Aunque reconocieron avances en la atención a víctimas y en la nueva facultad de sancionar de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), integrantes de la Coordinadora Feminista Olympia de Gouges advirtieron que la mejora institucional no ha sido suficiente para frenar las omisiones de autoridades como la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y otras que siguen sin corregir sus prácticas pese a las recomendaciones emitidas.
Las activistas que recientemente fueron acreedoras al Premio Estatal de Derechos Humanos “Tenamaxtle 2025” señalaron que, a diferencia de años anteriores, han observado mayor celeridad en la emisión de medidas cautelares, así como un seguimiento más puntual de los casos, tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) como en el ámbito universitario.
Al respecto, María Luisa Sosa de la Torre indicó que, ante la persistencia de violencia dentro de la UAZ, en diversos casos han optado por acudir a la CDHEZ luego de que las vías universitarias resultaran insuficientes. Señaló que existen ya varias recomendaciones emitidas contra la institución, aunque lamentó que ello no frene las violaciones a derechos humanos.
Sosa de la Torre destacó también la consolidación del área de atención a víctimas dentro de la CDHEZ, que ahora ofrece servicios como atención psicológica, incluso en situaciones en las que otras instituciones no brindan acompañamiento cuando las personas afectadas solo han decidido presentar una queja. A su juicio, la política de atención del organismo se ha ido perfeccionando, aunque subrayó que aún existen amplias áreas de oportunidad.
Uno de los avances que consideró más relevantes es la reciente reforma que otorga a la CDHEZ facultades para imponer sanciones, más allá de la emisión de recomendaciones. Recordó que anteriormente la recomendación podía ser aceptada o rechazada por la autoridad señalada, lo que limitaba su efectividad, mientras que la posibilidad de sancionar abre una ruta para garantizar la no repetición de las violaciones y avanzar en la reparación del daño. No obstante, advirtió que es indispensable abrir mesas de trabajo para definir a través de manuales y protocolos, las rutas que permitan ejercer esta atribución con claridad y eficiencia.
Por su parte, María Elena Ortega Cortés subrayó la importancia de analizar el informe a detalle y valoró que la CDHEZ haya adoptado el lema “todas las personas, todos los derechos”, al considerar que representa una forma de incidencia relevante en un contexto donde persisten prácticas discriminatorias, incluso desde el discurso institucional.
Ortega Cortés advirtió que, si bien se reconoce un tránsito de acciones aisladas a un trabajo territorial, es necesario conocer con precisión los procesos, indicadores y estrategias que sustentan esa presencia, al tratarse del uso de recursos públicos.
La activista calificó como “paupérrima” la situación presupuestal de la CDHEZ, que este año contará con alrededor de 42 millones de pesos, monto que consideró insuficiente frente a la magnitud de la violencia y las violaciones a derechos humanos que persisten en el estado. Destacó además la inclusión de perfiles brillantes dentro de la Comisión y el trabajo en el área de Archivos.
