El pasado lunes 12 de enero, los consejeros del Instituto Nacional Electoral presentaron ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sus propuestas (en total 271), consolidadas en diez ejes temáticos con el objetivo de aportar su visión técnica-especializada en relación a la propuesta que tal comisión se encuentra integrando, según sus propios objetivos de creación.
Sirva esta referencia, que muchos medios rescatan y sobre el que se vaciará mucha tinta en los próximos días para ampliar la discusión respecto a los alcances que puede tener una reforma electoral, que se antoja, cada vez más como una reforma político-electoral, pues, su impacto no solo estará en el cómo se elige, sino en el qué se elige; por ejemplo, en torno al debate, de los espacios de representación proporcional en los Poderes Legislativos, y presumiblemente, en los Ayuntamientos.
Este debate también se ha prestado como el marco idóneo para retornar a la discusión, análisis y, potencial mejora de la recién implementada reforma judicial, en especial la forma de elegir personas juzgadoras, magistraturas e integrantes del Pleno de la Suprema Corte. Los casos en los que se ha demostrado la falta de pericia, experiencia e incluso capacidad de algunas personas elegidas en 2025, así como la baja participación y el alto porcentaje de votos nulos, han llamado la atención, inclusive de algunos beneficiarios de dicho proceso. El propio ministro presidente, Hugo Aguilar, ha manifestado la necesidad de reducir el número de candidaturas para facilitar la selección de parte de los ciudadanos. En este sentido, el mismo INE, en su propuesta ya comentada, expone: “(…) que la elección del Poder Judicial no sea concurrente con la de los poderes Ejecutivo o Legislativo. Al no contar con la participación de los partidos políticos, la naturaleza del proceso electoral judicial resulta diferente a los procesos para los otros poderes; derivando en una serie de complejidades operativas y logísticas. Lo cual, dificulta empatar estos procesos dentro de un solo marco temporal.” En este contexto, aprovecho la oportunidad para recomendar el muy buen documento que generó el Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia, que dirigió la jurista Ana Laura Magaloni, y en el que podrá encontrar un análisis sustancial sobre los impactos, pero también el contexto previo, de la reforma judicial.
Sin embargo, la agenda de rediseño en materia regulatoria no solo se queda en ambas reformas (la político-electoral y las prontas modificaciones a la judicial). También tendrá lugar este año la revisión al Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá, en materia de libre comercio, anteriormente TLC, hoy T-MEC, cuyas modificaciones tendrán el mismo efecto que una reforma legal, por la importancia de nuestra relación económica con nuestros socios y vecinos, y particularmente con los Estados Unidos en la era MAGA.
Finalmente, en el ámbito de la rendición de cuentas, hay dos apuntes interesantes. El primero, ampliamente conocido, que nace de una propuesta realizada por el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para reformar los artículos 74 y 79 de la Constitución Federal, ambos en relación a la Auditoría Superior de la Federación. El primero, relativo a la reducción de plazos de fiscalización y a la eliminación de la posibilidad de reelección de la persona titular de dicho órgano de la Cámara Baja. Dicha reforma sí se realiza, deberá de hacerse a la brevedad, pues es en el mes de marzo cuando culmina el período del actual auditor superior, y a mediados de febrero que arranque el proceso selectivo correspondiente.
Finalmente, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha manifestado en diversas ocasiones la importancia de realizar reformas a la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas, principal instrumento para la sanción de funcionarios, servidores públicos y particulares en materia de ejercicio de recursos públicos y funciones de administración.
Atendiendo un muy sencillo ejercicio de prospectiva, el año que arranca se antoja como el idóneo para todas las reformas que el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum pretenda realizar, dadas las condiciones de “súper” mayorías de las que goza en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las Legislaturas locales, considerando además, que, una vez marcada la segunda etapa de su sexenio, la pugna política, no del todo ausente ahora mismo, se intensifica por los intereses rumbo a su, aún lejana, sucesión.
2026 pues puede ser otro año, como 2024 lo fue en el mes de septiembre, de grandes reformas. Es deseable que en el presente, ejercicios como el de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sean la constante, en cuanto hace a un proceso de análisis, estudio, deliberación pública multiactor, apertura y perspectiva sistemática, armónica, garantista y articulada jurídicamente.
@CarlosETorres_
