A través de un comunicado y declaraciones ante medios de comunicación, el abogado Jorge Rada fijó postura sobre los hechos ocurridos en la Secundaria Técnica No. 1 de Zacatecas, así como sobre la separación de docentes del plantel, señalando presuntas violaciones a derechos laborales y constitucionales, y anunciando acciones legales para la defensa de los maestros involucrados.
En el documento difundido, el representante legal informó que los docentes afectados fueron separados de manera fáctica de sus funciones, sin que existiera acto administrativo alguno debidamente fundado y motivado, ni procedimiento previo conforme a la Constitución y las leyes aplicables. Precisó que dicha medida se ejecutó sin notificación formal, sin resolución escrita y sin sustento jurídico, lo que, a su juicio, configura una actuación irregular por parte de la autoridad educativa.
Rada subrayó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas confirmó públicamente la inexistencia de cualquier material ilícito, incluido el supuesto “catálogo sexual” que circuló en redes sociales.
Afirmó que no existe evidencia pericial ni investigación que vincule a los docentes con los hechos difundidos y que, pese a ello, la autoridad educativa no ha emitido un deslinde oficial ni resolución administrativa, permitiendo que persista un ambiente de estigmatización, hostilidad y daño al honor profesional de personas que, hasta el momento, no enfrentan procedimiento alguno ni imputación legal.
De acuerdo con el abogado, la actuación descrita vulnera principios constitucionales básicos como la legalidad, la presunción de inocencia, la estabilidad laboral, la dignidad humana y la seguridad jurídica, además de omitir la aplicación de los protocolos institucionales de convivencia escolar y manejo de crisis previstos en la normatividad educativa vigente.
Asimismo, enfatizó que los docentes no tienen facultades legales para revisar, investigar o intervenir en los dispositivos electrónicos de los alumnos, por lo que atribuirles responsabilidad por hechos derivados del ámbito digital doméstico resulta jurídicamente insostenible y contrario al marco legal. Señaló que el teléfono celular es un dispositivo personal, íntimamente ligado a la vida privada del menor, y que su uso, contenido y supervisión corresponden jurídicamente a los padres o tutores, no a los maestros.
En entrevista, Jorge Rada explicó que el caso generó una amplia polémica que trascendió el ámbito local e incluso fue abordada por medios de comunicación internacionales, lo que, dijo, se hizo sin la prudencia ni el cuidado administrativo y jurídico necesarios. Indicó que esta cobertura derivó en la estigmatización del director de la Secundaria Técnica No. 1, de una trabajadora social y de docentes del centro escolar, quienes acudieron a su despacho al considerar que se vulneraron sus derechos laborales y profesionales.
El abogado señaló que a los maestros se les responsabilizó por un contenido que presuntamente habría sido manipulado con inteligencia artificial y que, tras un dictamen especializado, la Fiscalía estatal determinó que dicho material no existía. Detalló que la autoridad investigadora buscó la información denunciada por padres de familia o alumnos y no encontró evidencia alguna, por lo que los docentes fueron plenamente deslindados de los hechos.
Rada informó que ya se presentó un escrito ante la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas para que se determine el deslinde público de los maestros y se reconozca que su separación se dio sin procedimiento administrativo ni resolución formal. Añadió que el simple hecho de haberlos trasladado a otro centro escolar genera un efecto estigmatizador, al considerarlos presuntos responsables de hechos que ya fueron descartados por la Fiscalía.
En su argumentación, el abogado contextualizó la situación social y económica que enfrenta el país, en la que muchos padres y madres trabajan jornadas extensas y, en algunos casos, confían el cuidado de sus hijos a terceros o les proporcionan dispositivos móviles. No obstante, reiteró que la responsabilidad del contenido que los menores consumen o intercambian en dichos dispositivos recae en los padres o tutores, quienes deben supervisarlos periódicamente, ya que cualquier intervención del maestro implicaría una violación a la privacidad y requeriría una orden judicial.
Finalmente, el despacho jurídico reiteró que asume la defensa integral de los docentes con el objetivo de lograr su reincorporación inmediata, el deslinde público correspondiente y la reparación de las afectaciones causadas, reservándose el ejercicio de todas las acciones constitucionales y legales necesarias. En ese sentido, Jorge Rada sostuvo que defender a los maestros es defender el Estado de Derecho y que la educación no se protege mediante linchamientos sociales, sino con legalidad, responsabilidad institucional y verdad.
