En el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, conmemorado cada 19 de noviembre, resulta indispensable visibilizar una realidad dolorosa: miles de niñas y niños enfrentan violencias que dejan huellas profundas y permanentes. Protegerles no debe ser un esfuerzo aislado, sino un compromiso colectivo y constante, sobre todo ante cifras que evidencian que estas agresiones persisten justamente en los lugares donde deberían sentirse seguros: sus hogares, sus escuelas y sus comunidades.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) reiteró que la protección de niñas, niños y adolescentes debe asumirse como una responsabilidad compartida y permanente. La institución advirtió que la violencia sexual contra personas menores de edad provoca secuelas físicas, emocionales y sociales de alta gravedad, cuyas repercusiones pueden extenderse durante toda la vida y afectar también a las familias y comunidades de las víctimas.
De acuerdo con UNHCR-ACNUR: La agencia de la ONU para los refugiados, la explotación sexual consiste en aprovechar la posición de poder, la confianza o la vulnerabilidad de una persona para obtener favores sexuales, con o sin intercambio de dinero o beneficios. El tráfico de personas y la prostitución son formas concretas de esta explotación. Por otro lado, el abuso sexual comprende toda intrusión física de carácter sexual ejercida mediante fuerza, coerción o condiciones de desigualdad; en esta categoría se incluyen la esclavitud sexual, la pornografía infantil y diversas formas de agresión sexual.
El acoso u hostigamiento sexual, por su parte, abarca conductas de naturaleza sexual que resultan ofensivas o humillantes para la víctima, ya sea por constituir un patrón o por manifestarse en un incidente aislado.
El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) presentó en junio de 2023 un diagnóstico detallado por zonas sobre los tipos de violencia que afectan a las infancias en Zacatecas. En la Región Centro, que concentraba el mayor número de reportes con 5,569 casos en total, la violencia sexual representó el 11.60% de los hechos registrados contra menores.
La Región Centro Sur registró 180 casos en total, y en esta zona la violencia sexual tuvo una de las presencias más elevadas del estado, con 21.35% de los reportes. En la Región Suroeste, donde se contabilizaron 76 casos, la violencia sexual representó 16.98% de los incidentes.
Por su parte, en la Región Oeste, con 380 casos en total, la violencia sexual correspondió al 10.34% de los reportes. Aunque su proporción fue menor que en otras regiones, sigue siendo una forma constante de violencia. La Región Noroeste, que registró 258 casos, presentó un porcentaje de 18.05% de violencia sexual.
En la Región Norte, donde el total de casos fue de 60, la violencia sexual representó 16.25% de los hechos reportados. En la Región Sureste, con 433 casos en total, registró 14.17% de violencia sexual. Finalmente, la Región Sur acumuló 329 casos, y presentó uno de los niveles más altos de violencia sexual en el estado, con 21.15% del total.
En todas las zonas analizadas, el entorno familiar se mantuvo como el principal espacio donde se cometió esta violencia, con porcentajes que van del 67 al 91 por ciento. El análisis reveló también que los agresores son, en la mayoría de los casos, hombres adultos con vínculo directo con la víctima. El padre biológico encabezó las cifras, seguido por padrastros, tíos, primos, hermanos y, en algunos casos, profesores.
Inlcuso, recientemente, el diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sustentada en datos que califican el abuso sexual infantil como una de las violaciones más graves a los derechos humanos. En su exposición de motivos, el legislador destacó que la violencia sexual en la infancia provoca depresión, ansiedad, estrés, sentimientos de culpa, dificultades de socialización y comportamientos autodestructivos, y advirtió que niñas y niños que no reciben atención integral pueden reproducir conductas abusivas en la adultez.
El diputado retomó información de Aldeas Infantiles SOS y de la UNAM para subrayar que México enfrenta niveles críticos de abuso sexual infantil. “En México, la magnitud de este problema ha quedado evidenciada por datos recientes: tan solo en 2023, los hospitales del país atendieron a 9,802 menores de 1 a 17 años por violencia sexual, cifra que duplica el promedio anual observado desde 2010 Estas estadísticas reflejan un incremento alarmante (un 1,139% más casos que en 2010) y ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer el marco legal para la prevención, sanción y erradicación del abuso sexual infantil. Desde una perspectiva de género, los datos muestran que la violencia sexual infantil afecta desproporcionadamente a las niñas. En 2023, 92.3% de las víctimas de entre 1 y 17 años fueron de sexo femenino, mientras que los niños representaron el 7.7%”
La iniciativa propone modificar el artículo 261 del Código Penal Federal para establecer prisión preventiva oficiosa a toda persona imputada por abuso sexual infantil. Asimismo, plantea adicionar el artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de modo que todas las instituciones educativas, deportivas, culturales, recreativas, de salud y de asistencia social soliciten de manera obligatoria y periódica constancias de no antecedentes penales por delitos sexuales antes de contratar personal.
La magnitud del abuso sexual infantil en Zacatecas evidencia una realidad que exige atención inmediata y sostenida. Las cifras muestran que esta violencia ocurre, con demasiada frecuencia, en los entornos que deberían ser espacios de resguardo, y sus efectos pueden acompañar a las víctimas durante toda su vida. Ante ello, la protección de niñas y niños no puede depender únicamente de reformas legales o acciones institucionales; requiere vigilancia comunitaria, sensibilidad familiar y un compromiso ético permanente. Reconocer y enfrentar esta problemática es el primer paso para construir entornos donde la infancia pueda desarrollarse con seguridad, respeto y dignidad.
