La fiscal especializada en derechos humanos, Martha Berenice Vázquez González, informó que ya existe una intervención institucional para atender a presuntas víctimas de abuso o acoso sexual al interior del Centro de Actualización Magisterial. Explicó que, en días recientes, varias personas se acercaron a solicitar orientación, acompañamiento e incluso medidas de protección, por lo que el Centro de Justicia para las Mujeres les está brindando atención personalizada y facilitando el acceso a sus derechos.
Detalló que, conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando se detecta una situación de violencia (independientemente de que constituya o no un delito) la autoridad está obligada a emitir medidas de protección. En este sentido, explicó que “aunque una conducta no sea delito, sí puede activar medidas de protección si representa un riesgo para la víctima”. Añadió que ya se encuentran verificando los acompañamientos necesarios y analizando la posibilidad de iniciar denuncias penales, de acuerdo con la voluntad de cada persona involucrada.
Precisó que algunas presuntas víctimas manifestaron que su intención no era proceder por la vía penal, aunque existen situaciones que, por su naturaleza, requieren el conocimiento de la Fiscalía de Género y un enfoque especializado. Indicó que, hasta el momento, únicamente se ha recibido una denuncia formal, mientras que el resto corresponde a actas circunstanciadas que derivaron en medidas de protección. Subrayó que “apenas ayer tuvimos el acercamiento físico con las personas, así que los casos se encuentran en una etapa muy preliminar”.
Vázquez González recalcó que la Fiscalía actúa con responsabilidad y sigilo, analizando cada caso de manera individual para determinar la existencia de datos de prueba que permitan corroborar cualquier conducta delictiva.
“La víctima insiste en que su testimonio debería bastar, pero nosotros debemos garantizar un proceso sólido y respetuoso”, puntualizó. Reiteró que, por ahora, solo se puede hablar de una denuncia formal en curso.
En cuanto al panorama general de denuncias en la Fiscalía Especializada de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, informó que este año se han recibido alrededor de 2 mil 600 casos, cifra inferior a las más de 3 mil registradas al cierre de 2024. Aun con esta reducción, advirtió que la violencia familiar sigue siendo el principal delito reportado. “La violencia familiar es el delito que más lastima a las mujeres; no ha bajado en gravedad, aunque sí en número”, afirmó.
Después de este tipo de agresión, los delitos sexuales como abuso y violación ocupan los siguientes lugares de incidencia, aunque con cifras menores. Sin embargo, sostuvo que “un solo caso de violencia sexual tiene implicaciones muy serias para quien lo vive”.
Respecto a los esfuerzos de prevención, recordó que en septiembre se llevó a cabo una capacitación con la Policía Nacional de España, durante la cual se compartieron estrategias exitosas en materia de prevención de violencia feminicida. Señaló que la estrategia de disuasión focalizada en Zacatecas ha permitido integrar un padrón de agresores con potencial riesgo y realizar visitas domiciliarias periódicas.
“No importa si hay o no denuncia; si detectamos riesgo, vamos a la casa de la víctima”, explicó. Aseguró que esta política de prevención “no debe suspenderse, porque ha mostrado resultados y tiene el respaldo de la Fiscalía General”.
Consultada sobre los municipios con mayor incidencia de violencia familiar, señaló que Guadalupe representa actualmente la zona más problemática, aunque destacó el trabajo de su área de género municipal y de la unidad especializada de la Policía Estatal. Aclaró que no se cuenta con un número preciso de agresores registrados, pero se mantiene un monitoreo constante.
En torno a los factores que impulsan la violencia familiar, indicó que las adicciones son uno de los elementos más graves y recurrentes. “Cuando hay patrones machistas y además consumo de sustancias, el riesgo se multiplica”, señaló. Por ello, hizo un llamado a denunciar a tiempo, ya que las medidas de protección también permiten intervenir en las adicciones del agresor mediante instituciones y organizaciones civiles que ofrecen servicios gratuitos.
Al ser cuestionada sobre la disminución en las denuncias, mencionó que esta tendencia puede deberse tanto a una estrategia de prevención más activa como a la percepción social sobre el proceso. No obstante, afirmó que se han mejorado significativamente los tiempos de atención. “Antes un trámite podía tardar hasta siete horas; hoy lo resuelven en una hora y media o dos”, aseguró. Añadió que la judicialización de los casos también se ha agilizado.
Finalmente, destacó que ciertos periodos del año, como fines de semana y temporadas festivas, suelen registrar incrementos en casos de violencia debido al consumo de alcohol y otras sustancias. Por ello, exhortó a las víctimas a acercarse oportunamente a las autoridades, puntualizando que “no es necesario esperar a que la agresión se repita o se agrave para pedir ayuda”.
