Por tercer año consecutivo, el Gobierno de México y el sector privado firmaron la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), acuerdo que fija durante 2026 el precio de 24 productos esenciales con el objetivo de que el costo total de la canasta básica no supere los 910 pesos.
La medida, impulsada por la administración federal en coordinación con productores y empresas, busca contener las presiones inflacionarias y proteger el poder adquisitivo de los hogares, particularmente aquellos que dependen de salarios mínimos.
De acuerdo con especialistas consultados, aunque el pacto representa un alivio para millones de familias mexicanas, también implica desafíos para el mercado, los productores y la sostenibilidad de la política en el mediano y largo plazo.
Para José Luis Guardado Pérez, docente-investigador de la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y especialista en Política Monetaria, mantener el precio de la canasta básica representa un apoyo importante para los sectores más vulnerables.
“El impacto principal es que se cuida el poder de compra de las familias que dependen de los salarios, sobre todo de las familias con salario mínimo”, afirmó. Desde su perspectiva, la medida opera como un amortiguador en un contexto económico que aún resiente los efectos de la inflación acumulada de los últimos años.
No obstante, el economista enfatiza que el beneficio real tiene límites claros, pues los precios controlados aplican exclusivamente a una lista específica de productos. “La canasta básica está restringida a los productos que incluye esa canasta; difícilmente podemos pensar que otros productos, aunque sean similares, mantengan precios bajos. Muchas familias no necesariamente consumen las marcas o calidades incluidas en ese paquete”, explicó.
Esta brecha podría reducir el alcance del programa para una parte de la población que, por hábitos, disponibilidad o preferencias, termina adquiriendo productos no contemplados por el Pacic.
Guardado Pérez considera que la fijación de precios sí puede contribuir al control de la inflación general. “Tener la canasta básica con un precio bajo es un gancho para que otros precios no se disparen… contribuye a que la inflación tienda hacia la meta del 3 por ciento más/menos un punto porcentual”, señaló.
No obstante, subrayó que uno de los riesgos más importantes es la posibilidad de desabasto si los proveedores consideran que los precios fijados afectan sus costos. “Lo fundamental es que los proveedores no se vean afectados por esos precios controlados y no dejen de surtir los productos”, advirtió. Enfatizó que el equilibrio dependerá del acuerdo entre el Gobierno y las empresas, que deberán garantizar que la disponibilidad no se comprometa.
Por su parte, Laura Liliana Villa Vázquez, doctora en Administración Pública y docente-investigadora, coincide en que la política busca proteger a las familias frente al aumento de precios, pero señala impactos diferenciados en la estructura productiva.
“La renovación del Pacic pretende preservar el poder adquisitivo de las familias mexicanas y coadyuvar al control inflacionario”, explicó. Sin embargo, advierte que mantener los precios por debajo de ciertos niveles implica costos directos para productores y empresas de autoservicio.
“Mantener los precios de la canasta básica obliga tanto a productores como a empresas a sacrificar márgenes de ganancia; incluso pueden generarse distorsiones en el mercado al mantener los precios por debajo de los costos”, apuntó. Esta presión puede ser absorbida por grandes corporativos, agregó, pero no por pequeños productores ni comerciantes de menor escala, quienes quedan “al margen del acuerdo” y sin capacidad de compensar pérdidas mediante otros productos.
En este sentido, la académica sostiene que el impacto del Pacic no es homogéneo y podría agudizar desigualdades entre actores económicos.
Aunque la canasta básica alimentaria es un componente central de la inflación, no es el único factor que presiona los ingresos familiares. Villa Vázquez advierte que los beneficios del Pacic podrían diluirse debido a los incrementos en la llamada canasta no alimentaria, compuesta por servicios y bienes indispensables como transporte, educación, comunicación, energía o ropa.
“Se pretende inhibir el incremento de precios en los productos esenciales, pero no así en otros que generan presión importante sobre los ingresos familiares”, precisó. Así, incluso si el costo de los alimentos se mantiene estable, las familias podrían seguir resintiendo el encarecimiento de otros bienes y servicios.
Tanto Guardado Pérez como Villa Vázquez coinciden en que el acuerdo podría ser sostenible durante 2026, pero difícilmente podrá mantenerse sin ajustes o sin políticas complementarias en el largo plazo.
Para Guardado, la sostenibilidad dependerá del comportamiento de la inflación y del compromiso de los actores involucrados. “Cuando menos en la primera mitad del año, sí va a ser sostenible… siempre y cuando la inflación no se dispare y los precios estables se logren”, dijo. Enfatizó que el monitoreo constante será clave, pues un aumento fuera de control podría dejar sin efecto el pacto.
Villa Vázquez, en cambio, adopta una postura más crítica: “La congelación de precios responde a un esquema temporal… no ataca los problemas estructurales que generan presión hacia la escalada inflacionaria”. Añade que el acuerdo es voluntario y carece de sanciones en caso de incumplimiento, lo que abre la puerta a que las empresas decidan retirarse en cualquier momento si consideran que sus márgenes son insostenibles.
Ambos especialistas coinciden en que el principal beneficiario del Pacic es la población con menores ingresos. Si la medida logra mantener estables los precios y se acompaña de incrementos salariales adecuados, podría representar un alivio significativo.
“Un buen aumento de salarios combinado con una canasta básica controlada beneficiará a las familias de menores ingresos”, puntualizó Guardado Pérez.
Sin embargo, los analistas advierten que el éxito del programa dependerá de otros factores macroeconómicos: inflación, costos de producción, logística, competencia y compromisos empresariales.
