El hospedaje a través de plataformas digitales como Airbnb ha registrado un crecimiento sostenido en el estado de Zacatecas durante los últimos años; sin embargo, su operación continúa desenvolviéndose en una zona gris de regulación específica, a pesar de que sí existe un marco legal general que rige los servicios turísticos, de acuerdo con la legislación estatal vigente y con datos de plataformas de análisis del sector.
Estimaciones de servicios especializados como AirDNA y Airbtics indican que en el estado de Zacatecas existen casi 2 mil espacios de hospedaje activos en Airbnb, concentrados principalmente en la capital del estado. Tan solo en la ciudad de Zacatecas se calcula la existencia de más de 750 listados, mientras que municipios de la zona conurbada y pueblos mágicos presentan una oferta menor, aunque en crecimiento: Guadalupe concentra poco más de 700 alojamientos, Fresnillo alrededor de 60, y Jerez entre 60 y 70 espacios.
Aunque Airbnb no publica cifras oficiales desagregadas por entidad o municipio, estos datos permiten dimensionar el peso que ha adquirido el hospedaje de plataforma dentro del mercado turístico local, particularmente durante temporadas altas y la realización de eventos culturales.
De acuerdo con datos de Datatur correspondientes a 2024, en Zacatecas existen 265 hoteles que concentran 7 mil 208 habitaciones, mientras que la oferta en plataformas digitales ya representa alrededor de 27 por ciento de esa capacidad, con una tendencia al alza.
Desde el punto de vista legal, el funcionamiento de estos alojamientos no se encuentra al margen de la ley, pero tampoco cuenta con una regulación diseñada de manera específica para plataformas digitales. La Ley para el Desarrollo Turístico del Estado de Zacatecas considera al hospedaje como un servicio turístico y contempla figuras amplias —como casas de alojamiento temporal— que pueden incluir a los inmuebles ofertados en Airbnb, siempre que la estancia sea de corta duración.
Dicha legislación faculta a la Secretaría de Turismo del estado para vigilar, registrar e inspeccionar a los prestadores de servicios turísticos, además de establecer la obligación de inscribirse en el Registro Estatal de Turismo. En teoría, los anfitriones que operan de forma recurrente deberían cumplir con estos requisitos, así como con normas de seguridad y disposiciones de Protección Civil.
En años recientes, el Gobierno estatal ha dado pasos parciales para incorporar a estas plataformas al esquema institucional. Destaca el convenio firmado en el verano de 2024 entre el Gobierno de Zacatecas y Airbnb para la recaudación del Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH), lo que implica el reconocimiento formal de esta modalidad como parte de la actividad turística generadora de ingresos fiscales. Asimismo, reformas y acuerdos legislativos han planteado que los hospedajes operados mediante plataformas digitales deben contar con certificación de Protección Civil, al igual que hoteles y establecimientos tradicionales.
Empresarios hoteleros han manifestado su inconformidad ante el crecimiento de plataformas de hospedaje digital como Airbnb, al considerar que operan en un marco de competencia desigual frente a la hotelería formal. Señalan que muchos de estos alojamientos no cumplen con las mismas obligaciones fiscales, administrativas y de seguridad que exige la ley a los hoteles establecidos, como el pago de impuestos sobre la nómina, nóminas, licencias de funcionamiento y verificaciones de Protección Civil. Advierten, además, una afectación directa en los niveles de ocupación y en las tarifas, así como riesgos para la seguridad y la calidad del servicio turístico, ante la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades.
De acuerdo con empresarios del sector, esta situación ha contribuido a que la ocupación hotelera se mantenga en niveles bajos, con porcentajes que no superan el 46 por ciento en periodos vacacionales recientes y un promedio anual cercano al 32 por ciento; no obstante, reconocen que tras la pandemia la ocupación ha mostrado una recuperación gradual con el paso de los años, aunque aún insuficiente para alcanzar los niveles previos y revertir el impacto de la expansión de alojamientos digitales sin regulación.
Especialistas en turismo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) advierten que el crecimiento del hospedaje digital plantea un reto para las autoridades estatales y municipales, que deberán decidir si mantienen el esquema actual —basado en normas generales— o avanzan hacia una regulación específica que ordene la actividad, garantice condiciones equitativas y preserve el carácter habitacional de determinadas zonas urbanas.
Mientras tanto, el hospedaje vía Airbnb continúa expandiéndose en Zacatecas bajo un marco legal que lo reconoce de forma indirecta, pero cuya aplicación práctica sigue siendo limitada, en un contexto donde la actividad turística es considerada un motor clave para la economía estatal y que apenas muestra signos de recuperación.
Efectos sociales y gentrificación
Otro de los efectos del crecimiento de las plataformas de hospedaje de corta estancia en centros históricos o colonias habitacionales es el impacto negativo en la vida urbana y social de estas zonas. La conversión de viviendas en alojamientos turísticos reduce la oferta habitacional para residentes permanentes y encarece de manera sostenida las rentas y el precio del suelo. Esta dinámica favorece la especulación inmobiliaria y provoca el desplazamiento de familias de bajos ingresos, adultos mayores y pobladores con arraigo histórico, quienes se ven obligados a abandonar áreas centrales ante la imposibilidad de sostener los nuevos costos, profundizando así la crisis de vivienda en espacios patrimoniales.
