El Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial del 22 de noviembre los Lineamientos del Programa de Apoyo Económico Extraordinario para Trabajadores con Plaza Estatal al Sistema Federalizado, dirigido a trabajadores estatales de la Secretaría de Educación, a quienes se ofrece un pago único de 37 mil pesos si aceptan transferir su plaza al sistema federalizado. La publicación establece que el apoyo se otorgará a 874 trabajadores, definidos como los primeros que cumplan los criterios de elegibilidad. Al aceptar el incentivo, el trabajador deberá firmar el convenio de transferencia y una vez concluido el proceso, la renuncia a la plaza estatal será irrevocable, indica el documento.
Los recursos de este programa se financiarán con recursos del Capítulo 4000, específicamente de la Partida 4411 (Ayudas Sociales), con una asignación total de 32 millones 338 mil pesos y la clave presupuestaria PPEO-10U204.
Tras la difusión de estos lineamientos, este domingo la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó de manera categórica la transferencia de plazas estatales al sistema federalizado mediante este mecanismo al calificarlo como “opaco, improvisado y lesivo para los derechos laborales del magisterio”.
Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58, afirmó que el apoyo económico “no es un apoyo, es una renuncia irreversible a los derechos laborales”, al señalar que el documento oficial no garantiza la conservación integral de prestaciones, antigüedad, procesos de promoción, seguridad social ni continuidad en el régimen pensionario.
Sostuvo que la propuesta exige entregar una plaza estatal a cambio de un recurso “extraordinario y limitado al ejercicio 2025, mientras que la pérdida de derechos sería permanente”, por lo que, desde la perspectiva sindical, no existe proporcionalidad ni seguridad jurídica.
También advirtió que la transferencia de plazas se sustenta únicamente en lineamientos administrativos y no en una modificación legal o en acuerdos bilaterales con el sindicato, lo que —dijo— coloca la decisión en un marco vulnerable a cambios discrecionales de la autoridad. Acusó que no hubo mesas formales con la Sección 58, ni consulta al magisterio, ni análisis técnico sobre el impacto en las escuelas y zonas escolares.
Rodarte Hernández añadió que ceder plazas estatales implicaría afectar la capacidad de operación de la educación pública estatal, pues el gobierno perdería parte de su propia planta laboral y con ello su margen de planeación y respuesta frente a necesidades locales.
Dijo que el programa no garantiza equivalencias entre las prestaciones estatales y federales, por lo que podría afectar ingresos reales, estímulos, compatibilidad de plazas y años de servicio computables.
El secretario general señaló además que el programa responde a las necesidades financieras del gobierno estatal, no a las del magisterio: “la intención real es trasladar la presión presupuestal del estado a la federación”, afirmó, asegurando que las autoridades buscan resolver un déficit utilizando las plazas docentes.
También cuestionó la falta de mecanismos de transparencia, vigilancia y acompañamiento jurídico, pues los lineamientos no contemplan asesoría legal para los trabajadores ni auditorías independientes.
