violencia no es homogénea. Muchas entidades mantienen tasas elevadas debido a incrementos acumulados durante la última década, mientras otras presentan repuntes recientes. El análisis identifica cuatro grupos de entidades.
El primer grupo corresponde a estados donde la disminución reciente no revierte un deterioro crónico, como Baja California (133), Guanajuato (116.9), Morelos (107.5) Colima (97.1) y Quintana Roo (95.4, que conservan tasas excepcionalmente altas. El segundo grupo incluye entidades con intensificación reciente de la violencia, como Sinaloa (41%), Hidalgo (44%), Ciudad de México (28%), Baja California Sur (37%) y Nayarit (24%) donde se observa deterioro acelerado asociado a reacomodos del poder criminal y menor capacidad de contención estatal.
Un tercer grupo agrupa estados con violencia consolidada, cuyos niveles actuales son intermedios, pero que muestran incrementos pronunciados en la última década, como Oaxaca (299%), Nayarit (314%), Campeche (144%) y Tabasco (197%. Finalmente, un cuarto grupo refleja una pacificación relativa, integrada por Coahuila, Tlaxcala, Durango y Yucatán, que mantienen tasas relativamente bajas y reducciones sostenidas, aunque el informe advierte que estos equilibrios pueden deteriorarse si se debilitan mecanismos de prevención y control.