Además, la expansión del alquiler turístico altera el tejido comunitario y acelera procesos de gentrificación. La alta rotación de visitantes debilita la convivencia vecinal y transforma la vocación residencial de los centros históricos en zonas orientadas al consumo turístico. Comercios tradicionales son sustituidos por servicios para visitantes, mientras aumentan los conflictos por ruido, residuos y el uso intensivo de inmuebles antiguos, muchas veces sin supervisión adecuada. Sin una regulación clara y efectiva, estas plataformas contribuyen a la pérdida de identidad urbana y a la exclusión social en áreas que históricamente han sido espacios de vida colectiva.
La ciudad de Barcelona ha implementado una serie de medidas para enfrentar la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos como los ofertados en Airbnb, cuya expansión ha sido señalada como un factor que tensiona el mercado de la vivienda y eleva los precios residenciales. Entre las acciones más relevantes destaca la decisión del ayuntamiento de revocar todas las licencias de viviendas de uso turístico para 2028, lo que implica que más de 10 mil apartamentos actualmente autorizados dejarán de operar como alojamiento turístico y, en teoría, regresarán al mercado de vivienda habitual. Esta medida responde a la prioridad política de recuperar inmuebles para residentes y aliviar la crisis habitacional.
Además de la eliminación gradual de licencias, el gobierno municipal ha fortalecido los controles sobre viviendas turísticas ilegales mediante campañas informativas, herramientas para que los vecinos verifiquen la legalidad de los inmuebles y un sistema de sanciones que ha derivado en miles de multas y órdenes de cese a anuncios sin licencia, lo que ha permitido recuperar casi 3 mil 900 viviendas para uso residencial permanente. El Ayuntamiento catalán también ha propuesto acuerdos con Airbnb para el intercambio mensual de datos sobre anuncios, verificar la titularidad y legalidad de las propiedades, y ha limitado la emisión de nuevas licencias, además de imponer mayores exigencias de registro y transparencia.
Estas políticas se inscriben en un contexto más amplio, ya que el gobierno central español ha reforzado la regulación de los alquileres turísticos mediante normas que otorgan mayor poder de decisión a las comunidades de vecinos y establecen sanciones a plataformas que difundan anuncios sin licencia, en un esfuerzo por mitigar la presión sobre los alquileres residenciales y garantizar el acceso a la vivienda.
En la Ciudad de México, por su parte, se han impulsado diversas iniciativas para regular las plataformas de alojamiento y enfrentar la presión sobre el mercado de vivienda asociada a la gentrificación, aunque su implementación y alcance aún se encuentran en proceso.
Una de las medidas centrales fue la aprobación de reformas al marco legal local para el hospedaje turístico eventual, impulsadas por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, y avaladas por el Congreso capitalino. Dichas reformas modificaron la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, con el objetivo de equilibrar la competencia entre los alojamientos de corta estancia y el sector hotelero tradicional. Entre las disposiciones destaca la creación de un padrón de anfitriones y plataformas, así como el establecimiento de un límite máximo de ocupación del 50 por ciento de las noches al año para las viviendas registradas en plataformas digitales, con el fin de desincentivar la conversión permanente de vivienda en hospedaje turístico.
Asimismo, la regulación prohíbe que viviendas provenientes de programas sociales o de reconstrucción sean utilizadas como hospedaje turístico y busca fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de estos límites. Aunque estas disposiciones forman parte de la Ley de Turismo desde octubre de 2024, su aplicación práctica ha enfrentado retrasos debido a la falta de implementación de los padrones y de los instrumentos necesarios para hacerlas efectivas frente a los más de 26 mil anuncios existentes en Airbnb y plataformas similares en la capital.
De manera paralela, el Gobierno de la CDMX ha presentado otras estrategias integrales contra la gentrificación, entre ellas la limitación de los aumentos de renta al índice de inflación, la creación de referencias de precios de alquiler razonables, el establecimiento de observatorios de suelo y vivienda, así como el fortalecimiento de programas de vivienda pública y de los derechos de inquilinas e inquilinos, con el objetivo de proteger a residentes de zonas centrales vulnerables al desplazamiento.
Estas acciones reflejan un intento de respuesta estructurada a las tensiones entre turismo, mercado inmobiliario y derecho a la vivienda en la capital del país; no obstante, organizaciones civiles y especialistas han advertido que las medidas requieren una ejecución efectiva y deben complementarse con políticas de vivienda de mayor alcance para enfrentar de manera sostenida los procesos de gentrificación.
En este sentido, Zacatecas muestra un enorme retraso en su legislación y políticas públicas de índole estatal y municipal frente a un problema que se ve nítidamente en el Centro Histórico, donde se carece de un plan de manejo actualizado y además de que las rentas comerciales y habitaciones se han vuelto prohibitivas para pequeños empresarios y ciudadanos que aún buscan una vivienda en el corazón de la capital zacatecana.
