El fiscal de Justicia del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó los avances en la investigación sobre las denuncias presentadas por padres de familia de alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 1, quienes señalaron a estudiantes del mismo plantel por presuntos actos que afectaron la integridad de sus hijas.
De acuerdo con el fiscal, el pasado 7 de noviembre se inició la investigación derivada de una denuncia colectiva. Hasta el momento, se han recepcionado 46 denuncias por parte de padres y madres de familia que aseguran que sus hijas fueron agraviadas.
Explicó que, como parte de las diligencias, se detectó la posible existencia de una página o enlace en internet relacionado con el caso, aunque hasta la fecha no se ha localizado ni se ha obtenido material gráfico o audiovisual que confirme su operación. “No ha sido posible localizarla dentro de este medio cibernético, tampoco se ha recabado alguna imagen o video”, puntualizó.
Ante esta situación, la unidad de análisis cibernético inició un rastreo digital y solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, por medio de su área especializada en delitos informáticos.
El fiscal detalló que existe un señalamiento directo contra un adolescente de 14 años, y subrayó que el sistema penal mexicano establece procedimientos específicos para personas menores de edad. “Se sigue una investigación de manera oficiosa por un delito en contra de la intimidad sexual. En caso de acreditarse, más que llevarlo ante un tribunal, se priorizará su reintegración a la sociedad”, expresó.
Respecto a la situación del plantel, mencionó que la Secretaría de Educación, junto con el sindicato y los padres de familia, acordaron de manera consensuada separar temporalmente al director y a los trabajadores sociales, sin que ello represente una sanción formal. “Se hizo para evitar un conflicto mayor entre padres, estudiantes y docentes”, precisó.
Asimismo, advirtió que podría iniciarse una investigación administrativa o penal si se comprueba alguna omisión o encubrimiento. Ante versiones de que el director y personal de la escuela borraron evidencias en video, señaló que este aspecto también será revisado. “Todo en la red deja un rastro; es imposible borrar completamente. De acreditarse, habrá responsabilidades administrativas o penales”, aseguró.
El fiscal informó que en lo que va del año se han abierto 137 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual, logrando 51 vinculaciones a proceso y 26 sentencias condenatorias, incluso en casos donde se ha detectado uso indebido de inteligencia artificial. “El uso irresponsable de esta tecnología depende del factor humano; estamos analizando si se trata de IA o de alguna aplicación”, comentó.
Sobre delitos contra las mujeres, el funcionario indicó que más de 1,740 carpetas de investigación han sido judicializadas, principalmente por violencia familiar, y reiteró que la mayoría de las víctimas son mujeres.
En otro tema, informó que la Fiscalía General de Justicia ya investiga dos denuncias presentadas en perjuicio del alcalde de Tepechitlán, derivadas de presuntas amenazas y lesiones cometidas por un funcionario municipal.
Fue hace ya varias semanas cuando se presentaron las denuncias, una por amenazas y otra por lesiones, explicó el fiscal. Detalló que la semana pasada se llevó a cabo una audiencia con control judicial, en la que se ratificaron las medidas de protección a favor del presidente municipal.
El funcionario subrayó que esta situación se originó antes de la agresión registrada el viernes pasado. “Incluso antes del ataque, ya habíamos solicitado medidas de protección; se fijó la audiencia desde el lunes de la semana pasada”, señaló. Añadió que se trata de un conflicto interno dentro de la administración pública municipal, aunque recalcó que “ninguna persona puede hacer justicia por su propia mano”.
El fiscal consideró que el caso es “un tema muy sensible”, e insistió en que el alcalde actualmente cuenta con medidas de protección vigentes y que la carpeta de investigación está próxima a judicializarse.
Respecto a las medidas cautelares, explicó que, una vez judicializado el caso, será el juez quien determine las sanciones correspondientes. “Ya hay medidas de protección en favor del denunciante, y cuando se judicialice, el juzgador impondrá las medidas cautelares contra los imputados”, precisó.
El fiscal afirmó que la investigación “ya está avanzada” y confió en que en los próximos meses se pueda ofrecer una respuesta pronta y contundente. En tanto, la Fiscalía, la Policía Municipal y las corporaciones federales están obligadas a garantizar la seguridad del alcalde cuando éste lo solicite.
Sobre el nivel de riesgo, confirmó que las amenazas ya escalaron a agresiones físicas, tanto dentro como fuera de la presidencia municipal. “Ya llegaron los golpes. Es un tema que está avanzando, pero no podemos permitir este tipo de conductas”, enfatizó.
Finalmente, el fiscal fue cuestionado sobre los bloqueos registrados la mañana de este miércoles en el bulevar de la capital. Señaló que no se han recibido denuncias por esas afectaciones, aunque sí existen carpetas de investigación por otros hechos relacionados con bloqueos de casetas de peaje, considerados delitos de ataques a las vías de comunicación.
“Eso puede implicar incluso competencia federal, porque estamos hablando de carreteras federales”, aclaró. Concluyó que las investigaciones siguen su curso y que las responsabilidades derivadas pueden ser administrativas o incluso de carácter penal, dependiendo del desarrollo del proceso judicial.
