El 2025 fue un año de alta conflictividad para el sindicalismo magisterial en Zacatecas, con dirigencias que ocuparon de manera sostenida la agenda pública, destacando la visibilidad del líder de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Marcelino Rodarte Hernández, quien encabezó la continuidad de la protesta frente al Gobierno estatal en exigencia de pago puntual de salarios y prestaciones, certeza en jubilaciones, rescate financiero del ISSSTEZAC y reglas claras para la federalización de la nómina educativa.
Filiberto Frausto Orozco, dirigente de la Sección 34 del SNTE, y la secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la BUAZ, Jenny González Arenas, en su rol sindical y como candidata a la rectoría, también ocuparon titulares durante el año saliente.
Al cierre del año, el balance del sindicalismo magisterial subrayó la falta de resolución estructural de los conflictos, pero también abrió la discusión sobre una posible articulación de luchas, como se planteó en el Primer Congreso Nacional sobre Trabajo y Sindicalismo, llevado a cabo a finales de 2025 y que contó con las ponencias de Rodarte, Frausto y González.
En ese espacio, Rodarte Hernández sostuvo que el conflicto magisterial en Zacatecas responde a una indolencia institucional sostenida y no a fallas administrativas aisladas; afirmó que el presupuesto educativo se utiliza como mecanismo para justificar incumplimientos y limitar la negociación colectiva, y concluyó que las mesas de diálogo que no incluyen plazos ni compromisos verificables han agotado la vía institucional, lo que obliga al magisterio a recurrir a la organización sindical como herramienta de defensa.
Por su parte, Frausto Orozco puso el foco en el deterioro histórico de los derechos laborales, al señalar que la precarización del trabajo docente y la crisis de las pensiones derivan de reformas laborales y de seguridad social acumuladas, que han extendido la vida laboral y debilitado el derecho a una jubilación digna. Subrayó que la cooptación de dirigencias y la desmovilización de las bases han erosionado la capacidad de defensa sindical, y planteó la necesidad de reconstruir un sindicalismo democrático, sustentado en asambleas, participación de base y articulación con otros sectores laborales.
González Arenas advirtió que la precarización del trabajo docente universitario, los topes salariales y la incertidumbre en los esquemas de seguridad social no son problemas aislados de la educación superior, sino parte del mismo proceso que atraviesa al sector educativo en su conjunto. Señaló que el control presupuestal se ha convertido en un factor que limita la negociación colectiva y condiciona la estabilidad laboral en las universidades públicas, y coincidió en que, sin organización colectiva, las condiciones de trabajo seguirán deteriorándose.
